El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, respondió al presidente Rodrigo Chaves después de que este vetó el proyecto de ley que permitiría realizar allanamientos judiciales a cualquier hora del día y cualquier día del año. Según el jefe policial, ahora los “delincuentes podrán dormir tranquilos”.
El jefe del OIJ calificó como lo sucedido como un retroceso en materia de seguridad nacional, al considerar que el proyecto constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado.
En un mensaje contundente, Zúñiga respondió directamente a las declaraciones del presidente durante su conferencia de prensa semanal, en la que acusó a las autoridades judiciales de actuar con arbitrariedad, tras los 22 allanamientos realizados este martes por el caso conocido como “Pista Oscura”, en el que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de la constructora MECO para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia de Guanacaste.
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“Me parece un despropósito que el señor Presidente de la República se expresa de esa forma en que lo está haciendo. Nadie puede estar por encima de la ley, y en el caso particular del OIJ nunca ha realizado una excepción de investigar a una persona sólo porque forma parte del gobierno de turno”.
Por el caso Pista Oscura se encuentran detenidos los exministros de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola y Luis Amador Jiménez; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís; el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos, y otras ocho personas más, cuyos nombres no han trascendido.
Una policía apolítica
Zúñiga defendió la independencia y objetividad de la Policía Judicial, y recordó que fue el propio Chaves quien, en una conferencia de prensa anterior, denunció un contrato “hecho a la medida” que supuestamente beneficiaba a MECO, motivo por el cual destituyó al exministro Amador.
“El OIJ claramente es apolítico, pero si resulta ser que el mismísimo presidente de la República informa en una conferencia de prensa sobre un posible acto de corrupción, en este caso de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, pues evidentemente se tiene que investigar siempre de forma objetiva, aunque al final parte de los imputados resulte en ser del mismo gobierno”.
Aunque en el documento enviado a la Asamblea Legislativa el presidente esgrimió razones de constitucionalidad para vetar la reforma del artículo 193 del Código Procesal Penal, en su intervención pública fue más allá. Chaves aseguró que los fiscales y miembros del OIJ, “en el mejor de los casos son incompetentes-arbitrarios”, y los acusó de aplicar la ley “como les da la gana, a quienes a ellos les da la gana”. Añadió que no firmará leyes que les otorguen más herramientas, pues “uno no le da alas a animales ponzoñosos”.
Ante estos señalamientos respondió:
“Sobre lo indicado de no brindar más herramientas a la Policía Judicial, pues esto no es de recibo. En realidad, quien le hace daño es a la seguridad del país, no es al OIJ. Es un mensaje equivocado, ya que los más favorecidos son evidentemente los delincuentes, quienes podrán ya dormir con mayor tranquilidad, a sabiendas de que le resultará más difícil a la Policía Judicial allanarles en horario inhábil”.
Para el jerarca del OIJ, el verdadero impacto de la decisión presidencial trasciende a la institución y golpea directamente a la ciudadanía.
“El OIJ le reitera al señor Presidente y a Costa Rica que el enemigo es el crimen organizado. La Policía está para ayudarle a cualquier gobierno que quiera velar por un país más tranquilo, pero tampoco va a permitir que se mancillen más de 50 años de historia policial, en la cual el OIJ ha sido siempre el referente en la investigación técnica y criminal”.
“Al final, la afrenta no es para el OIJ, es para todo un país que quiere más seguridad y también para un juramento que se prometió cumplir en su momento”, concluyó Zúñiga.