Un defensor público fue condenado a 17 años de cárcel por violar a su esposa, agredirla con una botella de vidrio y ofenderla.
El sujeto, quien fue identificado como Giovanni Cabezas Zeledón, trabajó durante nueve años en el Poder Judicial y entre los puestos que ocupó se encuentra uno en la Defensa Pública, según confirmó la oficina de prensa de esa institución.
A él se le atribuyeron, durante el juicio, los delitos de violación, maltrato, ofensas a la dignidad y restricción a la autodeterminación en perjuicio de su compañera sentimental, los cuales cometió desde el 2009. Por ello, el Tribunal Penal de Heredia lo sentenció a prisión a mediados de diciembre del año anterior.
En paralelo a este proceso penal, el Tribunal de Inspección Judicial abrió un proceso interno en su contra, el cual “fue suspendido mediante resolución de las 10:09 a. m. del 2 de marzo de 2018 y que se mantiene a la espera de que adquiera firmeza la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Heredia”, indica un correo enviado por el Poder Judicial.
Lo ocurrido
Según informó la Fiscalía de San Joaquín de Flores, los hechos ocurrieron a partir del 2009 en Belén de Heredia, cuando la ofendida y el imputado vivían juntos.
Entre junio y julio de ese año, ellos discutieron y tras esa situación, Cabezas violó a la víctima.
Luego, en el 2015, el condenado estaba bajo los efectos del alcohol, lo cual provocó que él agrediera a la mujer con un vidrio.
Meses después, él habría ofendido de palabra a su compañera en dos ocasiones.
Para el 24 de diciembre del 2016, la Fiscalía tiene por cierto la comisión de otro delito. Según dijeron, el imputado aprovechó que se encontraban a solas en un carro y la tomó con fuerza del brazo. “Dado que ella le indicó que si no la soltaba iba a gritar, Cabezas la dejó y se fue”, indica el boletín del Ministerio Público.
Ese cúmulo de situaciones provocaron que la mujer decidiera divorciarse de él y pedirle la pensión alimentaria para sus hijos. Sin embargo, esas acciones provocaron que el sujeto se comunicara con la mujer y le exigiera frenar el proceso.
“La Fiscalía comprobó que el hombre se comunicó con la mujer y le indicó que, si seguía con ese trámite, él le iba a quitar a sus hijos y se los llevaría a otro país; estos hechos constituyen el delito de restricción a la autodeterminación”, señaló el ente acusador en un comunicado.
Mientras la sentencia queda en firme, el imputado permanecerá seis meses en prisión preventiva.
