El Ministerio de Hacienda se negó a habilitar, durante el primer trimestre del año en curso, la ejecución de ¢8.687,88 millones incluidos en el Presupuesto Nacional 2026 para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, pese a que dichos fondos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.
En una carta del pasado 13 de enero pasado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, recordó al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa incorporó, al presupuesto del 2026, los recursos necesarios para la creación de 176 plazas nuevas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público.
Además, en el caso del OIJ, se adicionaron recursos mediante ese mismo mecanismo para el pago de arriendos y equipo de transporte.
La decisión tomada por Hacienda genera, según el documento firmado por Aguirre Gómez, un “impacto directo y demoledor” en los planes de trabajo del OIJ y el Ministerio Público, en su esfuerzo para combatir la criminalidad organizada en el país.
Por ello, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó colaboración al ministro de Hacienda para coordinar la habilitación del presupuesto autorizado por la Asamblea, con el objetivo de dotar al Ministerio Público y al OIJ de los recursos mínimos para hacer frente a los fenómenos criminales que enfrenta Costa Rica.
En diciembre anterior, Hacienda descartó incorporar los recursos aprobados al Poder Judicial.
“No resulta prudente incluir en la programación financiera de 2026 la ejecución de varios gastos incorporados durante el trámite legislativo del presupuesto ordinario de ese ejercicio económico, particularmente los financiados con rebajas de la subpartida presupuestada para atender el pago de intereses de la deuda interna”, señala el oficio MH-DM-OF-1894-2025, del 11 de diciembre de 2025, enviado por el despacho del ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, a la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Esta Dirección indicó al Poder Judicial, el pasado 19 de diciembre, que Lücke solicitó mantener en “estado de no ejecución” los registros presupuestarios que se incrementaron mediante mociones durante el trámite legislativo del proyecto de Presupuesto Ordinario 2026, entre ellas las numeradas 17, 18, 19, 20 y 21, que asignan recursos al Poder Judicial y que provienen de rebajas a subpartidas presupuestadas para el pago de intereses de la deuda pública.
En consecuencia, la Dirección General de Presupuesto Nacional aseveró que no considerará, en la programación trimestral de cuotas para 2026, un total de ¢8.687,88 millones incluidos por la vía de las mociones mencionadas, según expone el oficio MH-DGPN-UAPP-OF-0022-2025, Liberación cuota presupuestaria I trimestre 2026.
El objetivo de los recursos
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, afirmó que el recurso adicional busca fortalecer la capacidad operativa del Ministerio Público, al facilitar la realización de investigaciones, allanamientos y acusaciones, así como la atención de casos críticos. Con ello, añadió, se pretende garantizar una respuesta más oportuna a las víctimas y a los usuarios del sistema de justicia.
“La insuficiencia de talento humano limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la normativa procesal penal, lo que a su vez incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y posibles responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado”, apuntó Díaz.
Por su parte, Michel Soto, director general a. i. del OIJ, detalló que las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario para 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de las sedes institucionales en “Sede La Cruz – OIJ, Sede Tamarindo – Tempate – Cabo Velas – OIJ, Sede Puerto Jiménez – OIJ”; así también como para labores operativas de custodios de detenidos para todo el país.
“Lo grave de la situación es que estas sedes policiales no constituyen simples puntos administrativos o de atención ordinaria, sino que corresponden a sectores territorialmente vitales y estratégicos, altamente expuestos a dinámicas criminales complejas, caracterizadas por estructuras organizadas, movilidad transnacional, violencia instrumental, control de rutas, asentamientos operativos y patrones delictivos que demandan una respuesta institucional inmediata, constante y especializada”, señaló Soto.
El jerarca agregó que la falta de personal o la imposibilidad de ejecutar las plazas previstas tendría efectos directos y previsibles, como el aumento en los tiempos de respuesta ante delitos graves y una limitación real para desarrollar diligencias de investigación.
