El Consorcio Barranca ruta 1 ( integrado por las empresas Bell Ingeniería y Estrella) y la constructora MECO se encagarán de completar la ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal, cuyas obras quedaron abandonadas desde noviembre del 2022.
La nueva licitación establece que el trayecto de 48 km se dividirá en dos secciones que debían adjudicarse a empresas distintas y que a su vez se subdividen en dos unidades funcionales para separar las obras del tronco principal de las marginales, donde aún hay terrenos pendientes de expropiar.
LEA MÁS: MOPT dividirá en dos secciones ampliación de tramo Barranca-Limonal
De acuerdo con el expediente de la contratación, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la primera sección de 25 km entre Barranca y San Gerardo de Chomes será ejecutada por el consorcio Barranca ruta 1, la cual ofertó realizar las obras por un monto de $121,6 millones. En tanto, MECO se encargará de los 23 km comprendidos entre San Gerardo y Limonal por un monto de $141,7 millones.
La adjudicación quedó en firme durante la sesión del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del pasado 21 de agosto. Según el acuerdo 5, incluido en el acta de esa sesión y también integrado a dicho expediente, cada empresa dispondrá de 24 meses a partir de la orden de inicio para ejecutar las obras.
LEA MÁS: Estas empresas concentran contratos de obras viales por $1.300 millones
Los trabajos contemplan la construcción de un carril adicional por sentido, así como la rehabilitación de la vía existente para completar la ampliación a cuatro carriles en todo el trayecto.
Además, en el primer tramo se deben construir 7 puentes vehiculares, 5 retornos, 3 intercambios, 5 puentes peatonales y 24 pasos de fauna. La segunda sección incluye 4 puentes vehiculares, 4 retornos, 3 intercambios, 5 puentes peatonales y 21 pasos de fauna.
Según el cronograma de la contratación, la orden de inicio para retomar los trabajos debe darse en los primeros meses del próximo año, pues el contrato aún debe ser refrendado por la Contraloría General de la República.
En total, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá invertir $263,3 millones para completar la ampliación, que se suman a los $34 millones que habían sido invertidos durante el proceso anterior y los más de $8 millones en labores de conservación que se han invertido para evitar el deterioro de las obras ejecutadas y realizar obras para la seguridad de los usuarios de la vía.
LEA MÁS: Ampliación de tramo Barranca-Limonal saldría más cara. Vea cuánto
Para ejecutar estos trabajos, el MOPT dispone de $270 millones que fueron reasignados del Fondo de Avales, pero con los cuales, además de la ampliación de este tramo en la Interamericana norte, se debe cubrir el costo de varios puentes peatonales en la ruta 32, así como obras de conservación vial en todo el país. El monto faltante sería cubierto con recursos del Conavi.
Largo proceso
La ampliación del tramo entre Barranca y Limonal se intentó adjudicar por primera vez en dos secciones en el 2018; sin embargo, en esa oportunidad el proyecto se encareció debido a múltiples apelaciones y anulaciones de la licitación. Debido a esto, el anterior ministro, Rodolfo Méndez Mata, decidió iniciar un nuevo trámite, unificando en una sola sección el proyecto. Se agregó, además, la rehabilitación y ampliación de la entrada a Puntarenas en el sector de La Angostura.
La contratación fue adjudicada a inicios del 2020 al consorcio H Solís-La Estrella y las obras comenzaron en agosto de 2020. Aunque debían haberse completado a principios del 2023, una serie de retrasos que el gobierno atribuyó a la constructora y la empresa achacó a problemas en los diseños, expropiaciones y otros asuntos relacionados con la Administración, conllevaron a la paralización del proyecto.
Inicialmente el MOPT intentó ceder el proyecto a otras constructoras, mientras la empresa buscaba el finiquito del contrato. Esas gestiones provocaron más atrasos que terminaron encareciendo más las obras.
Adicionalmente, el Estado y la empresa debieron acudir a un centro de resolución de controversias para aclarar los reclamos de ambas partes. Ese órgano determinó que el Estado debía pagar a la empresa $13 millones.