Botero que metía personas de manera ilegal al país por el río San Juan recibe beneficio penal

Un botero de nacionalidad nicaragüense, capturado cuando metía personas de manera ilegal al país por el río San Juan, fue condenado a tres años en prisión, pero quedó en libertad al recibir el beneficio de ejecución condicional de la pena.

Así lo determinó el Tribunal de Juicio de Sarapiquí, Heredia, el pasado 12 de junio, confirmaron este viernes las oficinas de prensa del Poder Judicial y de Migración y Extranjería.

El sentenciado fue identificado como Gabriel Salazar Murillo. A este hombre se le atribuyó el delito de tráfico de migrantes y en la actualidad no está detenido en ninguna prisión, confirmó el Ministerio de Justicia.

Según el artículo 249 de la Ley General de Migración y Extranjería (8764), se castiga con una pena de cuatro a ocho años “a quien conduzca o transporte a personas, para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos legales, o bien, falsos o alterados, o que no porten documentación alguna”.

En este caso es factible que Salazar se haya acogido a un proceso abreviado y obtuviera una disminución de la pena. Sin embargo, este hecho no fue posible verificarlo la tarde de este viernes.

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Historia

Gabriel Salazar fue detenido la tarde-noche del 29 de mayo, cuando oficiales de la Policía Profesional de Migración vieron la pequeña embarcación muy cerca de la margen costarricense del río San Juan, en la comunidad de Caño La Tigra, del cantón de Sarapiquí, Heredia.

La pequeña canoa era ocupada por dos personas, un hombre y una mujer y atracó en un punto en el cual no hay ningún puesto migratorio.

Policías de Migración y de la Fuerza Pública de inmediato se desplazaron hacia el sector, que es montañoso, y lograron arrestar a las dos personas y decomisar la canoa.

El dueño de la embarcación fue identificado en ese momento como de apellidos Salazar Murillo, de 32 años, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

La mujer, cuya identidad no se suministró, dijo a las autoridades que ella había pagado ¢5.000 para que el individuo la pasara de manera ilegal por el río San Juan. La pasajera viajaba con dos maletas y su intención era quedarse en territorio costarricense.