Carlos Arguedas C.. 19 febrero
Contra Paola Mor, siguen vigentes otras restricciones como tener que firmar una vez al mes y no tener contacto con testigos en la causa. Estas medidas rigen desde el 17 de febrero por un lapso de cuatro meses. Foto Marcela Bertozzi
Contra Paola Mor, siguen vigentes otras restricciones como tener que firmar una vez al mes y no tener contacto con testigos en la causa. Estas medidas rigen desde el 17 de febrero por un lapso de cuatro meses. Foto Marcela Bertozzi

La expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora Tumminelli, logró que le levantaran la prohibición para salir del país, medida cautelar que se le había impuesto desde el 18 de agosto del 2018, como imputada en el caso del cemento chino.

La decisión la comunicó el lunes el Juzgado Penal de Hacienda, a cargo de la jueza Karol Castro Fallas, luego de que el viernes anterior se realizó una audiencia para analizar el cambio o continuación de las medidas cautelares.

Según lo dispuesto por la jueza, a partir de ahora, cuando Mora Tumminelli quiera salir del territorio costarricense deberá previamente comunicar a ese despacho judicial hacia qué lugar se dirige, cuándo saldrá y cuándo regresará.

Contra la expresidenta bancaria siguen vigentes otras restricciones como tener que firmar una vez al mes y no tener contacto con testigos en la causa. Estas medidas rigen desde el 17 de febrero y es por un lapso de cuatro meses.

Paola Mora está implicada en la causa principal del denominado caso del cemento chino, que se maneja en el expediente 16-000013-0033-PE e involucra a otras siete personas.

Se trata de Juan Carlos Bolaños, presidente de la empresa Sinocem Costa Rica y Mario Barrenechea Coto, exgerente del BCR.

También están Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Gilberth Barrantes Campos, gerente Corporativo de Riesgos y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, todos del BCR.

A ellos se les investiga por el delito de peculado (sustracción o distracción de bienes públicos), que el Código Penal castiga con prisión de tres a 12 años de prisión.

La Fiscalía los señala como responsables de facilitar, presuntamente de manera irregular, que el BCR financiara con $30 millones a Bolaños, en representación de Sinocem, para importar cemento desde China. El hecho ocurrió entre el 2015 al 2017.

La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, dijo el viernes anterior que esperaba que en un plazo de unos nueve meses tener concluidas todas las investigaciones relacionadas con el cemento chino y poder plantear las acusaciones.

Apertura de teléfonos

En el caso del expediente principal, una de las diligencias pendientes es la apertura de cinco teléfonos de la marca iPhone, que permanecen decomisados. Los aparatos están bloqueados y las autoridades judiciales no han podido determinar su contenido.

Al menos uno de los celulares pertenece a Juan Carlos Bolaños y el interés de la apertura es conocer las personas a quienes llamó, cuántas veces y en qué períodos.

Por la configuración de los celulares, al parecer, solo hay en el país una empresa que usando un programa especial puede abrirlos. Sin embargo, el costo de esa contratación es bastante elevado y el Poder Judicial no cuenta con el dinero para hacer frente a ese pago.

El pasado 21 de enero, Paola Mora envió una nota a la contralora general de la República, Marta Acosta, en la cual le pide investigar el gasto en que se incurrirá en la apertura de los mencionados teléfonos. El asunto está pendiente de resolverse.