Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó este viernes una propuesta sobre levantamiento de garantías individuales muy similar a la que había planteado Fabricio Alvarado, aspirante de Nueva República (PNR).
Fernández propuso levantar o suspender las garantías individuales, por razones de seguridad, en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada.
Una iniciativa similar lanzó el diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado el 1.° de setiembre, mediante un video publicado en sus redes sociales.
En la grabación, Alvarado argumentó que la primera instrucción de una posible fracción legislativa de Nueva República, electa en el proceso electoral del 2026, sería negociar con las demás bancadas y el Poder Ejecutivo la declaratoria de un estado de excepción, para atender la ola de criminalidad.
La propuesta del legislador tampoco aplicaría para todo el territorio nacional, sino que estaría circunscrita a aquellas comunidades en las que se identifique, por parte de las autoridades, que las organizaciones criminales tienen el control.
La suspensión de garantías y libertades, según la Constitución Política, requiere el apoyo de una mayoría calificada del Congreso; es decir, 38 votos.
De acuerdo con la Constitución Política, las garantías individuales incluyen, entre otros, las siguientes:
- La libertad de tránsito por el territorio nacional
- La inviolabilidad del domicilio
- El secreto de las comunicaciones
- El derecho a la intimidad
- La libertad de asociación
- El derecho de reunión
- La libertad de pedir información a los funcionarios públicos y hacer peticiones al Estado
- La libertad de expresión y opinión
- La igualdad
- La garantía de que nadie puede ser detenido sin indicio comprobado alguno
- El derecho a no ser sometido a tratamientos crueles
- La inviolabilidad de la propiedad
Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación (PNG), también planteó aplicar un estado de excepción en ciertas zonas del país como una estrategia para enfrentar lo que él denomina “terrorismo delincuencial”, de acuerdo con una publicación del diario La República.
En Centroamérica, modelos similares se aplican en países como El Salvador, que lleva más de tres años bajo un estado de excepción. Según el gobierno de ese país, los homicidios han caído a niveles mínimos; sin embargo, la oposición y organismos internacionales denuncian violaciones a los derechos humanos.