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La presidenta Laura Fernández sostendrá este lunes su primera reunión con las autoridades del Poder Judicial, tras asumir las riendas del gobierno. El encuentro se da en un contexto en el que distintos actores reconocen la necesidad de mejorar la operatividad del sistema de justicia, pero con profundas diferencias en el tono y el enfoque para abordar el tema.
La discusión está enmarcada en la narrativa impulsada por el gobierno anterior de Rodrigo Chaves —del cual Fernández se declara heredera— y por el desacuerdo en torno a las pretensiones del Ejecutivo.
Algunos sectores consideran que estas pondrían en riesgo la independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre poderes. También genera rechazo la propuesta de la mandataria de suspender garantías individuales en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada.
Una relación fracturada
Del lado judicial, Fernández tendrá como interlocutores al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala III, Patricia Solano; y el fiscal general, Carlo Díaz. Todos ellos fueron blanco de reiterados ataques por parte de Chaves durante su administración, cuando incluso exigió sus renuncias y los responsabilizó por la crisis de inseguridad que marcó su gestión.
A la reunión también asistirá Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución a la que el gobierno anterior se negó en varias ocasiones a trasladar recursos presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa.
Según adelantó Fernández, en la cita planteará las prioridades de su gobierno en cuanto a las “reformas profundas que necesita el Poder Judicial”.
Las promesas de Chaves
El recelo sobre las implicaciones de esos planes encuentran su asidero en declaraciones, que si bien fueron dadas por Chaves antes de entregar la banda presidencial, no pierden relevancia porque el exmandatario fue nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda. Desde ese rol, será el principal articulador con los diputados de la agenda de reformas que impulse Fernández.
Antes de dejar el poder, y con conocimiento de la oferta que le hizo Fernández de liderar el Ministerio de la Presidencia, Chaves se comprometió a tomar control del Poder Judicial. “Juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, expresó el 23 de abril.
Pese a estos antecedentes, Orlando Aguirre valoró positivamente la reunión y la consideró una oportunidad para recomponer la relación entre ambos poderes. “Debemos dejar las cargas negativas que llevamos y trabajar en sentido positivo”, señaló en entrevista con La Nación.
Un llamado similar había hecho Carlo Díaz, en una carta enviada a Fernández pocos días después de su elección. “(...) confío en que se abra una nueva etapa en la relación entre los poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común”, externó.
La cúpula judicial a revisión
En paralelo a la discusión sobre reformas, hay un elemento clave que podría incidir directamente en este proceso: durante los próximos cuatro años, la Asamblea Legislativa deberá resolver la continuidad o sustitución de 13 de los 22 magistrados propietarios de la Corte Suprema. Es decir, definirá en gran medida la conformación del Poder Judicial.
Durante su gobierno, Chaves promovió que los nuevos diputados se opongan a la reelección de magistrados propietarios, especialmente de la Sala III. El artículo 158 establece que los magistrados se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra.
La fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 curules. Sin embargo, Chaves aseguró que buscarían “reclutar a siete diputados” adicionales para alcanzar los 38 votos necesarios, tanto para frenar reelecciones como para impulsar reformas constitucionales.
Además, el Congreso deberá elegir, entre otros, a 12 magistrados suplentes de la Sala Constitucional cuyos nombramientos quedaron pendientes, en parte por la negativa del oficialismo y sus aliados a avanzar en el proceso.
A esto se suma la designación de 17 magistrados suplentes cuyos cargos quedarán vacantes entre 2028 y 2029.
Propuestas desde el Congreso
Desde la Asamblea Legislativa también existe disposición para impulsar reformas al Poder Judicial, aumentar las penas por actividades criminales y dotar de mayores herramientas a los cuerpos policiales para enfrentar el crimen organizado.
En ese sentido, la reunión entre Fernández y el Poder Judicial es vista con buenos ojos desde el Congreso. “En este momento tan complejo del país, los poderes de la República deben trabajar de manera articulada, porque necesitamos soluciones reales y urgentes”, expresó Abril Gordienko, de la fracción unipersonal de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La diputada rojiazul señaló la necesidad de que lo conversado se traduzca en “soluciones concretas, alrededor de temas prioritarios”.
Las cuatro fracciones de oposición presentaron una agenda de consenso en la que manifestaron su anuencia a respaldar distintas iniciativas de ley, como la relacionada con la extinción de dominio.
“La base de esta agenda es que podamos convertir esto en una herramienta para la negociación política, sin hacer alusión a expedientes específicos (...) se han planteado los temas de manera muy puntual, que son los que nos parecen son el menú de herramientas que debería tener el Estado para combatir de manera más eficiente al crimen organizado”, indicó Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
También contemplan el aumento de penas por portación ilegal de armas, la aprobación de una ley de ejecución de la pena y la modernización del sistema penitenciario. A esto se suma la intención de agilizar los procesos penales y garantizar que no haya impunidad.
La reducción de la mora judicial, la revisión del sistema de nombramiento de magistraturas, la separación de funciones judiciales y administrativas, así como el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, forman parte de los compromisos asumidos.
“Hay necesidades de mejorar nuestra justicia que son indiscutibles, pero una cosa es mejorar la justicia, hacerla más ágil, más funcional, y otra cosa es querer controlar a los jueces para tenerlos arrodillados ante el gobierno”, afirmó José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio (FA).
Líneas rojas: independencia y división de poderes
En esa línea, el manifiesto de las bancadas de oposición establece límites claros: no respaldarán reformas constitucionales que debiliten derechos fundamentales, reduzcan garantías sociales o alteren la independencia entre poderes. Tampoco apoyarán iniciativas que afecten a la Corte Suprema de Justicia, el OIJ, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Estas cuatro fracciones tenemos claro que la división de poderes es importante en cualquier democracia y que una de las líneas rojas para nosotros sería el debilitamiento de esa autonomía o división de poderes, o la concentración de poder de parte de uno de los Poderes de la República, en este caso el Poder Ejecutivo”, señaló Claudia Dobles, de la bancada unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
¿El mejor camino para llegar al objetivo?
Sobre la mesa también figura una propuesta del FA para crear una comisión especial con potestades mixtas, encargada de investigar el funcionamiento del Poder Judicial, generar propuestas de mejora y presentar proyectos de ley.
Aunque esta iniciativa cuenta con el visto bueno de otras bancadas de oposición, no está clara la posición del oficialismo. No obstante, el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, adelantó a La Nación —sin referirse directamente a la propuesta del FA— que descartan la conformación de mesas de trabajo como las impulsadas en la administración anterior, con participación de los tres poderes.
“Nosotros no creemos en mesas de trabajo si esto va a generar discusiones eternas”, expresó.
Para el martes está previsto que Fernández dialogue con las fracciones legislativas sobre las prioridades del Ejecutivo.
