La petición la hizo este jueves el jefe del Ministerio Público, casi una semana después de que el mandatario compareciera en la comisión legislativa que analiza si se le remueve el fuero especial de protección, que cobija a miembros de los supremos poderes.
El martes de esta semana también acudió ante esa comisión el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien anunció que renuncia a la inmunidad, ya que figura en la misma causa que el mandatario.
“Me alegra que don Jorge Rodríguez haya renunciado a la inmunidad y ojalá el señor presidente también lo haga, ya una de estas personas decidió, por lo menos de manera informal, porque no nos ha llegado nada formal, renunciar a la inmunidad y yo esperaría lo mismo de la otra persona”, expresó Díaz al finalizar una rendición de cuentas en el auditorio Miguel Blanco Quirós, ubicado en el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San José.
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Sobre los cuestionamientos a la acusación, hechos por Chaves y su abogado José Miguel Villalobos, el fiscal defendió la pieza acusatoria al reafirmar que se trata de un trabajo objetivo.
“Nuestra investigación es objetiva, no es como ellos han mencionado que es una investigación flash, ya tenía bastante tiempo, recabamos prueba documental, prueba testimonial, aplicamos un criterio de oportunidad, hay audios y todo eso nos da el sustento para considerar que, luego de la denuncia de este acto de corrupción, existen los suficientes elementos de convicción para sostener que probablemente esas personas cometieron un hecho ilícito y someterlas a un eventual juicio”, puntualizó Díaz.
De inmediato, el jefe fiscal descartó que el caso responda a intereses políticos: “Aquí no hay ninguna persecución política como se ha indicado, no ha habido ninguna premura, hemos llevado la investigación como corresponde es una investigación objetiva”, dijo.
“Desde el momento en que nosotros presentamos estos hechos uno espera que las personas que están siendo imputadas afronten, como corresponde, los procesos. Ya una de estas personas decidió renunciar a la inmunidad y yo esperaría lo mismo de la otra persona”, insistió Díaz en referencia al presidente Chaves.
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Consultado sobre las supuestas inconsistencias de la acusación que alega la defensa del imputado Chaves Robles, el fiscal solo dijo que: “eso también lo podríamos aclarar fácilmente en un eventual juicio”.
En abril, Carlo Díaz presentó acusación penal contra Chaves y Rodríguez por el presunto delito de concusión, que se habría dado por una supuesta solicitud del presidente al empresario Christian Bulgarelli de entregar a su asesor, Federico “Choreco” Cruz, $32.000 para el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.
Ese dinero provenía del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación a la Casa Presidencial. En el caso de Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves, habría sido presuntamente el nexo para dicha petición.
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su calidad o sus funciones, para obligar o inducir a alguien a dar o prometer un bien o beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida. La pena que establece el artículo 355 del Código Penal por esa conducta es de dos a ocho años de cárcel.
