EscucharLuego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, cuestionaron la posibilidad de ejecutar allanamientos por casos de corrupción las 24 horas del día y en fines de semana, el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, aseguró que ese tipo de consideraciones no pueden condicionar la realización de diligencias esenciales para el avance de las investigaciones.
El pasado 13 de mayo, Chaves vetó en forma total la reforma legal que elimina la restricción horaria para efectuar allanamientos —actualmente limitada al periodo comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales—.
En el documento enviado a la Asamblea Legislativa, el mandatario cuestionó que se autoricen allanamientos en casos ajenos a delitos como narcotráfico u homicidios, o bien, en situaciones —según dijo— donde no se vea comprometido un bien jurídico superior a la inviolabilidad del domicilio.
El presidente argumentó que “existirían otras medidas que permitirían conseguir el mismo propósito, de forma tal que se afecte en menor manera la esfera jurídica de la persona”.
Soto: Es ridículo hacer una diferenciación horaria
Al respecto, Michael Soto defendió la necesidad de contar con horarios diferenciados para la intervención judicial, independientemente del tipo de delito o del perfil del sospechoso.
Carecer de las herramientas, dijo, resta valor al factor sorpresa, clave para la recolección de pruebas.
“Los delitos funcionales (corrupción), por ejemplo, van a decir: ‘No, todos tranquilos, porque a nosotros nos allanan de seis de la mañana a seis de la tarde, pero los de crimen organizado de seis de la noche a seis de la mañana’. Suena ridículo que se haga una diferenciación horaria, donde unos van a saber que les pueden allanar en cualquier momento y otros van a saber que es en horario de oficina.
“No, el factor sorpresa, para recolectar pruebas técnica y científicamente, siempre tiene que estar presente. Y eso es lo que se pidió con ese proyecto, que tiene un sentido —reitero y voy a ser muy enfático con esto— técnico y científico, de recolección de pruebas. No es un tema ni político ni de privilegio de ningún tipo, sino puramente para hacer nuestro trabajo como corresponde, según la ley“, expresó Soto, durante una entrevista con La Nación.
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Las intenciones detrás del veto
Durante la conferencia de prensa en la que explicó la razones del veto, Chaves anunció que no firmará más leyes que amplíen las facultades del OIJ ni de la Fiscalía General, luego de los allanamientos dirigidos contra jerarcas y exfuncionarios de su administración por presuntos actos de corrupción.
“Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, aseveró ese día el gobernante.
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Chaves dirigió fuertes ataques contra el OIJ y la Fiscalía, por los allanamientos y las detenciones efectuadas, un día antes, con motivo de la investigación del caso “Pista Oscura”, en el que se indagan presuntas irregularidades en la contratación de la constructora MECO para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.
Las diligencias judiciales dieron como resultado la detención temporal de Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas y Transportes; Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
Pilar Cisneros: Que se les convoque a declarar
Por su parte, la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, respaldó la postura del presidente Chaves en declaraciones dadas a La Nación.
“¿Cuál sería la justificación en el caso, ejemplo, de personas como Mauricio (Batalla) o como cualquiera que les han caído antes? Eso se justifica para gente peligrosa, para gente armada, para gente que representa un peligro para la sociedad, pero ahora quedó totalmente abierto.
“Ni siquiera debieron haberlo capturado. ¿Cuál era la posibilidad de que citaran a don Mauricio y a don Alejandro (Picado), y no se presentaran? Cero", indicó la legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Allanamientos son para la obtención de pruebas
Michael Soto, subdirector del OIJ, difirió con Cisneros. Insistió en que no se deben hacer diferencias donde la ley no las hace. “Delito es delito”, agregó.
Recordó que las diligencias son contra personas sospechosas de haber cometido un delito y, en consecuencia, es previsible que intenten evitar ser descubiertas, ocultando cualquier prueba que pueda incriminarlas.
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“¿Qué le garantiza a usted que una persona, que presuntamente cometió un delito, lo llaman a declarar y va a ir a declarar con todas las pruebas que van a servir en contra de él mismo? ¿Qué nos garantiza eso?
“No, el allanamiento es para ir a buscar pruebas. Es decir, vamos a buscar teléfonos, computadoras, discos duros, documentación y todo eso. ¿Usted cree que una persona que presuntamente cometió un delito va a llegar con todo eso?
“Va llegar a decir: ‘Vea, no me allanen, aquí está toda la prueba en contra mía’. No lo van a hacer. Yo no conozco ningún caso en que una persona haya hecho eso. Entonces, el allanamiento es justamente para eso, para recolectar pruebas que sabemos que la persona no va a dar. Por eso, en estos casos de cuello blanco, se allanan empresas, instituciones, casas y otros lugares donde hay prueba que nadie la va a aportar”, cuestionó Soto.
El jerarca del OIJ subrayó que los crímenes de cuello blanco también incluyen los relacionados con fraudes, de tipo registral o electrónicos, los timos y una gran gama que se caracteriza por su alto grado de organicidad.
“Es decir, el nivel intelectual de estas personas es alto, incluso entienden perfectamente la legislación costarricense y el accionar policial”, destacó.
“Hemos tenido casos donde se ha ingresado a un lugar con un perfil ‘bajo’, porque se cree que es una persona de cuello blanco y hemos tenido enfrentamientos con las personas (involucradas).
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“En algunos momentos, han ocurrido eventos de fuego, aunque ciertamente es poco probable, pero la expertise policial nos dice que tenemos que entrar seguros para garantizar la vida de las personas, buenas o malas, que están en esa casa, cometan delito o no, y sin duda alguna, la de nuestros oficiales, y la del juez y el fiscal que nos acompaña”, explicó.
El proyecto de ley no fue convocado por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende del 1.° de mayo al 31 de julio, por lo que la Asamblea Legislativa deberá esperar hasta agosto para decidir si resella o no la iniciativa.
El expediente 24.495 fue presentado por la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), y busca modificar el artículo 193 del Código Procesal Penal.
Al inicio, la propuesta contó con el respaldo de la bancada de gobierno, durante su trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la votación de primer debate en el plenario.
No obstante, la postura cambió radicalmente en el segundo debate. Los diputados oficialistas fueron los únicos que votaron en contra de la iniciativa.
