En el 2025 Costa Rica registró un homicidio cada 10 horas; el equivalente a 873 homicidios en 12 meses, convirtiéndose en el tercer año consecutivo con cifras extraordinarias.
El país escaló de 654 crímenes de este tipo en el 2022, a 905 al año siguiente, el más mortífero de la historia, luego bajó a 876 en 2024. En cuatro años, la tasa de homicidios aumentó de 12,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 16,7 por cada 100.000.
El fracaso del plan Costa Rica Segura Plus es evidente. El gobierno había propuesto bajar esa tasa a 9,5 al 2030, pero ese número se ve cada vez más lejano.
Ante este panorama, surge la pregunta: ¿es posible reducir la violencia en 2026? Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reconoce que el desafío es complejo y requiere mucho más que acciones policiales.
La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es el principal parámetro para medir cuán violenta es una sociedad.
“El tema de homicidios no necesariamente es solo del OIJ, tiene que ver con muchos aspectos que nosotros no controlamos, como el tema social”, explicó Soto al ser consultado por La Nación.
El jerarca policial señaló que la institución mantendrá su línea de trabajo enfocada en combatir el crimen organizado y el narcotráfico, responsables de siete de cada 10 asesinatos en el país; pero advirtió de que para lograr una reducción significativa se necesita una estrategia integral.
“Como lo han hecho otras sociedades, tiene que ver con más recursos, coordinación interinstitucional y un asunto social”, detalló.
Al preguntársele sobre si es factible reducir la tasa en uno o dos puntos durante este año, Soto fue cauteloso, pero no descartó la posibilidad. “Si se dan las condiciones de mucho más recursos no solo para OIJ, sino para la Fuerza Pública, más equipo, más tecnología, hay muchísimas más posibilidades de incidir”, aseguró.
El director interino enfatizó en que el OIJ, como policía represiva, trabaja posdelito y no ejecuta prevención, pero, “si se mantienen las mismas circunstancias, podríamos tener números muy similares al 2024 y 2025; para poder lograr bajar un punto o dos puntos no es tan sencillo”, advirtió.
En la presentación anual que hace el OIJ cada enero, se detallaron las zonas más violentas del país, entre las que destacan los distritos de Pavas, Hatillo y San Felipe de Alajuelita en San José, así como el distrito Central de Limón.
“Ahorita estamos con investigaciones de estructuras criminales que tienen que ver con estos cantones, distritos y provincias con más problemática”, indicó Soto, quien agregó que el abordaje debería incluir presencia preventiva de Fuerza Pública en esos lugares.
“Si yo tuviera la posibilidad, posicionaría bastante recurso policial de prevención en estos distritos, así logramos contener y desacelerar, para que las investigaciones que estamos desarrollando se puedan materializar”, manifestó.
Represión y prevención
El criminólogo Erick Villalba coincide en que sí es posible reducir la violencia en Costa Rica, pero señala que debe atacarse desde dos frentes simultáneos: represión y prevención.
“El primero es la represión, todas esas estrategias que se utilizan una vez que se comete el delito”, explicó Villalba.
El experto insistió en la necesidad de fortalecer al OIJ con más recursos para tener más agentes de investigación y mejorar las capacidades científicas en análisis y peritajes. También destacó la importancia de contar con jueces y fiscales “más valientes, más comprometidos y más capaces de ir hasta las últimas consecuencias de una manera técnica y profesional”.
Villalba señaló que el sistema penitenciario requiere atención urgente para evitar la “fuga temprana de criminales que acechan a nuestro país posterior o inclusive al estar cumpliendo su condena”.
Desde la perspectiva preventiva, el criminólogo subrayó que el Ministerio de Seguridad Pública debe fortalecerse.
“Los oficiales de fuerza pública son los encargados de la prevención, la presencia constante de estos funcionarios en los barrios, en las comunidades, ya se ha demostrado que minimiza un poco la cantidad de comisión de delitos”, afirmó.
Para el especialista, las soluciones van más allá del ámbito policial y pone en primer lugar la educación, el deporte, la cultura y las opciones de empleo, como factores para reducir a largo plazo la criminalidad, “son estrategias que en muchos de los países del mundo han funcionado”, manifestó.
Según Villalba, el sistema debe dar oportunidades a personas de escasos recursos para que desarrollen su vida sin que al crimen organizado le dé tiempo de reclutarlos y, para lograr estos objetivos, se necesitan “dinero y mucha voluntad a nivel político, máxime en el marco de las próximas elecciones que son definitivas y contundentes a la hora de establecer las próximas estrategias”.
El criminólogo se mostró optimista sobre el futuro si se implementan las medidas correctas. “Eventualmente, podríamos bajar en un punto la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes para el 2026, otro punto en el 2027 y, sucesivamente, podríamos llegar a tener inclusive siete u ocho puntos logrando poco a poco recuperar la tranquilidad y la paz de Costa Rica”, concluyó.
