La Asamblea Legislativa entrará en los próximos meses en una de las discusiones más sensibles en el equilibrio de poderes: la continuidad o renovación de la Corte Suprema de Justicia.
Este año vencen los nombramientos de cinco magistrados propietarios, lo que obligará al Congreso a decidir si los reelige o abre la puerta a una reconfiguración de la cúpula judicial.
A esto se suma la renovación de magistrados suplentes. La Asamblea arrastra la elección de nueve suplentes de la Sala Constitucional y tres de la Sala III, cuyos procesos están pendientes pese a que ya existen listas de candidatos.
Además, los diputados tendrán que pronunciarse sobre nuevas nóminas que envíe la Corte para completar los 12 suplentes de la Sala Constitucional, así como los tres suplentes de la Sala I.
La regla de la reeleción automática y los 38 votos
El punto de partida está definido por la Constitución Política. El artículo 158 establece que los magistrados propietarios se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra. Ese umbral convierte cualquier intento de sustitución en un ejercicio de construcción política compleja.
El oficialismo cuenta con 31 diputados, siete menos de los necesarios para bloquear la reelección automática. Esa brecha obliga al Gobierno a negociar con otras fracciones si pretende avanzar en un cambio en la integración de la Corte.
No obstante, el primer frente es inmediato. A los cinco magistrados propietarios que deberán someterse al proceso de reelección automática se suma una vacante ya confirmada: la magistrada de la Sala de Casación Penal (Sala III), Sandra Zúñiga, dejará el cargo a partir del 1.° de junio tras acogerse a su pensión.
Esto obliga al Congreso no solo a decidir sobre continuidades, sino también a hacer al menos un nombramiento desde cero en el corto plazo, en una de las salas más sensibles del Poder Judicial.
Objetivo político del oficialismo
Durante la administración de Rodrigo Chaves, el Ejecutivo mantuvo una postura crítica hacia el Poder Judicial y planteó la necesidad de reformar su cúpula.
Incluso, en los días previos a dejar el cargo, el expresidente fue más allá: prometió “tomar control” del Poder Judicial y aseguró que “reclutaría” a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para conseguir los 38 votos necesarios para evitar la reelección de magistrados.
Ese discurso incluso tuvo nombres propios. El 14 de abril, en San Ramón, durante una de sus últimas giras como mandatario, Chaves planteó de forma expresa la meta de reunir 38 votos para impedir las reelecciones en la Sala III, comenzando por su presidenta, Patricia Solano, cuyo nombramiento vence a inicios de noviembre.
“Que se unan siete más para no reelegir un solo magistrado de la Sala III, empezando por Patricia Solano”, dijo en una de sus últimas giras, realizada en el cantón de San Ramón, el pasado 14 de abril.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández llegó al poder con la promesa de impulsar reformas al Poder Judicial, como bandera heredada del chavismo. Por eso, los nombramientos en la Corte se convierten en una pieza estratégica.
Además, en ese ajedrez político, Rodrigo Chaves continúa jugando un rol importante como ministro de la Presidencia y de Hacienda, lo que lo ubica en una posición directa de articulación política con la Asamblea Legislativa.
Desde ese rol, mantiene capacidad de interlocución con la bancada oficialista y con eventuales aliados que pueda sumar como parte de la aritmética legislativa.
En los corrillos políticos todavía resuenan las palabras de Chaves el 24 de abril ante el Foro Mi País, brazo político de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC).
“Lo importante es que el pueblo de Costa Rica haya recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y del Ejecutivo, obviamente nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, expresó el gobernante.
Futuro del fiscal general
El calendario institucional de 2026 incluye otro relevo de alto impacto. El fiscal general, Carlo Díaz, concluye su periodo el 31 de octubre. Su sustitución corresponde a la Corte Suprema de Justicia, no a la Asamblea Legislativa, pero ocurre en paralelo al proceso de renovación de magistrados.
El cargo adquiere relevancia adicional por las diferencias públicas que el propio Chaves mantuvo con Díaz durante su administración, lo que añade un elemento de tensión al contexto general de cambios en la cúpula judicial.