En medio de un contexto marcado por la inseguridad, la polarización política y crecientes cuestionamientos a las instituciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, lanzó una defensa frontal de la independencia judicial y advirtió sobre los riesgos de debilitar los contrapesos del Estado.
“Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido”, afirmó durante el acto de apertura del Año Judicial 2026, en un discurso que coincidió además con el bicentenario de la institución y que estuvo lleno de referencias a las tensiones actuales entre poderes y al deterioro del debate público.
El magistrado señaló que el país atraviesa “una hora exigente para la República”, en la que la crisis de inseguridad, la desinformación y la polarización han configurado un entorno que presiona a las instituciones y simplifica la discusión pública. En ese escenario, cuestionó las narrativas que responsabilizan al Poder Judicial de problemas estructurales como la criminalidad o el atraso nacional.
“Se ha querido instalar la idea de que el Poder Judicial es responsable de la crisis de seguridad, de la corrupción y del atraso nacional. Esa narrativa es equivocada”, sostuvo Aguirre, sin hacer referencia directa a sus autores, pese a que los señalamientos no han sido anónimos.
Choque con el discurso de Zapote
Los últimos cuatro años han estado marcados por las tensiones entre el Poder Ejecutivo con el Judicial y el Legislativo. Al frente, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha comandado la arremetida, culpando directamente a magistrados, jueces, la Fiscalía General y diputados por la crisis de inseguridad que atraviesa el país, con niveles históricos de homicidios.
No obstante, Aguirre advirtió que, bajo ese enfoque, se ha intentado presentar las garantías constitucionales como obstáculos para la acción del Estado y no como herramientas de protección ciudadana. “Se ha querido hacer creer que las garantías son una indulgencia, que los controles son un lujo burocrático y que la separación de poderes impide gobernar”, agregó.
En este sentido aludió a la propuesta de la presidenta electa, Laura Fernández, de levantar o suspender las garantías individuales, por razones de seguridad, en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada.
La iniciativa ha sido respaldada por el diputado electo Nogui Acosta, próximo jefe de la fracción del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO). La bancada oficialista contará con una representación de 31 diputados, siete menos de los 38 necesarios para suspender las garantías o libertades de las personas.
Frente a esto, defendió que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una condición esencial para la libertad. “Existe para proteger a las personas, para asegurar que el poder se ejerza bajo reglas y no bajo caprichos”, indicó.
El discurso también incluyó una advertencia más amplia sobre el estado de las democracias contemporáneas. Según el presidente de la Corte, algunas fórmulas políticas que resultan eficaces para conquistar el poder no necesariamente lo son para ejercerlo dentro del marco del Estado de derecho, lo que genera tensiones con los sistemas de control y con la institucionalidad.
Espacio para la autocrítica
No obstante, el jerarca incorporó un componente de autocrítica al reconocer que la legitimidad del Poder Judicial también depende de su capacidad de responder con eficacia a las demandas ciudadanas. En particular, señaló que el país tiene derecho a exigir mayor celeridad, transparencia, cercanía y resultados frente a fenómenos como el crimen organizado y la corrupción.
“El país tiene derecho a pedir una justicia pronta y cumplida que no se refugie en formalismos para explicar sus demoras”, afirmó.
En esa línea, destacó una serie de acciones impulsadas desde el Poder Judicial para mejorar su funcionamiento, entre ellas reformas orientadas a agilizar la justicia penal, cerrar espacios a tácticas dilatorias, fortalecer la gestión de los despachos y avanzar en la especialización jurisdiccional.
También subrayó el avance, en la Asamblea Legislativa, de una reforma al régimen disciplinario y sancionatorio, que calificó como una transformación necesaria tras más de tres décadas sin una revisión integral. Según explicó, esta iniciativa busca fortalecer la integridad institucional, mejorar la trazabilidad de las sanciones y reforzar la rendición de cuentas.
El proyecto busca evitar la filtración del crimen organizado en el Poder Judicial, a través de la corrupción de sus funcionarios, tanto los que están activos como los que están en listas de suplentes, elegibles o meritorios.
Aguirre planteó que el principal desafío es sostener un equilibrio entre independencia y resultados, en un contexto de alta presión pública. “La independencia sin resultados se vuelve vulnerable. Pero los resultados sin independencia dejan de ser justicia”, advirtió.
Más allá de las reformas internas, el presidente de la Corte hizo un llamado a preservar el equilibrio entre poderes y a evitar discursos que presenten a las instituciones republicanas como obstáculos que deben ser removidos.