La criminalidad se extiende a lugares que antes eran considerados seguros y tranquilos por excelencia
Agentes del OIJ se encargaron de levantar los cuerpos y recolectar indicios a orillas del río Tiribí, en Bajo Los Anonos. Foto: Rafael Pacheco
Rafael Ángel Guillén Elizondo
La inseguridad ciudadana, si bien en la práctica es un asunto de todos, a agrupaciones y población en general no les preocupa, incluso altas autoridades propagan la tesis de que quien no anda en malos pasos no debe temer a ser víctima de los criminales porque se están matando entre ellos.
El constituyente asignó la responsabilidad al presidente de la República y al ministro del ramo mantener el orden y la tranquilidad de la nación. Con este fundamento, la Contraloría, en un informe remitido el 20 de diciembre del 2022, ordenó al gobierno la elaboración de una política de seguridad ciudadana.
El control de los factores de riesgo para la seguridad de las personas y sus bienes, el respeto a la legalidad, el debido proceso y la aplicación de la justicia restaurativa pronta, cumplida y sin denegación, y mecanismos de defensa y promoción de los derechos constituyen los pilares de la seguridad ciudadana.
Las estrategias que se tracen de manera conjunta con las autoridades deben incluir la coordinación institucional y el compromiso de las fuerzas vivas, tales como sindicatos, asociaciones solidaristas, juntas de desarrollo comunal, cámaras empresariales, municipalidades, concejos de distrito, colegios profesionales y la ciudadanía para atender el problema y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana.
Cabe destacar que lo anterior no se constriñe a la contención ni a la represión del delito. Se debe, más bien, tener en cuenta la multicausalidad de la criminalidad, a saber, impunidad, pobreza, desempleo, falta de educación, imposibilidad de adquirir vivienda digna, familias disfuncionales, omisión de los líderes religiosos, especialmente la Iglesia católica, que no utiliza sus tribunas para hacer un llamado a sus feligreses al cambio conductual y, con ello, propiciar la paz social.
Los sitios de alto riesgo se identificaban antes como tierras de nadie, controladas por bandas y mafias criminales, se citaba a Limón, la zona sur, costas del Pacífico central y el centro de San José; sin embargo, hoy se extiende a lugares que fueron seguros y tranquilos por excelencia. Ahí ocurren asesinatos frecuentemente, incluso en algunos pueblos se utiliza el cobro de un peaje para poder ingresar a la vivienda.
Este fenómeno lo conocí en Caracas, Venezuela, en la década de los setenta. Los habitantes de los cerros pagaban para que los malandros los dejaran pasar, pero también cobraban a los dueños de negocios para protegerlos del hampa.
Vivimos inmersos en una inseguridad nunca registrada en nuestra historia. La población tiene miedo, los padres de familia pasan dificultades al trasladarse y para mandar a sus hijos a los centros educativos, que sufren ansiedad al ser entrenados para cumplir protocolos de alto riesgo y recibir lecciones de resguardo en lugares seguros para evitar ser víctimas del hampa.
Vivimos presos en nuestras propias residencias y pagamos sumas, en la medida económica de cada uno, para proteger la vida y propiedades. Los criminales pululan sin control y algunos son tristemente catapultados al no poder ser detenidos por las fuerzas del orden.
El crimen y la violencia condicionan nuestras decisiones diarias: dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde invertimos y qué hacemos o dejamos de hacer un fin de semana, es decir, afectan nuestra calidad de vida y bienestar.
De no invertir en seguridad preventiva, es difícil pensar en desarrollo sostenible, pues no es posible alcanzarlo sin seguridad y con temor. Algunos centros de estudios han suspendido lecciones por noticias de riesgo criminal, y esto nos deja muy mal para la inversión y creación de fuentes de empleo.
De no atacar las causas, quedaremos indefensos. De ahí que en el contenido de la política de seguridad ciudadana se disponga con liderazgo la participación activa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, los Ministerios de Vivienda y Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros, para fortalecer y eliminar las falencias socioculturales y económicas de la población.
Por la imposición de políticas equivocadas en este campo se dejó de ayudar a grupos vulnerables, de ahí la criminalidad. Si no hay unión en las políticas públicas, nos veremos en un gravísimo peligro de perder la paz social, la vida y nuestros bienes.
El autor es abogado y fue director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La criminalidad se extiende a lugares que antes eran seguros y tranquilos por excelencia. En la imagen, un homicidio durante un partido de fútbol en Santo Domingo de Heredia.
