El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, acusó este lunes al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por un presunto delito de concusión en torno a la polémica contratación de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En este caso, surgió un testigo de la corona: el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien ganó ese contrato del BCIE, mediante su empresa RMC La Productora S. A., también conocida como Nocaut.
La Fiscalía negoció un criterio de oportunidad con Bulgarelli, a quien se liberó de ser acusado por estos hechos a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido. En su caso, se abrió un testimonio de piezas y se suspende la acción penal en su contra.
Él admitió que, por solicitud de Rodrigo Chaves, depositó $32.000 del contrato en favor del otrora asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, para que enganchara una casa. Dijo que lo hizo a cambio de ganar el contrato.
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Por los mismos hechos, Díaz también solicitó llevar a juicio al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien ejercía como jefe de despacho de Chaves en el momento de la contratación.
A ambos les atribuye un presunto delito de concusión, el cual es sancionado con hasta ocho años de cárcel.
Esa falta es penada en el artículo 355 del Código Penal, que castiga con prisión al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
La tesis de la Fiscalía General es que ese contrato fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli ganara el concurso de contratación con el BCIE, y que parte de esos fondos públicos se utilizaran para beneficiar a “Choreco”, a quien se le sigue un proceso judicial aparte por los mismos hechos en la Fiscalía de Probidad, pues él no goza de la inmunidad de los supremos poderes.
Como prueba para sustentar esos hechos, el Ministerio Público también utilizó Los audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones efectuadas en la Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas, en exclusiva, por La Nación en diciembre del 2023.
Carlo Díaz presentó la acusación y la solicitud de apertura a juicio, la mañana de este lunes, ante los magistrados de la Corte Plena, pues requiere que esa gestión se traslade a la Asamblea Legislativa, para que los diputados evalúen levantar la inmunidad de Chaves y Rodríguez.
Investigación previa de ‘La Nación’
Este caso se tramita bajo el expediente N.° 25-000019-0033-PE y se abrió luego de que la exministra Patricia Navarro relató a La Nación que Bulgarelli fue quien elaboró los términos de referencia del contrato con el BCIE, con ayuda de Choreco. Este último negó haber participado, pero posteriormente Bulgarelli insistió en que sí revisó el documento.
El contratista además admitió que obtuvo esa contratación a sabiendas de que él había redactado los términos de referencia y, por consiguiente, cumplía con todos los requerimientos. Así lo reconoció en una entrevista exclusiva con este diario.
Después, en diciembre del 2023, La Nación también divulgó Los audios de la Presidencia, en los que se escuchan conversaciones de trabajo sostenidas por el presidente Chaves, ministros y asesores de imagen en la Casa Presidencial.
En esas grabaciones se revela, entre otras cosas, que la contratación de $405.800 a la firma de Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut) se fraguó, mediante una “consultoría estratégica” de comunicación, pocos días después de que Chaves asumió la Presidencia, el 8 de mayo del 2022.
Tanto Chaves como el hoy ministro Jorge Rodríguez le hablaron a Bulgarelli del dinero y del contrato con el BCIE. Eso ocurrió meses antes de que el banco efectuara el concurso público que, finalmente, el empresario ganó.
En una de las grabaciones, además, se escucha a Rodrigo Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
Además, las grabaciones muestran cuando el mandatario preguntó si su entonces asesor de imagen, “Choreco”, sería parte de ese contrato de Bulgarelli.
La exministra de Comunicación comenzó a grabar reuniones desde el 10 de mayo del 2022, dos días después de la toma de posesión de Chaves, porque quería “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”.
El Ministerio Público confirmó lo publicado por este diario en el 2023. Las pesquisas concluyeron que “previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato”.
El caso contra Bulgarelli
En el caso de Christian Bulgarelli, la Fiscalía General aplicó un criterio de oportunidad, según el inciso b, del artículo 22 del Código Procesal Penal, “por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados”.
Además, precisó que contra Bulgarelli se sigue la causa N.° 25-000043-0033-PE, “en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra”.
Secuestro de audios
Los audios de la Presidencia fueron vitales para la acusación del Ministerio Público. El pasado 30 de enero, cuatro agentes de la Sección Especializada contra la Delincuencia Organizada, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), secuestraron las grabaciones en la casa de Navarro, días después de que ella rindió declaración, como testigo, ante Carlo Díaz y otros fiscales.
En el acta de secuestro, se especificó que se llevaron “un dispositivo de almacenamiento masivo, color blanco, marca Kingston, de 128 GB de capacidad, con la leyenda en rojo ‘PNMFG’”.
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Investigación a lo interno del BCIE
La contratación de Bulgarelli también fue investigada a lo interno del BCIE. El jueves 22 de febrero del 2024, el banco regional dio a conocer el resultado de una pesquisa preliminar en la que concluyó que existe la posibilidad de que Bulgarelli hubiese “incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión” en la obtención de este contrato.
Inmediatamente, el empresario fustigó al banco por no investigar al mandatario Rodrigo Chaves y otros funcionarios que, según su decir, gestaron el polémico contrato. En aquel momento, afirmó que estaba analizando llevar el caso a la Fiscalía General.
Intentos por ocultar expediente
La Presidencia y el BCIE intentaron ocultar, por todos los medios, el expediente de contratación de Bulgarelli. Negaron la documentación a este diario, al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, e incluso pidieron a la Sala Constitucional rechazar un recurso de amparo que Robles presentó para hacer pública esa información.
Un día después de la publicación de Los audios de la Presidencia, el 5 de diciembre del 2023, el presidente Chaves dijo que, en un acto de transparencia sin precedentes, solicitó hacer público el expediente de contratación. Sin embargo, solo difundió el contrato, sus anexos, el cartel con los requisitos de la contratación y la oferta presentada por Bulgarelli.
El mandatario no compartió documentación complementaria como los intercambios de correos, los criterios técnicos previos a la contratación de Bulgarelli, las transferencias bancarias, otras ofertas recibidas y los oficios con los nombres de los funcionarios del banco responsables de esta contratación. Esa información era vital para conocer la transparencia del proceso, quiénes intervinieron y cómo se distribuyó el dinero.
Diez días después, el 15 de diciembre del 2023, La Nación reveló que la Casa Presidencial no informó de que había ampliado esta contratación de servicios de comunicación en marzo de este año, en $105.800, para que pasara de $300.000 a $405.800.
Los datos sobre el incremento del 35% no aparecían en la información que Zapote hizo pública. Al igual que la Presidencia, el BCIE también calló esa información.