Carlos Láscarez S..   19 enero

El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó que se le quitaran ¢35 millones y dos propiedades, situadas en San José, a cuatro personas, quienes no pudieron justificar que los bienes y el dinero se obtuvieron de forma lícita.

Se trata de bienes que estaban en poder de tres hombres de apellidos Mejía Hernández, Castro Solano y Arce Acuña, así como una mujer de apellidos Durán Zúñiga, informó la tarde de este viernes la oficina de prensa del Ministerio Público.

La solicitud había sido planteada por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales.

En el caso de Durán, se le decomisaron ¢6.781.989 que estaban en dos cuentas bancarias de entidades financieras del Estado.

En la vivienda de Arce y Durán, quienes son pareja, las autoridades ubicaron ¢14.421.900 y $1.173 (¢669.000) en efectivo. Además, se procedió a ordenar la pérdida a favor del Estado de esa casa y otra propiedad, aunque un comunicado de la Fiscalía no precisa dónde están localizadas.

También a Mejía, Arce y Castro se les decomisaron $23.770 (¢13,5 millones) y ¢263.000 en efectivo.

A las cuatro personas se les había investigado por el delito de legitimación de capitales, por lo que fueron sentenciados el miércoles 10 de enero anterior bajo la sumaria 13-000753-1028-CA.

La figura legal conocida como capitales emergentes está contemplada en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene como objetivo perseguir el patrimonio obtenido sin causa lícita aparente.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) le había decomisado el 4 de julio del 2011 a Arce, Castro y Mejía un total de $23.770 que ocultaban debajo de un cobertor plástico situado a un lado de la palanca de cambios de un automóvil Chevrolet.

La detención ocurrió cerca de la aduana costarricense en Paso Canoas, minutos después de que habían evadido un retén policial en Panamá. Además del dinero, en esa ocasión la Policía logró el decomiso de una pistola de calibre 45 con 20 proyectiles y dos cargadores.

Otro caso. El 9 de julio del 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitió una sentencia en la cual se ordenó en favor del Estado la suma de ¢481 millones a un vecino de Hatillo que se dedicaba a la venta de tiempos clandestinos.

El expediente había ingresado a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, pero pese a la investigación realizada, no fue posible establecer el origen del dinero, el cual permanecía en dos cuentas bancarias.

Ante dicha dificultad probatoria, la Fiscalía remitió el caso a la vía contenciosa administrativa, por medio de capitales emergentes.