Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración evalúan posibles ajustes al proyecto de ley que reformará la legislación que regula la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), el cual ya fue dictaminado afirmativamente el 21 de octubre del 2021.
El texto fue desconvocado de la agenda legislativa por petición de su proponente, el diputado Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien aseguró que se le harán mejoras para esclarecer detalles.
“Pedimos algún espacio de tiempo para hablar con comunidades que tienen algunas inquietudes; entonces, yo le solicité al Poder Ejecutivo que lo desconvocara, en el entendido de que hay toda una serie de inquietudes que existen y mejoras que se puedan introducir”, expresó.
El proyecto plantea que la ZMT cuente con un plan regulador general que permita dar terrenos en concesión a terceros o al propio Estado, por 35 años; las concesiones para desarrollos turísticos serían otorgadas por las municipalidades mediante un mecanismo de concurso público.
Los concesionarios de terrenos en la zona costera deberán pagar un canon anual a los municipios.
La ZMT está compuesta por una franja de 200 metros medidos linealmente a partir del punto donde el mar se encuentra con la tierra durante la marea alta.
Los primeros 50 metros (zona pública) son un bien demanial por hallarse allí las playas que son de acceso público, esta zona es el refugio de decenas de especies de flora y fauna. Los otros 150 metros de la ZMT son de uso restringido.
“Esto (el proyecto) es una regulación a los 200 metros, independiente y exclusiva”, explicó el socialcristiano.
Uno de los cuestionamientos al plan provino de la Contraloría General de la República, la cual señaló el 31 de agosto pasado:
“En cuanto a la Zona Pública, la iniciativa plantea una desafectación que permitiría la construcción de obras y actividades turísticas comerciales en esa zona, sin considerar, pareciera, su afectación, la fragilidad ambiental y la importancia ecosistémica marino costera, lo cual podría contrariar el principio de no regresión y el derecho al ambiente sano”.
El proyecto
Según la propuesta, la ZMT podría ser aprovechada con la idea de generar ingresos e inversión para las zonas costeras y atraer turismo mediante el desarrollo de industrias como hoteles, comercios, proyectos de vivienda e infraestructura estatal.
Para cualquier desarrollo que se proponga en estas zonas, se deberá de tomar en cuenta las limitaciones que se establecerían mediante un reglamento, luego de la eventual aprobación de la ley. Todos los lineamientos dependerían de la condición especial de la ZMT en cuanto a alturas, densidades y sistemas de tratamiento, entre otros factores.
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) será la institución estatal que estará a cargo de la vigilancia de la ZMT; deberá velar por la coordinación y cooperación con los gobiernos locales y el planeamiento estratégico para estas zonas.
Por su parte, las municipalidades se encargarán de velar, directamente, por el cumplimiento de las normas referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre. La administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, también estarán a su cargo.
Quedarán excluidas de la aplicación de esta ley ciudades costeras de Golfito, Jacó, Quepos, Limón, Puntarenas y Puerto Cortés de Osa, así como áreas del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo y las áreas del Patrimonio Natural del Estado ubicadas tanto dentro como fuera de las Áreas Silvestres Protegida.
Tampoco se aplicaría esta ley a las propiedades ya inscritas a nombre de particulares; quienes poseen propiedades dentro de la ZMT deberán aplicar las regulaciones de los nuevos reglamentos si desean realizar nuevas construcciones.
Sobre la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, programas de maricultura o instalaciones similares, para las que sea indispensable una ubicación en las cercanías del mar, se podrán concesionar las áreas necesarias para facilitar su edificación.
La Contraloría también se refirió el caso de las islas, al indicar que estas no están incluidas formalmente como integrantes de la ZMT. “En tal sentido, el proyecto busca permitir el uso y usufructo por medio de concesiones, lo cual podría implicar una desafectación indirecta o, incluso, una potencial restricción de normativa de rango constitucional y principios de no regresión legal ambiental”, manifestó la CGR.
El texto dictaminado indica que: “para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos”.
‘Falta mucho’ en discusión
Actualmente, los diputados de la comisión de gobiernos no poseen una posición clara respecto al futuro de este plan y aseguran que están analizando sus artículos.
Pablo Abarca aseguró que, en el tema ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitirá los lineamentos a seguir.
“Falta mucho, en términos de hablar más, sobre los derechos de los pobladores, que nos interesa mucho respetarlos y el tema de que no se mal interprete de que esto va a limitar derechos; más bien va a oficializar los derechos de los poseedores de terrenos, pero no estamos hablando de una titulación, sino de concesiones”, expresó el diputado del PUSC.
Zoila Volio, congresista independiente y miembro de la comisión legislativa que discute la propuesta, aseguró que aún no adelantará su criterio, pues tiene dudas que despejar y eso le impide tener una posición clara.
Para David Gourzong, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), las personas asentadas en estos sitios costeros ya han sido afectados por demoliciones, por lo que buscará darle seguridad jurídica a los ciudadanos que poseen propiedades en la ZMT.
“Ese proyecto no va a avanzar, porque tiene una serie de aspectos que afectan a las poblaciones originarias del Caribe sur, y tenemos muchas posiciones de ellos, a pesar de que la intención de Pablo Heriberto Abarca es ayudar, según él, al control de los territorios”, aseveró el liberacionista.
Por otra parte, el independiente Dragos Dolanescu, que también conforma este foro parlamentario, insistió en que la iniciativa ayudará a la reactivación económica.
“Pretende modificar la ley de Zona Marítimo Terrestre para hacerla más atractiva a inversiones externas, propone hacer de esta una zona económica exclusiva. Considero que es una buena alternativa ante la coyuntura de la pandemia que afrontan todos los sectores económicos del país, en especial, el del turismo; no obstante, también es necesario valorar conjuntamente las implicaciones en términos sociales, ambientales y económicos”, dijo.
Por otra parte, la diputada independiente Paola Vega, quien es presidenta de la Comisión que ve los temas ambientales en la corriente legislativa, criticó la iniciativa de Abarca, indicando que es “regresivo en materia ambiental” y busca eliminar la protección especial de la ZMT.
“El proyecto de ley pretende eliminar todas las restricciones que hay en esta zona, para permitir el turismo a diestra y siniestra sin contemplar el impacto ambiental, cosa que me parece sumamente peligrosa en tiempos de cambio climático, donde el nivel del mar va a estar corriendo esta zona especial, por lo que es contrasentido generar infraestructura”, expresó Vega.