Gustavo Fallas M.. 28 agosto, 2017
La Corte Plena inició la discusión para hacer cambios en el sistema judicial que permitan disminuir gastos.
La Corte Plena inició la discusión para hacer cambios en el sistema judicial que permitan disminuir gastos.

Dos magistradas buscan revertir el acuerdo que aprobó la Corte Plena para que no se vuelvan a contratar sustitutos para aquellos funcionarios becados por un año en la Universidad Nacional (UNA), quienes deberán ir a clases en horas de la noche y trabajar durante el día.

Se trata de Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda, y Carmenmaría Escoto, de la Primera, quienes pidieron a sus compañeros reconsiderar el acuerdo tomado el pasado 21 de agosto de forma unánime.

Esa situación llevó a una discusión en la sesión de Corte de este lunes, pues varios de los magistrados consideran que ya es un tema que fue aprobado y no debe entrar de nuevo en valoración.

La magistrada Varela alegó que estas becas pemiten un crecimiento profesional para los empleados judiciales, por esa razón propuso que, de las 20 becas que se otorgan por año, se den la mitad para bajar gastos, pero que se siga manteniendo el mismo método usado hasta ahora.

La maestría que llevan jueces, fiscales y defensores es para especializarse en materias como Derecho Civil, Agrario o de Familia. Por año, este convenio con la Universidad le genera un gasto al Poder Judicial de ¢1.315 millones entre salarios de los becados y quienes los reemplazan durante 12 meses.

"¿Es viable que una persona de Guanacaste, Puntarenas o zona sur venga a hacer las capacitaciones en la noche en la UNA? Es claro que no, eso no va a poder hacerse (...). El efecto de ese acuerdo es eliminar las becas de la UNA, por eso pido que se reconsidere el acuerdo y se haga un esfuerzo en ese sentido y no eliminamos el programa como tal", manifestó Varela.

Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda, propuso reducir el número de becados, pero mantener el programa como estaba.
Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda, propuso reducir el número de becados, pero mantener el programa como estaba.

Misma posición maneja Escoto, quien dijo que ella tuvo la oportunidad de formar parte de ese programa de becas con la Universidad.

"Las personas que viven lejanas del centro no podrían asistir. Esto causa una situación de que luego las personas no quieren irse lejos de San José, porque no pueden estudiar, no pueden obtener puntos. Esto afecta una carrrera judicial donde muchos pudimos estudiar gracias a que se nos nombraron suplentes y ascendimos", argumentó Escoto.

Ante los cuestionameientos de las magistradas, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, indicó que no se está cerrando la maestría, sino que simplemente se está pasando a un horario diferente, como se ha hecho con la Universidad de Costa Rica (UCR) o universidades privadas.

"Tengo 20 años de dar un doctorado en Derecho y las clases son después de las 6 p. m. Yo no veo cuál es la situación diferente que hay con la UNA si es del caso. Se están dando recursos que interrumpen el buen desenvolvimiento financiero, no solo del Poder Judicial, sino del país, son ¢1.315 millones y no se justifica tener a estas alturas esos gastos", expresó el jerarca de la Corte.

En contra

Otro de los magistrados que se expresó en contra de lo expuesto por las magistradas que defienden el modelo de estudios fue el magistrado Celso Gamboa, de la Sala Tercera, quien arguyó que ya hay un acuerdo en firme y no puede ser objeto de discusión.

"Yo vengo de una universidad privada y estoy orgulloso de hacerlo; tengo tres maestrías que me pagué solo y no tuve personal sustituto que hiciera mi trabajo. Se pueden hacer acuerdos con universidades privadas en zona sur o Guanacaste si es del caso", enfatizó Gamboa.

La magistrada Carmenmaría Escoto pidió a los magistrados reconsiderar el acuerdo tomado en Corte Plena.
La magistrada Carmenmaría Escoto pidió a los magistrados reconsiderar el acuerdo tomado en Corte Plena.

Por su parte, el magistrado constitucional, Luis Fernando Salazar, les dijo a los demás miembros de la Corte que mal harían en dar marcha atrás con un acuerdo que se dio ocho días antes.

"Creo que estaríamos mandando un mal mensaje, si ocho días después la Corte revierte un acuerdo declarado en firme por unanimidad. Nosotros desearíamos dar más becas y comparto lo dicho por las magistradas, yo soy un beneficiario de esas becas, pero estamos en otros tiempos", puntualizó.

Al final de la discusión, el presidente de la Corte ordenó consultar al departamento jurídico si se puede hacer una reconsideración de un tema ya aprobado, por lo que en la próxima sesión se comunicará la respuesta.

El acuerdo aprobado establece que el cambio en las becas empezará a regir a partir de marzo del 2018, mes en que terminan la maestría quienes la empezaron en este 2017.