Los magistrados también pidieron una nueva reunión a Hacienda, para que libere los ¢8.688 millones que la Asamblea Legislativa había aprobado en el Presupuesto Nacional 2026, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo.
La fiscala subrogante, Karen Valverde, expuso ante la Corte que la solicitud de plazas extras no es “antojadiza”, sino que es necesaria por el incremento de causas que han ingresado al Ministerio Público. Detalló que las plazas no son solo para combatir el crimen organizado, sino también para proteger a población vulnerable, como víctimas de violencia de género y delitos sexuales.
El magistrado de Sala Constitucional, Fernando Cruz, criticó a los sectores que señalan al Poder Judicial por lentitud en sus procesos, sin reconocer sus problemas presupuestarios.
“Si (el Poder Judicial) no funciona, vean este ejemplo, es clarísimo, se requieren recursos, y no se quieren dar esos recursos ya con todo cumplido. Esto es urgente, pero claro, la fórmula desde hace 20 años es que hay que limitar recursos, hay que congelar plazas”, dijo Cruz.
Esta es la segunda comunicación formal del Poder Judicial al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, sobre este asunto.
El 13 de enero, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, afirmó que “la decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones”.
El ministro Lücke argumentó, en un oficio del 19 de enero, que esos recursos no se ejecutaron porque se originaron en rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública. El jerarca afirmó que el uso de esa subpartida “se encuentra constitucional y legalmente delimitado”.
