La Defensa Pública se quejó por una serie de allanamientos realizados los sábados en el cantón de Turrialba, en Cartago.
Por esa razón, externó al Consejo Superior del Poder Judicial una consulta para que indique si las autoridades judiciales tienen aval para realizar esas diligencias en jornada extraordinaria.
Así consta en las actas de la sesión del Consejo Superior del pasado 9 de agosto.
La gestión fue efectuada por la coordinadora de la Defensa de esa localidad, Rangheld María Batres, con visto bueno de Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa en el ámbito nacional.
En la misiva enviada al Consejo, Batres indicó que los operativos los fines de semana se han convertido “en una práctica reciente y constante” por parte del Ministerio Público de Turrialba y el Juzgado Penal.
Alegatos. La Defensa argumentó que los allanamientos en fines de semana generan el pago de horas extras en momentos en que el Poder Judicial impulsa políticas de austeridad.
“Para la realización de dichos allanamientos los días sábados se moviliza una cantidad de personal del Organismo de Investigación Judicial, de la Fiscalía, el Juez Penal y o Jueces Contravencionales en función de Juez Penal, o bien, en colaboración, ya que, en algunas oportunidades, es más de un lugar el que se decide allanar, además, del Defensor o defensores, en virtud también de lo anterior; dicho personal no sería necesario movilizarlo gran cantidad de horas si estos allanamientos de procesos ordinarios se realizaran en la jornada laboral ordinaria tal y como corresponde”, indicó Batres en la misiva.
Asimismo, también aseveró que “se ve afectado el debido descanso de la jornada laboral semanal”, pues, en ocasiones, entran a las 4 a. m. y salen a las 5 p. m. en esos sábados.
La Defensa Pública trabaja los fines de semana para atender indagatorias de personas detenidas y audiencias sobre la imposición de medidas cautelares, entre otras diligencias.
Justificación. Por su parte, Karla Porras, jueza del Juzgado Penal de Turrialba, y quien ha ordenado los allanamientos, respondió al Consejo que solamente se han realizado tres allanamientos los fines de semana durante este año. El primero se desplegó el 19 de marzo, el segundo el 30 de abril y, el último fue el 9 de julio. Todos los casos estaban relacionados con indagaciones por comercio de drogas.
En el primero se ordenó la captura un sábado porque el sujeto iba a ser desalojado de la vivienda ese día. El segundo, porque había información de que solo ese día vendía droga y, el último, porque ya se había escapado en dos ocasiones, detalló Porras.
“Ahora bien, si es disposición del Consejo Superior que, por motivos de la políticas de austeridad, no se practiquen diligencias los fines de semana, la suscrita respetuosamente procederá a atender esta disposición”, le manifestó la jueza al Consejo.
Un criterio similar dio Adrián Coto, fiscal adjunto de Turrialba, quien respondió que no es una práctica “reciente y constante”, como lo indicó Batres.
“Ningún caso fue de manera antojadiza, ni mucho menos pensar que se llevaron a cabo por el hecho de beneficiarnos con las horas extra, como lo quiere hacer ver la licenciada Batres en su consulta”, enfatizó Coto.
Sobre la queja por falta de descanso, el fiscal expresó lo siguiente: “Coincido que todos los funcionarios judiciales debemos tener el debido descanso sábados y domingos, pero también, no hay que perder de vista que desde que ingresamos a laborar como jueces, fiscales, defensores y policías judiciales, asumimos un compromiso y entendimos que nos debemos al servicio público (...)”.
Luego de analizar los alegatos de cada una de las partes, el Consejo Superior acordó que los allanamientos los fines de semana se pueden hacer en casos de urgencia y de manera restrictiva.