Diputada Ivonne Acuña (IA): – ¿Puede afirmar categóricamente que usted y las personas funcionarias del OIJ cumplieron con su deber en el marco del respeto de los derechos humanos de la víctima?

Wálter Espinoza (WE): – Desde mi perspectiva, sí. Sin embargo, esto debe ser verificado, auscultado, decidido y determinado por un órgano jurisdiccional y por una Fiscalía General objetiva, transparente e independiente, por lo que mi opinión cuenta poco.

IA: – ¿Qué tipo de información o categorización incluye una de victimología, es decir, desde el punto de la Criminología qué incluye este perfil?

WE: – En todos los casos que tienen la necesidad de practicar y acudir a esta herramienta de trabajo nosotros lo que pretendemos es conocer el entorno, el ambiente, el área de desarrollo y desenvolvimiento de una persona, lo que nos puede conducir a conocer cuál es su vida, sus costumbres, sus amigos, su trabajo, sus hobbies, los lugares que usualmente visita, con quién se relaciona, qué tipo de relaciones tiene, su estatus económico.

IA: – ¿Por qué es importante esto en la investigación para dirigir la búsqueda?

WE: – En todos los casos lo hacemos porque nos permite establecer hipótesis de trabajo dirigidas a la ubicación de la persona sobre la base de un método certero, científicamente comprobado y que es útil, eficiente y efectivo para solventar y solucionar casos.

Esas tres preguntas realizadas por la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera, integrante de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, permitieron al director del Organismo de Investigación (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, defender la importancia que tiene el análisis del perfil de una persona para esclarecer los casos de desaparición.

Durante poco menos de dos horas, el jerarca participó en una audiencia ante cinco diputadas y un diputado de la Asamblea Legislativa. El objetivo era que Espinoza expusiera si la Policía Judicial aplica o no un protocolo especial ante desapariciones de mujeres, así como a las acciones empleadas en el caso de la crimen de la joven Luany Valeria Salazar Zamora.

Sin embargo, a lo que menos hizo referencia el jerarca judicial fue esos dos temas, ya que gran parte del tiempo fue agotado en cuestionamientos. Incluso, la congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega Rodríguez, le hizo una especie de quiz a Espinoza, hecho que generó molestia.

Paola Vega (PV): – Don Wálter, ¿usted me puede definir qué es un feminicidio?

(WE): – El feminicidio legal está descrito en el artículo 21 de la ley de penalización (de violencia contra las mujeres) y establece que las circunstancias en virtud de las cuales se sanciona con una pena de 20 a 35 años en los casos de muertes violentas de mujeres.

(PV): – ¿Cuáles son las características de un feminicidio? ¿Qué lo hace distinto de lo que usted llama homicidio de mujer?

(WE): – Antes de contestarle eso yo quería comentarle que nosotros como OIJ.

(PV): – No. Estamos en mi tiempo, le agradezco que me diga cuál es la diferencia para usted.

(WE): – Mire, este no es un examen académico, yo no vengo a un quiz ni vengo a que me revisen mi conocimiento. Lo que le digo a usted es que el OIJ no las categoriza, hay una subcomisión que define cuándo es feminicidio, cuándo es feminicidio ampliado y cuándo es homicidio de mujer, yo conozco la ley, no vengo a someterme a una auscultación de conocimientos, eso ya lo hizo la Corte Plena cuando me elegió director general del OIJ y si lo que usted pretende es someterme a un quiz, yo no me voy a prestar para esa circunstancia y se lo digo con total sinceridad, ya le dije que está en el artículo 21 de la ley.

Posterior a eso, Vega hizo cinco preguntas en las que pidió al director del OIJ responder sí o no y no lo dejó profundizar sus respuestas.

Además, catalogó el caso de Luany Salazar de feminicidio, cuando este judicialmente no ha sido calificado así.

Vega dijo que la joven podría estar viva si se hubiese aplicado un protocolo adecuado; no obstante, la autopsia hecha al cuerpo reveló que cuando la familia puso la denuncia por desaparición ella ya estaba fallecida.

Asimismo, la diputada expuso una serie de conclusiones con las que cuestionó el trabajo del OIJ y las declaraciones de su director, al exponer la victimología de Salazar, la cual permitió establecer que ella tuvo una relación sentimental con un hombre de apellido Romero, conocido como Cachetón, sicario de la banda del Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, quien descuenta una pena en una cárcel de Nicaragua.

Ese dato fue revelado por Espinoza la semana anterior, durante una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Sin protocolo diferenciado

Este miércoles, Espinoza reconoció que el OIJ no cuenta con un protocolo diferenciado para atender desapariciones de mujeres.

Sin embargo, explicó que ellos se rigen por la normativa del Poder Judicial, por lo que recalcó que ya hicieron una petición formal para que se revise una circular del 2006, que es la que establece el actuar con respecto a las desapariciones.

El tema lo abordó debido a que la diputada del PAC, Nielsen Pérez Pérez, consultó por esto en la audiencia de la semana anterior.

Espinoza también mencionó que a lo largo de los años se han hecho agregados a la normativa, la cual no puede ser modificada directamente por la Policía Judicial.

Precisó que los ajustes están relacionados con la fotografía de la persona, la atención en caso de menores, así como aquellos relacionados con alertas migratorias.

Respaldo

Media hora antes de la comparecencia, investigadores del OIJ se reunieron en la Plaza de la Justicia, en San José, para mostrar su respaldo al director de la institución.

El movimiento fue replicado en varias sedes regionales donde, fuera del horario laboral, con mascarillas y/o caretas, así como respetando la distancia de 1,8 metros, los agentes defendieron su trabajo y el de su jefe.

Además, también lanzaron un mensaje de apoyo a las víctimas de cualquier delito, especialmente a las mujeres.

Destacaron que la entidad es una de las mejores en trabajo científico e investigativo.

“Dentro de una investigación se abarcan muchos temas y lo que don Wálter (Espinoza) manifestó (en la Asamblea Legislativa) fueron los datos que había que obtener de la víctima para establecer una línea de trabajo”, aseguró Ivette Agüero Pérez, jefa del OIJ de Grecia.

Desaparición y asesinato

La última vez que la familia supo de Luany Valeria Salazar fue el martes 9 de junio. Ese día ella le dijo a su mamá, Ana Patricia Zamora Masís, que iba a salir con una amiga, pero nunca volvió.

No fue hasta dos días después que los parientes alertaron al OIJ sobre la desaparición. Ellos alegan a que llamaron al sistema de emergencias 9–1–1 para comunicar la desaparición, pero, aseguran, que ahí les indicaron que debían esperar entre 24 y 48 horas para denunciarlo.

Espinoza, durante la primera audiencia, aseguró que la denuncia se tomó con la seriedad del caso, que le pidieron a los familiares fotos recientes de Luany para publicarlas en redes sociales y les indicaron que cualquier dato era importante para la investigación.

El jefe policial aseguró que la madre no mencionó nunca que sospechaba de alguien; sin embargo, en una copia de la denuncia que tiene La Nación, se observa que la mamá sí señaló a un vecino como la última persona con la que se vio a su hija.

La Policía Judicial aseguró que, entre el jueves 11 y el sábado 13 de junio, realizó entre 15 y 17 acciones que iban encaminadas a resolver la desaparición.

No obstante, el lunes 15 de junio, un hermano de Luany pidió permiso para ingresar a una casa vecina, porque ahí fue vista por última vez.

Al estar en el patio de esa vivienda, observó tierra removida por lo que comenzó a escarbar y, en un momento dado, sintió una bolsa. Al sacarla y romperla, descubrió el cuerpo de la joven.

Al día siguiente, la Fuerza Pública detuvo a un sujeto, de apellido Mejía y conocido como Hippie, por ser el sospechoso del asesinato. Él vivía en la casa donde encontraron el cadáver y, tras las evidencias recabadas, fue enviado seis meses a prisión preventiva.

Desde que se supo del hallazgo, la familia volteó la mirada al OIJ, al asegurar que no hicieron lo propio.

Por esas acusaciones, el Tribunal de Inspección Judicial abrió de oficio una causa para determinar si hubo o no inacción de la Policía Judicial en este caso.

Además, ahora la Fiscalía investiga a Espinoza por el presunto delito de incumplimiento de labores.

Colaboró la periodista Katherine Chaves R.

Información actualizada a las 8:08 p. m.