Ambos deberán pagar al Estado, en conjunto, ¢15 millones, según determinó en la sentencia el juez Simón Angulo.
A los dos se les responsabiliza de obstrucción de vías públicas (6 meses de prisión por cada delito) el 8 y 15 de julio de ese año.
Precisamente, ese 15 de julio comenzó a operar Riteve (tico-española), contratada por el gobierno para hacer la revisión técnica de vehículos que antes estaba en manos del MOPT.
Esta es la segunda vez que los acusados van a juicio. En el primero, en junio del 2003, fueron absueltos, pero el Tribunal de Casación Penal de San José anuló el fallo del Tribunal de Juicio de San Ramón.
Pese a la condena de ayer, Céspedes y Guido no irán a la cárcel al recibir el beneficio de ejecución condicional de la pena. Es decir, que ambos estarán en libertad, pero a prueba, por un plazo de tres años.
"Esto es un homenaje a la dignidad y decencia de un pueblo que lucha por lo que quiere. Ya esperaba esta respuesta en un juicio político", declaró Guido, exrepresentante de Fuerza Democrática entre 1998-2002 y quien este 5 de febrero se postula para diputado por Acción Democrática Alajuelense.
El exlegislador y la educadora también enfrentaron cargos por el delito de instigación pública, del cual resultaron absueltos.
Otro de los imputados en este caso era el profesor Trino Barrantes, hallado inocente por los delitos acusados por la Fiscalía.
"En realidad yo esperaba que todos saliéramos libres de toda culpa. Esperamos que en casación queden libres pues se demostró que ellos son líderes, pero no por eso son culpables de que la gente los siga", externó el educador.
Fuera de los tribunales, unas 150 personas entre las que había estudiantes y campesinos siguieron de cerca el proceso, aunque por razones de seguridad se les impidió el acceso a la sala de juicio.
Al concluir la audiencia, el abogado Raúl Muñoz, defensor de los dos condenados, adelantó que estudiarán el fallo y llevarán nuevamente el caso a casación.