EscucharEl proceso de elección del Defensor de los Habitantes, el próximo 21 de febrero, se ha caracterizado por el elevado número de candidatos y por la intromisión de los políticos. Estos factores han encubierto lo esencial: el papel que la Defensoría de los Habitantes debe desempeñar en el país y las reformas que esta entidad requiere para perfeccionar sus cometidos y su funcionamiento.
Los 35 candidatos al cargo de defensor de los habitantes se han sometido a la criba de una comisión legislativa. De sus intervenciones o propuestas, así como de la rica experiencia cosechada en estos cuatro años, cuyo mejor testimonio son los densos y pormenorizados informes de la Defensoría de los Habitantes ante la Asamblea Legislativa, se pueden entresacar conceptos esclarecedores para el inevitable proceso de revisión de esta importante y novedosa institución. Dichos informes describen la magnitud de la labor de la Defensoría, eco y expresión de las demandas de los ciudadanos y vitrina de la anacrónica e ineficiente estructura del Estado. Más de 40.000 ciudadanos o grupos tocaron las puertas de la Defensoría a plantear sus inquietudes en sus primeros años y 19.916 lo hicieron en 1996. Estas cifras nos revelan que esta entidad ha calado hondo en el país, que es necesaria y que, por lo tanto, un acto determinante como la elección del nuevo defensor debe realizarse con seriedad. Esta es una elección, no una subasta política.
Compete a la Defensoría, según aparece en las consideraciones finales del informe legislativo del 95-96, proteger los derechos e intereses de los habitantes de la República, mediante la tutela de la gestión pública para que esta se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales de derecho, así como promover y divulgar los derechos de los habitantes. Tiene a su cargo, con este fin, diversas direcciones orientadas a proteger valores básicos de la sociedad: calidad de vida, protección especial de los grupos más desvalidos, asuntos económicos y administrativos, defensoría de la mujer, defensa del desarrollo humano y otras. Tan nobles y urgentes fines exigen, de parte de la Asamblea Legislativa, la elección del Defensor y de su adjunto con responsabilidad. El espectáculo que en estos días están dando es bochornoso.
La Defensoría es esencialmente, según una hermosa fórmula, una magistratura de influencia. Esto quiere decir que en el buen desempeño, eficacia y proyección de la Defensoría es fundamental la autoridad moral del elegido, es decir, su integridad, sus credenciales académicas, su carácter, su equilibrio, su desvinculación de camarillas ideológicas, su amplitud de miras. Desde este punto de vista, los partidos políticos y sus dirigentes han procedido con ligereza. Están aumentando el desencanto hacia la clase política.
