Cuando a un recluso le dictan prisión preventiva o lo condenan, la sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo traslada a celdas judiciales a la espera de que el Ministerio de Justicia lo coloque en algún centro penal del país.

Sin embargo, desde el 31 de julio del 2020, la dinámica de trabajo que se tenía en esas celdas cambió radicalmente. Pese a que la Sala Constitucional establece que el tiempo máximo para estar recluido en esos espacios es de tres días, hay personas que actualmente permanecen ahí hasta por un mes, en espera de ser admitidos por Justicia y, por ende, ser ubicados en una cárcel.

Al 4 de junio anterior, habían 204 personas en esa condición porque, pese a tener una orden de ingreso al sistema penitenciario dictada por un juez, Justicia no los recibe. Y de esa totalidad, 136 reos tienen más de 72 horas esperando ser reubicados, según datos de la Policía Judicial, facilitados a la Defensoría de los Habitantes.

Esa situación se traduce en un trato degradante ya que, en reiteradas ocasiones, Wálter Espinoza, director del OIJ, ha sido enfático al decir que esos espacios son meramente de tránsito, ya que los reclusos ahí no cuentan con luz o ventilación natural, no tienen atención médica, ni espacios recreativos, entre otras condiciones mínimas.

Pasar más tiempo ahí es violatorio de derechos humanos y podría hasta considerarse tortura.

Por ello, en un nuevo intento de visibilizar la preocupante situación que hay en las celdas judiciales, el OIJ envió un oficio a la Defensoría para intentar hacer un llamado a Justicia y así arreglar la situación, pues para este momento están colapsadas las celdas judiciales de Puntarenas, San Ramón, Heredia, Cartago y San José, de acuerdo con el comunicado de prensa enviado por la Defensoría.

Sobre esto, Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, indicó: “La crisis sanitaria que vive el país urge de acciones extraordinarias y no es de recibo que las autoridades penitenciarias permanezcan inmóviles ante el colapso de las celdas del OIJ y lo que esto implica en el resguardo de la vida e integridad física de las personas privadas de libertad”.

¿Qué ha hecho el OIJ?

Desde que esta situación comenzó, el OIJ ha hecho una serie de diligencias para mejorar la situación; no obstante, aseguraron que estas no han servido de mucho.

Entre las acciones está la presentación de 35 recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional, con las que se buscó solventar la situación de cerca de 200 personas, externó Espinoza en diciembre pasado.

Además, han mantenido conversaciones con magistrados y con la ministra de Justicia, Fiorella Salazar; sin embargo, lamentó que en lugar de mejorar, “la situación tiende a ponerse más difícil, a decrecer y a generar más violación a las garantías fundamentales”.

Sobre esto, justamente en agosto, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Solano, hizo una fuerte crítica a la inacción por parte de Salazar.

En una comunicación que mantuvo con Salazar durante ese mes, la alta jueza le indicó: “Desde inicios de agosto escucho (que) siente preocupación, pero no observo acciones de las que pueda derivar una voluntad de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Ministerio de Justicia y Paz y recibir y atender a las personas detenidas por los jueces de la República”.

Pese a los esfuerzos del OIJ por solventar la situación, esta pareciera empeorar cada vez más y por ello, es que la Policía Judicial insiste en acudir a cuanta autoridad sea necesaria para poder ponerle punto final a esta saturación.