Taxista informal lideraba banda de coyotaje que cobraba ¢350.000 diarios por traficar cubanos

Un taxista informal de 37 años, vecino de la Ciudadela 22 de Octubre de Ciudad Neily, cantón de Corredores, Puntarenas, es señalado por las autoridades como el líder de una organización que se dedicaba a trasladar cubanos de manera ilegal.

El grupo, del cual se tuvo conocimiento a finales del 2018, alcanzó un alto grado de desarrollo, pues tenía casas de alojamiento, personas que alertaban sobre retenes policiales y una compleja red de transporte desde Paso Canoas (frontera con Panamá) hasta Peñas Blancas (frontera con Nicaragua).

Este sofisticado grupo dedicado al coyotaje, se estima que trasladaba grupos de cuatro a cinco cubanos en solo 24 horas. Por cada uno de ellos, se ganaban $600 (aproximadamente ¢350.000).

Alonso Soto Chacón, subdirector de Migración y Extranjería, dijo que se trata de una organización que ha venido mutando con el tiempo y está utilizando sistemas ilegales para la movilización de los extranjeros en su sueño por llegar a Estados Unidos.

Precisamente, esta organización fue desarticulada este martes. En total se detuvo a 11 personas. El líder es de apellidos Ramos Quirós, conocido como Mago.

El brazo derecho era un individuo de apellido Carvajal Duarte, alias Flaco. Este coordinaba el alojamiento y ocultamiento en las casas y, además, el contacto con las personas encargadas del transporte en vehículos particulares.

También se arrestó a tres hombres que se desempeñaban como oficiales de Fuerza Pública, que responden a los apellidos Martínez Sánchez, Granados Lacayo y Narváez Delgado, ellos fueron aprehendidos en La Cruz de Guanacaste.

La acción de la autoridad se desarrolló en Corredores, Orotina, Puntarenas, Liberia y La Cruz.

El resto de los detenidos, según la Fiscalía, responden a los apellidos Ríos Miranda, Candanedo Castillo y Alpízar Carvajal, así como las mujeres Quirós Campos, Campos Arias y Aguilar Molina.

Dato confidencial

La investigación comenzó luego de que ingresara una información confidencial a la Policía Profesional de Migración, en la cual se informaba de que un grupo de personas, ubicado en la frontera con Panamá, se estaba dedicando a ingresar migrantes de manera irregular, en su deseo de llegar a Estados Unidos.

Se presume que el grupo delictivo inició operaciones como una alternativa para los foráneos que no quisieran someterse a los procesos migratorios.

Actualmente, Costa Rica otorga un permiso de ingreso de tránsito a los migrantes, pero les exige pasar por los procedimientos de identificación, además de que se les exige visa de su paso por Panamá.

Stephen Madden, director de la Policía Profesional de Migración, agregó que, una vez en suelo costarricense, la organización alojaba a los migrantes ilegales, conseguía todo y los trasladaba de manera interna.

“Por la ruta interna cobraba unos $600 (casi ¢350.000), mientras que por la internacional, que contemplaba el cruce de Panamá a Costa Rica y de ahí a Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, cobraban entre $1.000 y $2.000 (¢575.000 y ¢1 millón)”.

El grupo manejaba un complejo sistema de traslado. Cuando el extranjero llegaba a Paso Canoas lo alojaban en viviendas que ellos denominaban “casas de seguridad”.

Generalmente, utilizando autobuses de las rutas tradicionales, viajaban desde la zona sur hasta Orotina, en Alajuela, donde se hospedaban en una establecimiento comercial.

Luego, usando un taxi, recorrían de Orotina al cruce de Barranca en Puntarenas. Finalmente, en bus se trasladaban de Barranca hasta Liberia.

El recorrido final de Liberia a Peñas Blancas de la Cruz, lo efectuaban en carros particulares. Finalmente, pasaban a Nicaragua por pasos ilegales.

Después, utilizaba rutas previamente establecidas para llegar a México y Estados Unidos.

Stephen Madden dijo tener verificado que en el tiempo que duró la investigación el grupo trasladó a 30 víctimas y por las cuales se puede abrir un proceso penal contra los detenidos. Empero, se desconoce la cantidad de migrantes que lograron trasladar de manera ilegal.

Producto de los allanamientos se logró obtener documentación relacionada con la investigación (comprobantes de transacciones bancarias, libretas, entre otros), así como teléfonos celulares, computadoras, y aproximadamente $33.000 en efectivo, (unos ¢19 millones).