Decreto incluyó reparación de emergencia en aeropuerto un año después de tormenta

Para justificar su decisión, el mandatario y la ministra ignoraron daños de la infraestructura previos al fenómeno meteorológico. Además, afirmaron que las precipitaciones provocadas por la tormenta tropical aceleraron el deterioro de la pista y citaron registros de lluvias inexactos.

El 12 de julio del 2022, nueve días después del paso de Bonnie por el país, Chaves y Díaz firmaron un primer decreto ejecutivo en el que incorporaron 12 cantones y cuatro distritos afectados. Sin embargo, en esa oportunidad no incluyeron a Liberia, pues no se registraban daños importantes provocados por los vientos, lluvias o inundaciones causadas por la tormenta.

En respuesta a ese primer decreto ejecutivo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprobó, en setiembre del 2022, el Plan General de Emergencia, en el cual se contemplaron obras y servicios para atender los destrozos causados por Bonnie. En ese documento, el único requerimiento para Liberia fue el alquiler de maquinaria para extracción de material en un tajo.

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El artículo 38 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo establece que las instituciones públicas tienen un plazo máximo de dos meses para entregar un reporte oficial de daños y una estimación de costos para cubrir las necesidades.

Bajo ese contexto, la CNE aprobó el Plan General de Emergencias y fijó que se podrían incluir otras obras siempre que hubiera un “nexo de causalidad” con la tormenta tropical. Ese plazo venció, entonces, en marzo de 2023.

No obstante, Chaves y Díaz decretaron la introducción de las mejoras en el aeropuerto liberiano en junio del 2023, tres meses después de que caducó el plazo definido por la CNE.

La Nación le solicitó una entrevista a Díaz sobre este tema, pero su encargado de prensa respondió que la jerarca está en Francia y no podía atender.

Según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la contratación de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje fue publicada el 11 de octubre del 2023 y adjudicada a la constructora MECO el 11 de enero del 2024 por ¢21.890 millones. Esa compañía es una de las involucradas en el caso Cochinilla.

Este martes 12 de marzo, Chaves destituyó a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, alegando que esa contratación se hizo como un “traje a la medida” de MECO y que el país deberá pagar un sobreprecio de $2 millones (¢1.000 millones, aproximadamente) por haber elegido a esa empresa y no a Grupo Pedregal, que ofertó por menos dinero.

El presidente de la República también ordenó la salida de Fernando Naranjo, director general de Aviación Civil.

“No tengo evidencia de corrupción de don Luis Amador ni Fernando Naranjo; sin embargo, ellos firmaron algo que solo una empresa podía calificar en los términos del puntaje. Pareciera que el interés público no fue el suficiente como para que ellos, cuando pusieron sus firmas, estuvieran seguros”, comentó Chaves.

José Alfredo Sánchez, presidente de MECO, afirmó este miércoles 13 de marzo que Chaves “estuvo involucrado” en el proceso de licitación.

“El presidente estuvo involucrado personalmente en todo este proceso. Que ahora esto le parezca a él una barbaridad, deja muchas dudas y no tenemos ni la más remota idea a qué se debe, pero él conocía el proceso, estuvo involucrado, sabía que se había adjudicado, sabía de la firma y también de la orden de inicio”, aseveró Sánchez en entrevista con La Nación.

Alicia Paz, asesora de prensa de Amador, declaró que el exministro “de momento no tiene contemplado referirse al tema. Habrá que esperar su regreso”. Amador, junto con Naranjo, están de viaje oficial en Canadá participando en la Feria de Innovación Digital de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Por su parte, Alejandro Picado, presidente de la CNE, atendió una llamada de este medio, pero no permitió que se le hicieran preguntas, aseguró que contestaría a través de la oficina de prensa y colgó la llamada.

Registro de lluvias inexactos

Chaves y Díaz, en el decreto de junio del 2023, citaron registros de lluvias inexactos para justificar la decisión de incluir la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en el plan de emergencia.

De acuerdo con el decreto ejecutivo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) registró, en Liberia, Guanacaste, entre 125 y 156 milímetros de lluvia el 2 de julio del 2022. Sin embargo, no aclararon que esas precipitaciones se registraron al norte de Liberia.

Esos datos provienen del boletín meteorológico de julio del 2022, pero el mismo documento detalla los registros de lluvias de la estación meteorológica del aeropuerto liberiano, los cuales son mucho menores a los mencionados por el presidente y la ministra.

El 2 de julio del 2022, la estación en el aeropuerto Daniel Oduber contabilizó poco más de 50 milímetros de lluvia. El 1.º de julio de ese mismo año fueron casi 10 milímetros y el 3 de julio, último día la influencia de Bonnie en el país, un milímetro. Esa información no fue mencionada por Chaves y Díaz en el decreto ejecutivo.

Tampoco citaron que los 50 milímetros de lluvia del 2 de julio no son un evento extraordinario, ya que otros días de ese mismo mes se presentaron registros similares. Por ejemplo, el 13 de julio también cayeron 50 milímetros.

Para firmar el decreto ejecutivo de junio de 2023, Chaves y Díaz se apoyaron en un acuerdo de la Junta Directiva de la CNE del 20 de junio del 2023. Ese día, los directivos de la CNE recomendaron ampliar el decreto ejecutivo firmado el 12 de julio del 2022 e introducir la pista de aterrizaje en el plan de emergencia.

En la recomendación, la Junta Directiva de la CNE se limita a indicar que las lluvias ocurridas durante la tormenta tropical “provocaron que se acelerara el deterioro de la pista”, pero no citan ningún análisis técnico para fundamentar esa afirmación.

Agregan que las lluvias “ocasionaron una contaminación generalizada de la base de la pista con materiales orgánicos”, pero no especifican el tipo de material ni los efectos exactos sobre la infraestructura.

La causa de las averías en la pista es importante, ya que la legislación exige que debe haber un nexo “entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados”. Así lo establece el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Además, desde 1992, la Sala Constitucional ratificó, por medio del voto 3410-92, que para utilizar el régimen de compras por excepción creado por esa legislación debe existir “inequívocamente” el nexo de causalidad.

La oficina de prensa de la Contraloría General de la República manifestó que, por tratarse de una contratación ligada a un decreto ejecutivo de emergencia, no les competía fiscalizar el proceso de licitación y contratación de la rehabilitación de la pista.

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Daños previos

En el decreto ejecutivo, las autoridades no contemplaron la larga lista de problemas arrastrados por la terminal aérea con respecto a su pista. Por ejemplo, desde 2017 se registran desprendimientos de asfalto que obligaron al cierre temporal del aeropuerto.

Además, una de las actas del Consejo Técnico de Aviación Civil muestra las discusiones en ese órgano relacionadas con el mal estado de esa infraestructura.

Por ejemplo, en el acta 20-2021 del 10 de marzo del 2021, el directivo Claudio Donato dijo que la pista tiene “varios años de estar en una situación complicada desde el punto de vista estructural”. También, en 2018, un informe de Aviación Civil señaló la necesidad de “corregir el peligro de inundación en la pista”.

Todos esos problemas confirman que existían inconvenientes previos a la tormenta y que no hay un nexo de causalidad entre las lluvias de Bonnie y los daños de la pista.