EscucharUna exfuncionaria de la Dirección de Migración y Extranjería, identificada como Ileabeth Eras Vargas, irá a juicio por permitir que una mamá sacara a su hijo del país en el 2013, sin tener el permiso del padre.
La madre se llevó al menor, de 7 años, a Venezuela, que es el país natal de ella. Desde entonces, no han regresado a Costa Rica y, por eso, el padre, Rodrigo Orlich Soley, busca la restitución de su único hijo.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que, el 15 de abril, el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea elevó el caso a juicio. Aún no se ha señalado fecha para el debate.
A la mujer se le achaca el delito de incumplimiento de deberes, el cual es castigado con una pena de inhabilitación para la función pública de entre uno y cuatro años, según establece el Código Penal.
La acusación del Ministerio Público detalla que los hechos ocurrieron el 23 de junio del 2013 cuando la madre llevó al menor al puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Guanacaste.
Añade que Eras, en un “franco incumplimiento de sus deberes”, omitió verificar en el sistema si el niño podía salir.
Por tratarse de un menor, ambos padres deben autorizar su viaje. En este caso, Orlich había revocado el permiso de salida del pequeño desde agosto del 2012, por lo que, según la Fiscalía, si la funcionaria hubiese hecho la verificación, habría impedido el viaje.
“Su deber era constatar que el menor contara con el permiso activo, lo cual iba a detectar al desplegar el pasaporte (del niño) por el lector del sistema. De forma inmediata, este le envía la alerta de color rojo para que revise el permiso de salida del país. Al abrir la alerta, el sistema le informaba que se encontraba revocado y, por ende, su obligación era denegar la salida del menor”, acusó la Fiscalía.
Por estos hechos, la Dirección de Migración y Extranjería despidió a a la funcionaria, según se lee en una carta firmada por el jefe de ese puesto fronterizo, Édgar Aguirre.
Se intentó contactar a Eras, pero no respondió las llamadas a los números telefónicos registrados a su nombre.
Además, la madre del niño está siendo investigada por el delito de sustracción de menor.
Un caso similar a este ocurrió el 19 de diciembre del 2014, cuando una mamá sacó del país a su hija de 9 años, y se la llevó para Portugal. En este caso, Migración alegó una falla en el sistema que facilitó la salida de ambas.
En una entrevista en noviembre anterior, Katthya Rodríguez, directora de esa entidad, aseguró que, a mediados del 2015, se abrió una investigación para determinar “lo más pronto posible” si hubo un error tecnológico o humano. Pero, casi un año después de que se comenzó el proceso, este sigue sin respuesta.
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Rodrigo Orlich Soley busca la restitución de su único hijo. (Jeffrey Zamora R)
Problemas. El padre afectado, quien es dueño de un restaurante, comentó a La Nación que el “martirio” comenzó en agosto del 2012, cuando su expareja le interpuso una demanda por violencia doméstica y luego otra para reclamar pensión alimentaria.
“Ella dijo en el Juzgado que yo era adicto. ¿Adicto a qué? Nunca se me hicieron pruebas; solo me alejaron de mi hijo, ya que desde ese mes no lo volví a ver”, lamentó el padre, quien había conciliado con su expareja para pagar una pensión de $1.800 mensuales (unos ¢981.000).
Según contó, unos días después fue a Migración para revocar el permiso de salida del país de su hijo. “Como mi esposa es venezolana, temía que se pudiera llevar al niño sin mi consentimiento”, expresó.
La pareja estaba en medio del proceso de divorcio cuando, en junio del 2013, la mujer salió con el pequeño, pero Orlich se enteró seis semanas después. “Por la denuncia, yo no podía acercarme a la casa; así que fue un vecino el que me alertó”, recordó.
En ese momento, padre denunció a su expareja por el delito de sustracción de menor. La Fiscalía de Goicoechea informó de que la causa se tramita bajo el expediente 13-003397-175-PE.
“La investigación está en la etapa preparatoria (de recolección y análisis de pruebas). Específicamente, se está tratando de verificar, por medio de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público de Costa Rica, el paradero de la encartada.
”Las coordinaciones respectivas se han realizado con la Interpol (Policía Internacional) de Venezuela, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta”, señaló la Fiscalía.
‘Responsable’ Además de acudir a la Fiscalía, en agosto del 2013, el padre y su abogado, Arcelio Hernández, pidieron explicaciones a Migración.
Al día siguiente, Édgar Aguirre, jefe de la oficina de Peñas Blancas, le respondió la carta y le explicó que se había conversado con la funcionaria, quien confirmó que el niño iba con su madre.
Aguirre reconoció que, pese a que la oficial solicitó los pasaportes, “no se percata de que el permiso se encuentra revocado”.
El jefe de oficina le aseguró a Orlich que se tomarían “las medidas correctivas y disciplinarias del caso para que esta situación no se vuelva a presentar”.
Casi un año después, el 2 de junio del 2014, Aguirre le envió otra carta a Orlich, en la cual le comunicó que, tras enviar un informe a la Sección de Inspección Policial del Ministerio de Gobernación y Policía sobre los hechos, se investigó, se realizó una audiencia y se tomó la decisión de despedir a Eras.
Con esa información, el padre acudió nuevamente a la Fiscalía, esta vez, para denunciar a la empleada de Migración.
Pese a que existen estos procesos, y a que el padre tiene casi tres años de no ver a su hijo, Orlich sigue obligado a pagarle la pensión alimentaria.
“He ido al Juzgado (de Pensiones) muchas veces para explicar la situación y pedir que me la quiten, pero dicen que no pueden”, apuntó.
Por ello, según confesó, dejó de depositar el dinero a su excompañera ocho meses después de que ella y el niño salieron.
Él aseguró que, todavía en este momento, esa obligación alimentaria le impide, por ejemplo, viajar a Venezuela para buscar a su hijo. “No puedo ir a buscarlo porque para eso tendría que hacer un pago de unos $24.000 y tampoco se puede”, lamentó.
Vía administrativa. Orlich reconoció que ignoraba que debía solicitar la restitución de su hijo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por lo que hizo esa gestión hasta tres meses después de que su hijo partió.
Según la Asesoría Jurídica del Patronato, el padre solicitó la aplicación del Convenio de Restitución Internacional el 1°. de octubre del 2013.
“De inmediato , se presentó la solicitud ante la Autoridad Central de Venezuela. Primero se hizo por correo y el 8 de octubre se envió un expediente físico”, explicó el departamento.
En febrero del 2014, el PANI obtuvo respuesta de su homólogo venezolano, el cual le indicó que no localizó a la madre ni al niño y le pidió más información.
La entidad costarricense aseguró que, desde ese momento y hasta febrero pasado, ha estado solicitando información sobre el avance de la solicitud. El 25 de febrero del 2016, la Autoridad Central de Venezuela contestó que daba trámite a la demanda.
El padre aseguró que ya perdió las esperanzas de reunirse de nuevo con su hijo.
“Ya yo lo di por perdido. Siento que no lo voy a volver a ver y me duele, claro, porque es mi único hijo. Espero que, en el futuro, él me busque o que nos reencontremos de alguna forma.
”Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar abandonado el proceso porque tengo que sentar precedentes. No puedo permitir que esto le pase a otro hombre o a otra mujer”, aseveró.
