El fiscal general, Carlo Díaz, expresó su confianza en que se abra “una nueva etapa en la relación entre los Poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común”, en una carta dirigida a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.
De esa forma el jefe del Ministerio Público abre la puerta a la futura administración para limar asperezas, luego de casi cuatro años de ácidas críticas del Ejecutivo hacia el ente acusador, que tiene causas abiertas contra el actual mandatario, Rodrigo Chaves, y su sucesora.
En la misiva, Díaz, felicitó a Fernández por la confianza que el pueblo costarricense le confirió en las urnas y deseó que “Dios le conceda sabiduría, discernimiento y fortaleza, para que su liderazgo contribuya a guiar al país hacia la unidad, la paz social y el reencuentro que la población necesita”.
El jefe del Ministerio Público destacó que Costa Rica enfrenta importantes desafíos que exigen “madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país”.
Colaboración en marco legal
Díaz puso a disposición de la próxima administración la Fiscalía General para trabajar de manera articulada “en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que son los principales fenómenos que causan más daño a nuestra sociedad”.
Sin embargo, enfatizó que esta lucha debe desarrollarse “estrictamente dentro del marco del Estado de Derecho, la democracia y la paz social que históricamente han distinguido a la República de Costa Rica”, detalló en la carta que se conoció la tarde de este jueves.
“Puede usted contar con la colaboración de este Ministerio Público, siempre sobre la base del respeto mutuo y de la independencia funcional que legalmente lo rige”, subrayó el fiscal general.
Garantía de objetividad
En la carta, el funcionario garantizó que la función del Ministerio Público se ejerce “con absoluta objetividad, en estricto apego al mandato legal y al juramento constitucional rendido ante Costa Rica, sin instrumentalización alguna del ejercicio de nuestra función”.
El fiscal general señaló que lo une a Fernández “el amor por Costa Rica, el compromiso con el bienestar de la sociedad y la responsabilidad compartida de enfrentar con firmeza, objetividad y determinación la corrupción, el narcotráfico y las distintas manifestaciones del crimen organizado”.
Resultados en seguridad
Díaz destacó que la acción coordinada entre la Fiscalía y los distintos cuerpos policiales “ya da muestra de avances relevantes”, en los homicidios, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que durante esta administración ha alcanzado cifras históricas.
“Durante el último año se logró contener la escalada de homicidios y, en el presente, se evidencia ya reducciones significativas en este indicador, lo cual reafirma la necesidad de fortalecer la inversión en seguridad”, indicó.
El fiscal general llamó a reforzar las fuerzas del orden, el aparato judicial y las instituciones de control y fiscalización como parte de “esta lucha frontal contra la criminalidad”.
Finalmente, reiteró la disposición del Ministerio Público de contribuir “a la construcción de un país más justo, seguro y unido, en beneficio de Costa Rica”.
La carta trasciende en medio de constantes tensiones entre el actual presidente, Rodrigo Chaves, y el Poder Judicial, particularmente con Díaz, a quien el mandatario ha criticado en reiteradas ocasiones, la polémica más reciente se relaciona con declaraciones del mandatario quien aseveró este miércoles que el fiscal general busca perpetuarse en el Ministerio Público.
Además, apenas el lunes 26 de enero, la Corte Plena le insistió al Ministerio de Hacienda para que gire el dinero necesario para crear 176 nuevas plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 en el Ministerio Público.
Los magistrados también pidieron una nueva reunión a Hacienda, para que libere los ¢8.688 millones que la Asamblea Legislativa había aprobado en el Presupuesto Nacional 2026, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo.
Esa fue la segunda comunicación formal del Poder Judicial al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, sobre el tema presupuestario.
El 13 de enero, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, afirmó que “la decisión adoptada (de no girar los recursos) genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones”.
El ministro Lücke argumentó, en un oficio del 19 de enero, que esos recursos no se ejecutaron porque se originaron en rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública. El jerarca afirmó que el uso de esa subpartida “se encuentra constitucional y legalmente delimitado”.
