Grupo ciudadano pide a candidatos respuestas concretas a problemas estructurales del país

Desempleo, inequidad en el desarrollo de mujeres y hombres, acceso a la seguridad social, crisis del sector educativo, inclusión de los sectores trabajadores de todo el país, seguridad alimentaria y políticas de protección y erradicación de la violencia de género son algunas de las preocupaciones de la agrupación Ciudadanía Vigilante que ha reunido numerosas firmas y el apoyo de 15 agrupaciones de la sociedad civil.

“Creemos fundamental e importante escuchar, observar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno. Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición”, señala el documento que están circulando por diversas plataformas de recolección de firmas.

A través de 14 preguntas, este grupo hace un llamado de atención a los candidatos José María Figueres, de Liberación Nacional, y Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático, así como a la ciudadanía en general, para centrar la discusión y el análisis nacional en torno a los problemas urgentes y prioritarios que enfrenta el país ante la segunda ronda electoral.

“Como hemos venido observado, la discusión electoral se ha centrado en problemas personales de los candidatos y en los grandes retos de desarrollo que afronta el país como es la defensa y el fortalecimiento del Estado social de derecho y la institucionalidad pública, por ello impulsamos esta iniciativa con el fin de hacer preguntas concretas a los candidatos a quienes les estamos demandando respuestas contundentes”, explica Ana Cecilia Escalante, catedrática y profesora emérita universitaria, una de las voceras del colectivo.

Compromisos internacionales

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A lo largo de los años, nuestros Gobiernos se han comprometido ante la comunidad internacional a cumplir una serie de acciones e iniciativas de protección en diversos ámbitos como la igualdad entre mujeres y hombres, la protección del medio ambiente y otros temas relativos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas.

Por ello, la pregunta que encabeza la demanda de Ciudadanía Vigilante gira en torno a los compromisos a escala internacional para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y las medidas que tomará el gobierno para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales.

Otro tema que preocupa a esta agrupación es el del grave desempleo que afecta a la población costarricense, con especial énfasis en las mujeres. Por ello, preguntan por acciones concretas para generar empleo de calidad y bien remunerado para las mujeres que representan la mitad de la población y cuya participación y contribución es clave en el desarrollo nacional y son las más afectadas por el desempleo y subempleo.

“Nos interesa sobremanera el acceso a la seguridad social y la garantía de brindar condiciones dignas para la creciente población adulta mayor del país, así como los mecanismos oficiales para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil”, dijo Vilma Leandro, otra vocera de esta iniciativa.

Preguntas puntuales

Otras preguntas que plantea Ciudadanía Vigilante y que esperan sean respondidas antes de las elecciones del 3 de abril, son: ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de las condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tiene en relación con el problema del cambio climático en el sector agropecuario?

¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?

¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? De ser así, ¿cuáles son sus propuestas?

¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?

¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?

¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?

De acuerdo con Escalante y Leandro, esta iniciativa es pública y las personas que deseen suscribirla pueden hacerlo en este enlace: https://bit.ly/3pMr4p5.

El colectivo está organizando diversas formas de dar seguimiento a sus demandas y aseguran que estarán vigilantes a lo largo de todo el Gobierno para que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.