EscucharEl diputado oficialista Daniel Gerardo Vargas Quirós no ha sido exactamente una figura de disenso en la Asamblea Legislativa, pero tampoco se ha plegado por completo a las indicaciones del gobierno. Entre declaraciones públicas y algunas votaciones, se ha desmarcado... aunque tiene una explicación para todo.
La última de estas diferencias de criterio vino hace un par de semanas, cuando votó por levantar la vía rápida al proyecto de jornadas 4:3 que ha sido bandera de la administración en meses recientes. Tiene una razón para ese voto.
Más allá de eso, en esta entrevista con Revista Dominical, el legislador que representa a Guanacaste habla de su posible renuncia al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que lo llevó a la curul, de la crisis de inseguridad y de las acciones realizadas por su provincia. Le ofrecemos tanto la entrevista completa como en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.
— Tras tres años y medio como diputado, ¿cómo valora su paso por el Congreso?
— Ha sido una experiencia de aprendizaje, aquí se desarrollan habilidades como la tolerancia, la paciencia, la capacidad de hablar frente a públicos diversos, la capacidad de abordar una variedad de temas en simultáneo (...).
“La experiencia de la Asamblea es agotadora, debo decirlo. El ambiente no es siempre cordial; uno trata de llevarse bien con todos los diputados, pero es muy difícil lograr coincidencia permanente. Siempre hay una contraposición de criterios que lo hacen divertido, pero también retador”.
— Usted es oriundo de Nicoya. Durante este paso por la Asamblea Legislativa, ¿qué ha logrado para su provincia y su comunidad?
— Atribuirse logros particulares es complicado porque a final de cuentas, uno como diputado lo que hace es gestionar cosas; finalmente se ejecutan y se logran a través del Ejecutivo. En un principio nosotros desarrollamos talleres de trabajo con todos los cantones y las intendencias de la península de Nicoya (Cóbano, Lepanto y Paquera).
“La intención era evaluar áreas donde hubiesen fortalezas para establecer núcleos potenciales para el desarrollo de ciertas actividades. A partir de eso conocer cuáles limitaciones importantes tenían los territorios para gestionar con el Ejecutivo la atención de esos temas.
“Cuando arrancamos había una estimación de cobertura de agua potable que era totalmente insuficiente, alrededor de un 65% estimábamos que era la cobertura para las viviendas de Guanacaste. Esa realidad, estaba viendo estadísticas recientes, ha variado también a alrededor de un 85%. Hemos venido invirtiendo en la atención de este preciado servicio. En Colorado se habilitó una planta que abastece a todo el distrito.
“Quisiéramos que avanzara más rápido, pero no es tan factible, es un proyecto de gran envergadura. Esperamos que en 3 o 4 años podamos tenerlo desarrollado y abasteciendo.
“Hemos puesto especial atención en vías de comunicación, como la ruta 4, que conecta con el Corredor Noroccidental a nivel de La Cruz, o la ruta 21, que hemos estado pendientes de la necesidad de ampliación, ya hay una proyección de inversión. Los puentes sobre el río Tempisque, se hizo una inversión de cerca de $2,5 millones. Se ha vertido en muchas intersecciones...”.
— Revisamos los proyectos de ley que usted ha presentado con relación a Guanacaste. Encontramos la desafectación de dos inmuebles municipales, la creación de un nuevo cantón, una ley de desarrollo de la infraestructura vial, la donación de un terreno al MEP, la declaración de interés público de Expo Liberia y el proyecto para regularizar las construcciones en zona marítimo terrestre. ¿Está satisfecho?
— Uno nunca queda del todo satisfecho con lo que hace, quedo satisfecho con el esfuerzo que hemos puesto. Quisiera haber hecho mucho más en el escaso tiempo que se tiene aquí para incidir en la vida de las personas de nuestra provincia y de Costa Rica.
— Usted defendió el proyecto Bahía Papagayo, y aseguró que existen ataques “malintencionados” y “de tinte político” contra el proyecto. Hace unos días se conoció que 72 organizaciones y 3.386 personas firmaron una carta abierta que afirma que Bahía Papagayo es una “amenaza directa contra bosques, acuíferos y ecosistemas frágiles”. ¿Cuáles son los ataques malintencionados a los que usted se refiere?
— Hasta donde yo conozco, de dónde vienen esos ataques es lo que me hace pensar que tiene un tinte político: es del diputado Ariel Robles con don Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio, y con una persona local que ha manejado movimientos con la buena intención de proteger el ambiente, pero con efectos negativos para la población guanacasteca.
“El Golfo de Papagayo se ha desarrollado a través de una ley; en el tema de construcción no puede exceder el 30% del área concesionada. Eso significa que el 70% del área concesionada debe permanecer en suelo verde. Ese es un buen principio de protección. Tiene que haber un permiso de Setena, permiso municipal, un aval del Colegio de Ingenieros. O sea, no hay nada que se haga al margen de la ley.
“Pensar que hayan desarrollos que estén violentando lo que dice la ley, sería dudar de la capacidad de las instituciones de controlar lo que allí ocurre, y eso no está bien. Lo que han hecho estas personas es tratar de causar un cisma con un tinte político electoral, tratando de ganar adeptos en algunas organizaciones, haciendo pensar que está ocurriendo algo que no está ocurriendo, aún cuando la misma institucionalidad sostiene que se actúa dentro de la ley”.
— Entonces, desde su punto de vista, ¿lo que estas 72 organizaciones y 3.386 personas dijeron no se corresponde con la realidad?
— Le voy a ser sincero, no conozco la lista de las organizaciones, me gustaría ver quiénes son. A veces se maximizan y se llama organización a un grupo pequeño de personas. Se ha dicho que la comunidad de Playa Panamá está opuesta al proyecto. Pero hay versiones más bien de apoyo de la Asociación de Desarrollo de Playa Panamá. Hay que tener cuidado de evaluar quiénes son los que están suscribiendo este tipo de reclamos.
— El Frente Amplio presentó un proyecto para evitar los embargos preventivos a defensores ambientales, que fue el mecanismo legal aplicado por Enjoy Hotels para congelar la cuentas de cuatro influencers en el caso de Bahía Papagayo. ¿Qué opina de ese proyecto? ¿Le parece adecuada la medida de embargo preventivo?
— El Estado Social de Derecho tenemos que defenderlo y las reglas están dadas. Si una persona voluntariamente transgrede las reglas y se le demanda, y el Poder Judicial determina que tiene una afectación sobre el ofendido y establece medidas, lo que tenemos que cuidar es que no perdamos la seguridad jurídica.
“Estamos hablando de inversiones importantes. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Si ellos dijeron cosas contrarias y se les demostró que estaban diciendo cosas fuera de la realidad, deben asumir las consecuencias de sus actos, está bien que asuman las consecuencias. Legislar para suavizar posiciones y que una persona pueda decir lo que quiera decir, sin tener repercusiones, no debería ser”.
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— Don Daniel, a los cuatro activistas ambientales hasta ahora no se les ha demostrado nada, sino que el embargo se hizo de forma preventiva, para evitar que ellos pongan ese dinero o propiedades a nombre de otras personas. Es decir, esto es incluso previo a la demanda formal. Por eso le pregunto, ¿le parece adecuada esta herramienta?
— No, no necesariamente. Yo creo que sí habría que revisar si algo no está bien consignado en la ley. No tendría problemas en revisar eso. Lo que sí también agregaría a la ley es que, si durante el ínterin (de la demanda) se recurre a estrategias para deshacerse de las propiedades y no verse afectado a futuro, también puedan preverse ese tipo de situaciones y devolver acciones que se ejecuten durante el periodo.
“Pero todo es revisable, tampoco tengo ningún inconveniente en revisarla y analizar si es conveniente”.
— Uno de los diputados que tiene más conocimiento y ha sido más vocal con temas ambientales en su fracción es don Manuel Morales, que es ingeniero forestal. ¿Ha conversado con él sobre este tema?
— No, señor. Le soy sincero, no hemos abordado el tema.
— Sobre el proyecto para regularizar las construcciones que existen en zonas restringidas de la zona marítimo-terrestre, son construcciones cuyo título de propiedad fue anulado por una orden judicial. ¿Cómo atender esa problemática para que no se construya en zonas restringida?
— Esa es una introducción correcta del tema: estamos hablando de propiedades que, aunque se determinó que están en zonas restringidas, fueron adquiridas en buenos términos, de buena fe, por los que hoy son propietarios, que pagaron por ellas y que cuentan con títulos de propiedad, pero que en procesos posteriores se determina que están dentro de zonas restringidas.
“Tiene que haber seguridad jurídica. El país le dijo a esos propietarios que tenían todos los derechos con un título de esa propiedad, y el mismo país, años después, les dice ‘lo que dije antes no es correcto, esto está en una zona restringida y usted ya no es el dueño’. Es un tema delicado.
“Esto no solo afecta a Guanacaste, también a Puntarenas y algunas zonas de Limón, y son alrededor de 300 casos. Lo que busca el proyecto es llegar a un justo medio donde se le dice al propietario ‘esto es del Estado, pero vamos a darle una concesión por 20 años, prorrogable, para que pueda seguir ejecutando la actividad que usted tiene allí’”.
— ¿Cómo hacer para que en 20 años, en 30 años, no estemos regularizando otras nuevas propiedades?
— El país en este momento está pasando por una revisión minuciosa a nivel inclusive de fotografías satelitales y de división territorial mucho más precisa. Se ha hecho un trabajo para identificar los límites de todas las propiedades. Esperamos que este esfuerzo logre ubicar todas las propiedades que están en alguna circunstancia especial y que lo logremos corregir.
“Hay incertidumbre siempre, yo no puedo garantizar que en el futuro no haya una nueva medición. Eso es humanamente imposible poderlo asegurar. Pero lo que sí te digo es que ha habido un esfuerzo importante por determinar dónde comienza y dónde termina cada propiedad”.
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— Hemos visto figuras que pertenecieron al gobierno e incluso que pertenecen a esta Asamblea Legislativa, como doña Pilar Cisneros, apoyar a Pueblo Soberano. ¿Usted está involucrado? ¿Cuál es su relación con Pueblo Soberano?
— En este momento no hay ninguna. Soy diputado de Progreso Social Democrático y esperamos mantener esa condición hasta el último día de mi gestión. Estoy convencido de que el movimiento rodriquista debe continuar, el movimiento jaguar debe continuar. Si me preguntan en términos de afinidad partidaria, no pertenezco a ningún otro partido que no sea el que me eligió aquí.
“Sin embargo, veo muy viable que la continuidad del proyecto rodriquista se dé a través de otra plataforma y es la que usted está mencionando”.
¿Por qué siguen en la fracción del PPSD?
— Dice que espera mantenerse así hasta el final de su gestión, pero usted le consultó a Servicios Técnicos del Congreso si podía renunciar al Partido Progreso, pero mantenerse en la fracción. ¿Por qué planteó esa consulta?
— Esa no fue la consulta que yo hice. La consulta que yo hice es, si un partido político toma la decisión de separar a un diputado del partido, ¿hay alguna forma legal, que no sea la renuncia explícita del diputado, para que este sea separado de la fracción? Eso es muy distinto.
“Yo nunca en mi consulta mencioné la posibilidad de renunciar al partido como una voluntad personal. Lo que dije fue ‘si el partido separa el diputado, ¿la Asamblea Legislativa tiene algún mecanismo definido en términos reglamentarios o legales para obligar al diputado a separarse de la fracción, que no sea la renuncia explícita del mismo diputado?’.
El 25 de junio de 2025 el diputado consultó: “¿Es posible que una diputación renuncie únicamente al partido político por el cual fue electo pero que concomitantemente, siga perteneciendo dentro de la estructura organizativa propia de la Asamblea Legislativa?“.
— Fuente: Asamblea Legislativa
— ¿Ha valorado renunciar a su fracción?
— No señor. Nunca.
— ¿Por qué no, si es evidente que ustedes ya no tienen afinidad, para empezar, con la presidenta y fundadora del partido, Luz Mary Alpízar?
— Me parece que quien se ha separado más de la fracción es doña Luz Mary y no ninguno de nosotros. Todos sabíamos perfectamente de qué se trataba el proyecto, cuáles eran las ideas centrales de don Rodrigo, a qué nos estábamos comprometiendo a trabajar durante los 4 años de nuestra gestión. Si alguien de nuestra fracción no calza con el proyecto político, es Luz Mary.
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— ¿Aunque ella sea la presidenta del partido?
— Aunque ella sea la presidenta del partido. Es una decisión que también ella como presidenta toma al momento de asumir el movimiento rodriguista: sabía cuáles eran los principios del movimiento. Sin embargo, de camino seguramente no le gustó, entonces se separa ideológicamente de lo que fue su apuesta hace casi 4 años.
“No veo necesidad de que nos separemos de un movimiento en el cual nos sumamos por convencimiento, por convicción. Veo más razonable que doña Luz María sea sincera y diga que se equivocó, que esa no era su ideología y que por lo tanto se separa de la fracción”.
— Hemos visto afinidad de la jefa de su fracción, Pilar Cisneros, con Pueblo Soberano. Es evidente que no sienten ninguna cercanía con Progreso Social Democrático, en su despacho ni siquiera hay ninguna bandera del PPSD, ¿qué lo mantiene vinculado? ¿Por qué siguen formando parte?
—Porque eso fue lo que se definió cuando el pueblo nos eligió. ¿Cómo vamos a decirle al pueblo que renunciamos? Me aparece que no corresponde. Además, ¿cuál es la necesidad de renunciar a la fracción? ¿Qué nos suma o qué nos resta?
— Bueno, sí les restaría uso de la palabra y algunas otras comodidades.
— Hasta el momento, la restricción que ha implementado la presidencia del Congreso sobre las diputaciones que se han retirado ha sido mínima. Yo no veo una pérdida importante de fondo en la operación de la fracción. Estamos respetando un voto que se nos dio hace casi 4 años.
— ¿Mantenerse en la fracción del PPSD responde a un tema conveniencia por no perder comodidades que tiene una fracción? ¿O es afinidad política?
— Si usted me pregunta meramente por afinidad política partidaria con lo que hoy quiere ser Progreso Social Democrático, creo que esa afinidad se perdió. Nosotros mantenemos una línea directa de compromiso con los ideales que teníamos como equipo cuando el pueblo nos eligió y lo seguimos manteniendo al 100%. Quien hoy en día de ese compromiso ideológico que nos llevó al poder es la señora Luz María Alpízar. No veo una necesidad puntual de separarse de ese compromiso que adquirimos.
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Diputado critica técnica que su bancada también aplicó
— Estamos viendo un estancamiento de la agenda legislativa, especialmente por la vía rápida de jornadas 4-3. ¿Han fracasado en los procesos de negociación para evitar este estancamiento?
— Es muy fácil, la lectura es muy fácil. Es una fracción de seis miembros, y alrededor de cuatro diputaciones adicionales, que han bloqueando por completo el plenario legislativo, por encima de la voluntad de 42 diputaciones que vieron la necesidad de ver este proyecto de forma rápida. Hay aproximadamente 10 diputaciones que quieren imponerse con un bloqueo absurdo.
— ¿Ahí no deberían entrar sus capacidades de negociación para buscar romper esa oposición tan férrea?
— ¿Y cuáles estrategias considera viables?
— Los especialistas son ustedes, los diputados.
— Bueno, claro, pero la estrategia viable eventualmente sería negociar cambios en la redacción de la ley conforme ellos esperan que se negocie.
— ¿Y ustedes no estarían dispuestos a ceder en una coma?
— No son viables. Claro que sí se ha cedido, en más de una coma, en muchas cosas.
— Por ejemplo, ellos piden una reducción de la jornada, que no sea de 12 sino de 11 horas.
— Por supuesto, pero estamos ante una inviabilidad regional de poder hacer esa estrategia. Ojalá viviésemos en Europa, como es el parámetro con el cual se quiere comparar a Costa Rica.
“En Europa, más que mano de obra —que es lo que tenemos aquí en nuestra zona francas—, lo que se tiene son headquarters (oficinas centrales, casas matriz) de muchas empresas que están desconcentrando su producción en el resto del mundo. Pretender que nuestra realidad sea la de Europa, es no estar consciente de la realidad que vivimos.
“Estamos compitiendo a un mercado regional con países que tienen mejores condiciones que nosotros en términos de mano de obra. No podemos darnos el lujo de asumir legislaciones foráneas que están lejos de una vialidad real para mantenernos competitivos”.
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— Le hago énfasis en la negociación porque ustedes, el oficialismo, han insistido en la necesidad de contar con 40 diputados para impulsar algunas reformas, pero lo cierto es que las 2.500 mociones que presentó el Frente Amplio las pueden presentar seis, siete o incluso un solo diputado. Si quieren impulsar las jornadas 4-3, pareciera inevitable llegar a un punto de consenso. ¿Cuál es su análisis?
— No necesariamente, porque hay mecanismos en la Asamblea Legislativa. Se está analizando uno, se conoce que a través del artículo 234 también es factible que la Asamblea determine procesos diferenciados para proyectos en particular. Se está analizando la viabilidad de establecer un proceso distinto para poder acelerar el conocimiento del proyecto.
“Lo que no está bien es pensar que, porque exista filibusterismo parlamentario de uno o 10 diputados, entonces tengamos que renunciar a proyectos como este, simplemente por la capacidad obstruccionista de algunos cuantos diputados. El país no merece eso. El país merece que prevalezca la democracia, la voluntad de las mayorías. Ese es el principio de la democracia, no es el consenso absoluto".
— Don Daniel, una nota de La Nación del 16 de septiembre del 2024 señala que la fracción oficialista aplicó filibusterismo parlamentario con el plan de vuelos baratos. Ustedes presentaron 63 mociones y al final las retiraron porque negociaron con el PLP. Aplicaron la técnica que ahora critica. ¿Cómo empata eso con lo que usted dice ahora?
— Bueno, hoy se discutió la moción 480 (de jornadas 4-3), o sea, ya hubiéramos discutido ocho veces la cantidad de mociones que nosotros presentamos (en setiembre).
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— O sea, ¿para usted es una cuestión de cantidad?
— Es una cuestión de mensaje particular. 63 sobre 2500, ¿es qué porcentaje?
— Según la nota que cito, como el proyecto de vuelo baratos no tenía vía rápida, sus 63 mociones hubieran alargado la discusión durante 15 meses.
— ¿En ese proyecto?
— Sí, más de un año.
— Bueno, pero entonces es acercarnos.
— O sea, en este proyecto primó la negociación, ¿por qué no prima en jornadas 4-3?
— Porque los puntos de negociación que quiere establecer el Frente Amplio no son viables, simplemente harían absolutamente inviable la operación de las jornadas 4-3.
— ¿Y por qué fue viable aplicar filibusterismo en este proyecto y no es justo aplicarlo en jornadas 4-3?
— Vamos a ver, pongamos las cosas en su justa dimensión, no hablemos de ponerlo en igualdad de condiciones. No son ni siquiera comparables 63 mociones a 2.600 mociones.
— Pero la técnica es la misma.
— Estamos en otra dimensión completamente distinta. No puede ser comparable.
— ¿Aunque sus 63 mociones hubieran atrasado la discusión más de 1 año?
— Aunque se hubiera atrasado eventualmente, sí, porque también se tenía la voluntad de corregir algunas cosas. Y lo hizo viable para todos. Los puntos que está estableciendo el Frente Amplio para negociar jornadas 4-3 simplemente no son viables. Eso sería renunciar por completo a la posibilidad de aprobar el proyecto de jornadas excepcionales.
— Usted fue el único diputado oficialista que votó a favor de levantar la vía rápida a jornadas 4-3.
— Eso fue un error, perdón. Estaba atendiendo una entrevista por radio, me acerqué a la curul, voté y no fui preciso a la hora de emitir el voto. No tiene ninguna otra razón de fondo.
Seguridad: ‘El desempeño del gobierno no es deficiente’
— Usted y su compañero, Jorge Rojas, en la comisión de Asuntos Jurídicos, votaron a favor de resellar el proyecto que permite hacer allanamientos 24/7; es un giro de 180° respecto a la posición del presidente Chaves. ¿A qué se debe el cambio?
— Hubo flexibilidad de parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos para modificar el texto y atender las preocupaciones que tenía el Ejecutivo. Desde el principio dije que me parecía un buen proyecto, felicité a la diputada Monserrat Ruiz por presentarlo. Después caímos en cuenta de que tenía algunas cosas por mejorar y el Ejecutivo decidió vetar el proyecto a como estaba siendo presentado. Se lograron subsanar esas deficiencias y finalmente nosotros estamos de acuerdo.
“No es cierto que los allanamientos 24/7 no se pudieran hacer, siempre se han podido hacer en casos calificados. Lo que hace este proyecto es que el procedimiento sea más fácil, y en eso estamos de acuerdo”.
— ¿Qué fue lo que les preocupaba y se corrigió?
— Había una autorización, por ejemplo, del morador de la vivienda, que no estaba siendo considerada, y esa opción se incluyó en el texto sustitutivo.
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— ¿Esa autorización es a posteriori del allanamiento?
— A priori. A priori. Sí.
— ¿Pero eso sería casi un aviso de que lo voy a allanar? ¿O cómo funciona?
— Bueno, ahí está la posibilidad de que el dueño autorice y entren, o la posibilidad, cuando es muy calificado, de que el juez autorice el allanamiento. Me parece que son cuestiones que pueden parecer menores, pero son determinantes a la hora de ejecutar las acciones. Los compañeros de la comisión cayeron en razón de que era conveniente modificar el texto, se modifica y el proyecto continúa su trámite.
— Hace 3 años, en diciembre del 2022, el presidente Chaves dijo que no podían culparlo por los resultados de seguridad en ese momento, porque era apenas su primer año. Pidió que lo evaluaran a partir de 2023. Desde entonces hemos tenido dos años con cifras récord de homicidios. A la luz de los resultados, ¿cómo evalúa usted el trabajo del gobierno?
— El desempeño en seguridad, en términos generales, no es deficiente. Los homicidios nos preocupan sobremanera a todos y nos parece un desastre nacional. Como lo ha dicho el presidente, ‘ni uno solo de los homicidios se justifica en este país y no deberían existir’.
“Quiero hacer una separación, porque en el resto de delitos comunes la situación de seguridad ha mejorado. Los indicadores los ha presentado el Ministerio de Seguridad Pública y nadie los ha debatido. El único indicador dolorosísimo que estamos viviendo es la cantidad de homicidios, y estamos actuando para reducirlos.
“Si se quiere no hemos sido suficientemente efectivos para resolverlo en un plazo inmediato, pero estamos luchando contra bandas criminales de altísima capacidad y contra un mercado económico increíblemente grande. La reforma constitucional para facilitar la extradición, promovida por doña Pilar Cisneros, es una herramienta valiosísima. (...) Hubiésemos querido detener (la violencia) ya, pero no ha sido posible. Nos duele sobremanera cada una de las personas asesinadas”.
— El presidente en una de las últimas conferencias de prensa dijo que la crisis de seguridad no era tan grave como la querían hacer ver. ¿Qué opina usted?
— Hay que ubicarlo en la justa dimensión. Que no suene feo, pero siendo diputado de la República yo no tengo problema en moverme por cualquier lugar de Costa Rica. O sea, la guerra y la lucha no es conmigo, la criminalidad común ha disminuido. Desastrosamente hay grupos que se están enfrentando entre ellos, que están ocasionando el comportamiento de ese indicador (los homicidios) por una guerra de territorios.
“Cuando aquí en plenario legislativo se habla de que ‘es una barbaridad, ya no se puede ni salir a la esquina’, creo que es a lo que se refiere el presidente cuando dice que se quiere sobredimensionar. No, el ciudadano común en general no está sufriendo el ataque directo de esta guerra entre bandas“.
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— Eso me recuerda la frase del presidente de “se matan entre ellos”.
— Sí, pero esa frase fue tergiversada por todo el mundo. Yo no sé si usted escuchó el video completo, el presidente no estaba diciendo eso de su propio pensamiento, dijo que fue lo que alguien le dijo. Esa parte donde él dice ‘a mí me dijeron’, esa parte la omiten y dejan en la boca del presidente una afirmación que no era suya. Por eso duele que la gente la repita y piense que el presidente pudo haber pensado eso.
El 31 de agosto de 2023, durante una conferencia de prensa, el presidente comentó que algunas personas le dijeron que no se preocupara por la criminalidad, ya que “eso es entre ellos que se matan”. No obstante, a esta cita, Chaves respondió: “¿Y saben qué? Sí es cierto”.
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— Hace apenas unas semanas conocimos que Hacienda no le va a girar al OIJ y la Fiscalía un dinero que esta Asamblea Legislativa aprobó para contratar más plazas. ¿Qué opina de eso?
— Me parece que desatender una obligación financiera con entidades internacionales nunca debería ser una opción. Deberíamos hacer algo distinto para efectos de mantener un comportamiento adecuado a nivel macroeconómico (...).
“Habría que revisar con el Ministerio de Hacienda cuál es exactamente la base por la sobre la cual tomar la decisión, si pudo agarrarse dinero de otro lado, o si definitivamente no había recursos suficientes. También ocurre que hay subejecución presupuestaria de algunas instituciones, incluyendo las de seguridad. Son inconsistencias que hay que resolver antes de sacrificar partidas que son relevantes para efectos de una estabilidad país”.
