Costa Rica ha venido sustentando posiciones muy claras en el único organismo político con vocación continental del que somos miembros plenos: la OEA.
Se ha subrayado la importancia de fortalecer el Sistema Interamericano mediante la coordinación y evitando duplicidades, en el marco de un compromiso indeclinable con el uso eficiente de los recursos, conforme con la filosofía originaria de la presente administración.
La OEA está retada como foro político de las Américas por excelencia. Esto está claro. Su carácter permanente y vocación regional, si bien se sobrepone a los mecanismos subregionales, no le asegura un liderazgo per se.
Alivianarle la carga a la OEA, centrándola en sus mandatos originales, es parte de nuestro mensaje. También lo es afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia, así como mantener el principio de la no intervención, la prevención de los conflictos y la búsqueda de soluciones pacíficas. Esto, en la certidumbre de que son nuestros principales retos como organización.
Pareciera fácil, pero no es así cuando se toman en cuenta las polaridades ideológicas, los intereses en juego y las heridas históricas que aún no se cierran.
Renovación. Lo cierto es que hemos renovado el compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), por demás, obligado como país sede de la Corte Interamericana y, aún antes, como Nación amante del Estado de derecho y la democracia, sin que ello implique la firma de un cheque en blanco para una dependencia de la OEA, ente con serios problemas de mora, procedimientos algo blandos y un crónico desfinanciamiento que, sin hacerlo claudicar, lo debilita en la profundidad de arraigo y alcance de sus vertientes esenciales: promoción y protección de los derechos humanos.
Ni qué decir del reto histórico aún pendiente de la universalización del SIDH, lo cual es evidente si se repara en que solo 7 de los 35 Estados americanos hemos ratificado la totalidad de los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
Hemos apoyado a la Relatoría para la Libertad de Expresión y respaldado la creación de la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la Comisión Interamericana viene impulsando.
Elevamos el perfil de nuestro país como buen conciliador en la búsqueda de los grandes acuerdos continentales, en aspectos tan álgidos como ambiente, seguridad, derechos humanos, democracia y equidad.
Hemos introducido tesis originales que han marcado en adelante ciertas discusiones, adelantándonos en visión y atreviéndonos en acción. De tal manera que Costa Rica no solo sigue las buenas iniciativas que se presenten, sino que las propone, promueve y lidera, como debe ser tratándose de un país con tanta autoridad moral para articular, desde su democracia casi bicentenaria, así como desde su conformación cultural, como país altamente educado y profundamente civilista.
Muestra de ello es nuestra posición sobre la crisis que aqueja al pueblo venezolano, fijada en el marco del Consejo Permanente de la OEA, donde Costa Rica sostuvo un discurso que el propio canciller, Manuel González, tildó de “valiente y prudente”.
Igual consideración mereció desde otras delegaciones y numerosos actores internacionales que fijáramos en la OEA tan firme posición que, entre otras cosas, solicitó con vehemencia tres puntos medulares:
Primero, la liberación de los sujetos políticos que enfrenten imputaciones en virtud de hechos típicamente políticos para que desplieguen su defensa en libertad y que se les asegure el debido proceso conforme a los parámetros internacionales, particularmente, los fijados por el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Segundo, la celebración, sin posposiciones y con plenas garantías según estándares internacionales y siempre con respeto a la legislación venezolana, de las elecciones previstas para este año.
Tercero, la conveniencia de que el Estado venezolano acepte una misión de observación electoral especializada de la OEA, que brinde confianza a todos los participantes activos y pasivos en el proceso electoral y, no menos importante, a la comunidad internacional que también será llamada, oportunamente, a reconocer a las nuevas autoridades elegidas en estos comicios.
Lo anterior se planteó en marzo, mucho antes de la Cumbre de las Américas en Panamá. Más de un mes y medio antes, fuimos el segundo país que se atrevió a referir al menos al primero de esos puntos. Seguimos esperando que otros nos acompañen en dicho planteamiento, hecho de frente, con la comunidad internacional de testigo y el derecho internacional como faro.
(*) El autor es embajador y representante permanente de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos