Después, los enviaban a centros penales, como el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma, en Alajuela.

Por estos hechos, la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José detuvo a cuatro personas: dos hombres, de apellidos Madrigal Quirós y López Badilla; y dos mujeres, apellidadas Quirós Corrales y Madrigal Quirós.

A ellos se les persigue por ser sospechosos de los presuntos delitos de trata de personas, violación calificada y privación de libertad agravada, confirmó el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.

Las capturas ocurrieron la tarde y noche del viernes pasado en Dulce Nombre de Coronado, luego de que allanaran una vivienda en ese sector. Sin embargo, la información fue confirmada hasta este martes 24 de setiembre.

Tras la solicitud de la Fiscalía, el sábado, el Juzgado Penal impuso tres meses de prisión preventiva a los cuatro sospechosos.

El caso se tramita bajo el expediente 19-004173-057-PE.

La Fiscalía señaló que la investigación está en su etapa inicial, por lo que, de momento, no se tiene el detalle de cuántas personas habrían reclutado, ni desde hace cuánto operaba este grupo.

Pese a que también se consultó que a cuáles prisiones llevaban a los indigentes, esta entidad indicó que no era “posible detallar al respecto, pues se trata de información privada dentro de la investigación”.

Tampoco se conoció si entre los detenidos figuraba el líder, o si aún faltan más capturas para poder desarticular la banda. “Debido a que la causa penal inició recientemente, este y otros detalles se mantienen en investigación”, respondió el Ministerio Público.

Hecho relacionado

Al respecto, el Ministerio de Justicia informó de que este asunto está ligado a la detención de tres personas que hizo la Policía Penitenciaria el 26 de agosto pasado.

En ese momento, los oficiales capturaron a dos hombres y una mujer por golpear a un sujeto que se negaba a introducir celulares a la cárcel Luis Paulino Mora, en Alajuela.

Según la cartera, el individuo estaba haciendo fila para ingresar como visitante, pero en un momento dado se retiró.

Minutos después, la persona regresó al puesto policial para solicitar ayuda, puesto que, según dijo, las personas que lo habían llevado hasta el sitio lo habían agredido porque se negó a meter los aparatos a esa prisión.

Las detenciones de la semana pasada ocurren mientras las autoridades penitenciarias luchan para evitar que los reos tengan acceso a celulares, debido a que los reclusos usan los móviles para cometer estafas millonarias o, bien, para tener contacto con el mundo exterior y mantener vigente su célula criminal.

De hecho, según el Ministerio de Justicia, hay reclusos que pagan hasta ¢800.000 por un aparato móvil.

Indigentes usados

Este no es el primer caso en el que un grupo o una persona utiliza a indigentes para fines delictivos o para explotarlos laboralmente.

En uno de los casos más recientes,Miguel Ángel Arley Acuña, conocido como Matapobres, fue condenado a 45 años de cárcel por cuatro delitos de trata de personas con fines de explotación laboral. La sentencia fue dictada en febrero pasado.

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En el debate se comprobó que el sujeto esclavizó a tres hombres y a una mujer y los obligó a realizar trabajos de construcción y labores domésticas. No les daba alimentación y los tenía amenazados.

A cambio de ese trabajo, él les ofrecía droga.

Según se juzgó, Arley reclutó a los indigentes que deambulaban por la zona roja en San José, en el 2017.

Las víctimas permanecieron en “cautiverio” por un tiempo aproximado de 26 días, hasta que una de ellas logró escapar y denunció los hechos ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).