El exministro del Obras Públicas (MOPT), Mauricio Batalla; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director de Aviación Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo; y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos, fueron detenidos este 13 de mayo por las autoridades.
Los cuatro, explicó el Ministerio Público, son investigados por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y de tráfico de influencias.
Además de las detenciones, las autoridades dirigieron 22 allanamientos para decomisar evidencia en las oficinas del MOPT, la DGAC y la CNE; así como instalaciones de empresas constructoras y casas de habitación de los implicados.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que el caso se relaciona con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para el mantenimiento de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste.
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¿De qué se tratan los delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y de tráfico de influencias? Estas son sus definiciones y sus penas de prisión respectivas.
¿Qué son los delitos imputados?
Los delitos de tráfico de influencias y de influencia contra la Hacienda Pública están regulados por los artículos 52 y 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8.422).
Tráfico de influencias
El delito de tráfico de influencias se castiga con penas de dos a cinco años de prisión y ocurre cuando una persona influye, de forma directa o indirecta, para que un funcionario público “haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones” en beneficio propio o de un tercero.
La pena es de dos a cinco años, pero puede incrementarse hasta en un tercio cuando la influencia proviene de altos jerarcas.
Puntualmente, la pena se agrava cuando intervienen miembros de los Supremos Poderes o del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el contralor o el subcontralor general, el procurador general o el procurador general adjunto, el fiscal general, el defensor o el defensor adjunto de los habitantes, el superior jerárquico de quien debe resolver o miembros de los partidos políticos con cargos de dirección nacional.
Influencia contra la Hacienda Pública
El delito de influencia contra la Hacienda Pública, por otra parte, se castiga con penas de dos a ocho años de prisión y castiga a los funcionarios públicos que, al desempeñar sus funciones, “influyen, dirigen o condicionan” para que se produzca una situación que daña “los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público“.
Antecedentes del caso
Batalla, Picado, Castillo y Villalobos son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, en el año 2023.
Según las investigaciones preliminares, uno de los sospechosos habría solicitado al Poder Ejecutivo ampliar el área de cobertura de un decreto de emergencia por las ondas tropicales 11 y 12, y la tormenta tropical Bonnie, con el fin de facilitar procesos de contratación en el aeropuerto sin justificación técnica que lo relacionara.
De ese modo se adjudicó el proyecto denominado “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós” a la empresa privada MECO, por medio de un proceso que quedó en firme el 29 de enero de 2024.
A partir de ese momento, se inició el proceso de reparación de la pista, según los términos del cartel y las especificaciones técnicas definidas por personal de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC.
Dichas especificaciones contemplaban no solo el recarpeteo superficial, sino también la intervención de las capas subyacentes, con el fin de garantizar mayor durabilidad y atender los daños atribuidos a las tormentas. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, la empresa constructora propuso aplicar una “ingeniería de valor”, por medio de la cual alegó que no era necesario intervenir ciertas capas inicialmente contempladas.
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Las “ingenierías de valor” son trámites que buscan optimizar el costo y la funcionalidad de un proyecto sin sacrificar su calidad, a partir de un análisis de los materiales, procesos y diseños para identificar áreas donde se puedan reducir costos. Pero, según las pesquisas, la propuesta que se hizo en este caso sí habría implicado una modificación sustantiva.
Siempre según la investigación, el encargado de la unidad ejecutora y los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica se opusieron al cambio, pero habrían recibido presiones por parte de los detenidos.
Dichas presiones habrían derivado en el reemplazo del jefe de la unidad ejecutora, lo cual habría facilitado la aprobación de la ingeniería de valor y la modificación contractual a favor del contratista.
La adjudicación inicial era de $40 millones “para arreglas las cuarto capas de la carpeta asfáltica del aeropuerto”, según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga; pero con la reevaluación se decidió solo reasfaltar la primera capa por un monto apenas $4 millones inferior. En otras palabras, indicó, “lo que se le descuenta a la empresa MECO son $4 millones de los $40 millones iniciales, cuando en realidad lo que se reelaboró o lo que se trabajó fue un 33% de la obra”.