Luego de tres meses congelado por el Poder Ejecutivo, pues lo mantuvo fuera de la agenda de las sesiones extraordinarias, el veto de Rodrigo Chaves sobre el proyecto que autoriza los allanamientos judiciales las 24 horas finalmente pudo avanzar en la Asamblea Legislativa.
Al inicio de la sesión de este miércoles, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, informó oficialmente al pleno de la existencia del veto al expediente legislativo 24.495, firmado por Chaves el 14 de mayo.
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Con ese anuncio oficial, el proyecto puede seguir el trámite ordinario respecto a los vetos, es decir, irse a la comisión que lo dictaminó para que esta haga un análisis de las razones del mandatario para vetarlo y tomar una decisión.
Como el veto se dio presuntamente por razones constitucionales, lo que corresponde es que la Comisión de Jurídicos analice si se debe acoger el veto y eliminar el fragmento presuntamente inconstitucional o si recomienda hacer una consulta a la Sala Constitucional para dilucidar si ciertamente hay vicios en la iniciativa.
Una vez anunciado el veto, se aprobó en el plenario una moción para dispensar de lectura ese documento y, de inmediato, Rodrigo Arias lo remitió a la comisión respectiva, a la cual le dio un plazo de ocho días hábiles para que emitan su criterio.
El proyecto de Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), reforma el artículo 193 del Código Procesal Penal para permitir que las autoridades judiciales puedan realizar allanamientos en cualquier momento del día, sin restricción de horarios ni día de la semana, incluyendo feriados.
La Corte Suprema de Justicia había respaldado esa reforma, para ampliar las potestades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Aunque los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) inicialmente respaldaron el proyecto, en su primer debate, luego lo votaron en contra, en el segundo debate.
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De hecho, la vocera chavista, Pilar Cisneros, cambió su posición sobre el tema, cambiando de opinión de un día para el otro, y girando 180 grados. La legisladora pasó de cuestionar duramente que Costa Rica sea el único país del mundo donde los allanamientos tienen horarios de oficina, a cuestionar que se puedan permitir las 24 horas.
Aunque alegó razones de inconstitucionalidad, el presidente Chaves anunció el veto un día después de los allanamientos y detenciones que realizaron la Fiscalía General y el OIJ por el caso Pista Oscura, diligencias que fueron duramente criticadas por el mandatario.
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Además, hizo ataques contra funcionarios de la Fiscalía y la policía judicial por esos allanamientos y anunció que no firmaría una ley más que les diera instrumentos a las autoridades judiciales.
El propio Chaves tiene cerca de 100 investigaciones abiertas en el Ministerio Público y ya el fiscal general, Carlo Díaz, ha presentado dos acusaciones penales, con solicitud de levantamiento de la inmunidad para afrontar juicio, contra el presidente de la República.
Por eso, varias figuras de la oposición acusaron a Rodrigo Chaves de revanchismo a través del veto, que frena las herramientas que pueden tener las policías del Poder Judicial para perseguir organizaciones criminales.
