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La Asamblea Legislativa que resulte electa en los comicios del 1.° de febrero del 2026 tendrá un peso decisivo en la definición de la arquitectura institucional del país: deberá resolver la continuidad o sustitución de 13 de los 22 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, además de nombrar a las máximas autoridades de los principales órganos de control del Estado.
No en vano, el presidente Rodrigo Chaves y la campaña de la candidata presidencial Laura Fernández −quien representa la continuidad de la actual administración bajo la bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO)− han insistido en la necesidad de alcanzar una supermayoría en el próximo Congreso.
En su último informe de labores ante los diputados del periodo constitucional 2022-2026, el mandatario resaltó la importancia de sumar 38 diputados en los próximos comicios, argumentando que “el Estado costarricense, en sus tres poderes, tiene que sufrir una transformación profunda si queremos seguir avanzando para lograr el bienestar común.”
La llegada de los nuevos diputados (2026-2030) coincidirá con un ciclo de vencimientos tanto en los nombramientos de magistrados propietarios y suplentes como en los de las máximas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General.
¿Reconfiguración o continuidad?
El grupo más numeroso de magistrados propietarios sobre los cuales los próximos legisladores deberán pronunciarse, ingresará a la agenda parlamentaria pocos meses después de que los nuevos diputados asuman sus cargos, el 1.° de mayo del 2026.
Solo entre setiembre y noviembre vence el nombramiento de cinco magistrados propietarios. Según el artículo 158 de la Constitución Política, los altos jueces se reeligen de forma automática, salvo que 38 diputados voten en contra de su continuidad.
En el caso de los magistrados suplentes, el mayor volumen de vencimientos ocurrirá en el 2028. Un total de 11 nombramientos concluirán entre marzo y junio de ese año, mientras que los seis restantes agotarán su periodo entre enero y mayo del 2029.
La mayor concentración de vencimientos se registrará en la Sala Segunda, que deberá renovar a cuatro magistrados propietarios y ocho suplentes. Este tribunal tiene competencia en materia laboral y de familia. No obstante, la Sala Constitucional también podría experimentar cambios de peso, ya que cuatro de sus siete integrantes titulares estarán sujetos a reelección.
El Informe Estado de la Justicia 2025, del Programa Estado de la Nación, advirtió sobre la magnitud de los cambios que se aproximan en el Poder Judicial. Según el documento, “la Corte está expuesta a una importante reconfiguración en su composición, sea debido al retiro de magistrados actuales, tanto por jubilación como por falta de interés de continuar en el cargo, o por su no reelección en la Asamblea Legislativa. La profundidad de esta reconfiguración será determinante”.
Efecto dominó
Los eventuales cambios en la conformación de la Corte Plena −integrada por magistrados de todas las salas− podrían generar un efecto dominó en otros puestos clave del aparato judicial y electoral. Una renovación significativa en ese órgano tendría impacto directo en decisiones como la elección del fiscal general y de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cargos que dependen de la votación interna de la propia Corte.
En este contexto, el nombramiento de Carlo Díaz como fiscal general concluye el 31 de octubre del 2026. Además, en el 2027 vencerán los periodos de un magistrado propietario y dos suplentes del TSE. A estos se sumarán, en el 2029, la renovación del nombramiento de una magistrada propietaria y dos suplentes del ente electoral.
Órganos de control
Otros dos cargos de alto peso institucional sobre los cuales deberán pronunciarse los nuevos diputados son los de contralor y subcontralor de la República. Quienes actualmente ocupan esos puestos, Marta Acosta Zúñiga y Bernal Aragón Barquero, concluirán sus nombramientos el 7 de mayo del 2028.
Una situación similar se producirá en la Defensoría de los Habitantes. La defensora, Angie Cruickshank Lambert, finalizará su periodo el 1.° de marzo del 2027, mientras que el defensor adjunto, Juan Carlos Pereira, permanecerá en el cargo hasta el 26 de enero del 2029.
Tanto la Contraloría como la Defensoría ejercen funciones esenciales de control sobre las actuaciones de los poderes de la República y de las instituciones públicas. Mientras la Contraloría fiscaliza el uso de los recursos estatales y vela por la correcta gestión financiera del sector público, la Defensoría supervisa el respeto a los derechos de las personas frente a la Administración.
En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), el nombramiento de su titular, Iván Vincenti Rojas, vencerá el 25 de abril del 2029. Este cargo es designado por el Consejo de Gobierno, pero su nombramiento debe pasar a la Asamblea Legislativa, que deberá ratificarlo o rechazarlo.
La Procuraduría actúa como el abogado del Estado. Representa jurídicamente a las instituciones públicas, emite criterios legales vinculantes y defiende los intereses del Estado en los tribunales.
Nombramientos en entes reguladores
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), tampoco escapan de esta dinámica.
Los periodos de los tres miembros titulares y una suplencia del Consejo Directivo de la Sutel concluirán entre octubre del 2027 y abril del 2029. En el caso de la Aresep, los nombramientos de tres de los cinco integrantes de la Junta Directiva vencerán entre agosto del 2028 y abril del 2030.
Una lucha de tres... hasta ahora
Aunque 24 partidos políticos −20 de alcance nacional y cuatro de carácter provincial− participan en las elecciones legislativas, solo tres logran ubicarse por encima del margen de error en las encuestas de intención de voto elaboradas por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).
Se trata de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), según los análisis del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la UNA.
La asignación de escaños en la Asamblea Legislativa se realiza mediante un sistema de cociente y cifra residual, con una barrera mínima llamada subcociente. Primero, se calcula el cociente dividiendo los votos válidos en una provincia entre el número de escaños disponibles. Cada partido que alcance ese cociente obtiene un escaño.
Si quedan escaños por asignar, se utilizan las cifras residuales (los votos sobrantes) de los partidos, incluyendo aquellos que no alcanzaron el cociente, pero sí al menos el 50 % de esa cifra (el subcociente). La distribución se hace en orden descendente, según los votos residuales hasta llenar todas las plazas.
