EscucharLa Fiscalía achaca a Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, haber presionado por modificaciones que permitieron un recarpeteo superficial de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, en vez de ejecutar la reconstrucción completa que se le había encargado a la constructora MECO.
Según el Ministerio Público, el cambio dejó la base dañada, comprometiendo la seguridad de la pista, y pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
La Fiscalía sostiene que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de MECO que “presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación”.
Por este caso, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también detuvieron al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; al director de Aviación Civil, Marcos Castillo; y a un funcionario identificado como Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
A los cuatro se les investiga por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Destituciones y la firma de Batalla
El contrato adjudicado a MECO ascendió a $41,7 millones y tenía como objetivo reparar las cuatro capas asfálticas de la pista del aeropuerto.
Sin embargo, en el segundo semestre del 2024, el proyecto tenía meses varado y MECO alegó que parte del trabajo que se le encomendó no era requerido y que la reparación podría costarle al Estado hasta $5,5 millones menos, es decir, cerca de $36,2 millones.
El fiscal general, Carlo Díaz, sostuvo que, a raíz de los incumplimientos en la obra y la retención de pagos, la constructora presentó una “ingeniería de valor”, es decir, una oferta para hacer un nuevo diseño, pero ninguno de los ingenieros a cargo quiso firmarlo porque no le encontraron un valor adicional.
De acuerdo con el director del OIJ, Randall Zúñiga, es en este momento cuando intervienen, supuestamente de manera irregular, Mauricio Batalla y el exdirector de Aviación Civil, Marcos Castillo.
“La unidad ejecutora de la obra no estaba de acuerdo con realizar ese cambio porque el contrato se había hecho por todas las cuatro capas como tal. A raíz de esa situación, el director de Aviación Civil comienza a generar aparentes presiones contra los funcionarios de la Unidad Ejecutora.
”Como la unidad ejecutora se niega a realizar esta conversión al cartel, quitan a estos miembros de la unidad ejecutora y, después, el señor Batalla firma y da el aval para que se pueda dar este recarpeteo. Al dar ese aval, a MECO se le descuenta $4 millones, cuando en realidad solo realizó un 30% de la obra que se le contrató por $41,7 millones“, narró Zúñiga.
Según el Ministerio Público, finalmente el gobierno pagó a MECO $39,9 millones.
El fiscal general, Carlo Díaz, agregó: “La empresa constructora presentó una oferta para hacer un nuevo diseño, y este nuevo diseño no tenía un nuevo ingeniero que lo firmara, por cuanto los de la unidad ejecutora se habían negado por considerar que no le aportaba ningún valor a la obra; en ese momento, don Mauricio Batalla interviene, firmando él como ingeniero, ese nuevo diseño”.
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Se saltaron los controles de la CGR
Esta contratación se adjudicó el 11 de enero del 2024, mediante un proceso expedito, de emergencia, que no pasó por los filtros de control de la Contraloría General de la República (CGR).
Seis meses antes, el 21 de junio del 2023, el presidente de la República, Rodrigo Chaves; y su entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, firmaron un decreto ejecutivo que permitió hacer de esa manera la contratación, incluyendo el proyecto en un decreto previo, emitido casi un año antes, por la tormenta tropical Bonnie.
Hicieron esa inclusión, a pesar de que el aeropuerto no sufrió afectación alguna a causa de esa emergencia. Liberia no registró daños importantes provocados por los vientos, lluvias o inundaciones causadas por esa tormenta.
Además, desde antes de esa emergencia, ya se sabía que la pista presentaba daños importantes que requerían ser atendidos con urgencia.
Las autoridades judiciales sospechan que Alejandro Picado, presidente de la CNE, “habría solicitado al Poder Ejecutivo que se incluyera a Liberia dentro de los cantones afectados por los efectos de las ondas tropicales 11, 12 y tormenta tropical Bonnie, con el supuesto objetivo de poder gestionar procesos licitatorios bajo el régimen de excepción establecido en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, según informó el OIJ en una nota de prensa.
Estas acciones habrían generado un perjuicio económico al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
