En el país hermano, protestas espontáneas se han mantenido por meses y, aunque ya registran cientos de muertos, la ciudadanía exige cambios. El detonante fue un acto de abuso del poder gubernamental: la emisión de un decreto que reformaba el sistema de seguro social, incrementando los aportes a la mayoría de un empobrecido país que observa, con frustración, cómo los recursos públicos se desvían para satisfacer los caprichos de una pequeña élite.
Poco afectos a mantener la memoria histórica, los costarricenses solemos ignorar, deliberadamente, que el surgimiento de nuestra Segunda República también fue producto de la acumulación de tensión por los desparpajos y fraudes que se venían sucediendo y que tuvieron, como disparador, la anulación de las elecciones de febrero de 1948 por parte del Congreso.
Esa Segunda República marcó el advenimiento de un nuevo modelo de desarrollo que, en lo económico, propugnó por una mejor distribución de la riqueza (propiciando la nacionalización bancaria, la distribución de la tierra, la construcción de instituciones claves para el bienestar común como las universidades públicas y el seguro social) y, en lo institucional, abogó por un fortalecimiento del organismo electoral para que los actos amañados, de la calaña de los que se soportaron, no se dieran más.
Ocaso de la II República. Sin embargo, en el 2018, asistimos al ocaso de esa República: la obscena desigualdad social se agudiza. La corrupción recorre, rauda, nuestra institucionalidad, debido a que quienes llegaron al poder para servir terminaron sirviéndose de él. La violencia social crece. El deterioro en los servicios públicos se percibe a golpe de ojo.
Uno de los diques de contención y cimiento de la República, el Poder Judicial, sufre los embates de un oleaje fortísimo que, paradójicamente, se origina en su interior: desde su misma cúpula, cimiente implantada, ante nuestra inercia y descuido, desde el exterior, para servir de conexión a aquellos mismos poderosos.
Esos golpes se manifiestan de diversas maneras, a cual más de nocivas: el uso de recursos públicos para beneficio propio (incrementos de alta gerencia, ruptura del tope de cesantía, pago de dobles prestaciones, choferes, vehículos, viajes y celulares a la magistratura, y pésimo manejo del fondo de pensiones, etc.); el desprestigio internacional, producto de sucesivas condenas de tribunales de derechos humanos, dado que el criterio jurídico se ha dejado de lado para avalar la ocurrencia que mejor disfrace aquellos intereses; y la desmejora en la calidad del servicio de justicia, tanto por la incapacidad de reacción adecuada ante la mercantilización y la deficitaria formación jurídica, como por la mora judicial y la poca visión en la gestión.
Sanción de papel y opacidad. La más reciente decisión de la magistratura, de dar una sanción de papel a sus pares —ante actos que, cuando han sido acusados como cometidos por otros, son tratados con otro baremo— es un eslabón más en esa cadena y nos afecta a todos por igual.
¡Nadie impugnó las reglas de opacidad, surgidas en el siglo pasado, pese a que las modernas democracias exigen transparencia! Sorprende que, pese a la magnitud de las circunstancias, tampoco algunas de las personas implicadas (de cuya decencia he sido testigo) no haya dado un paso al lado para renunciar y retirarse con dignidad, marcando diferencias: es el costo que debe asumirse, por un error, en un puesto de jerarquía.
Magistrados: este país ha perdido el respeto por el Poder Judicial. Costa Rica tiene vergüenza de su magistratura. ¡Por favor renuncien! Ustedes se van a sus casas con una pensión… nosotros nos quedamos recogiendo los pedazos.
Ciudadanía vigilante: no tengo duda de que el hilo que une el tejido nacional está por romperse. A eso apuntan todos los indicadores. No obstante, mientras ello ocurre o, mejor aún, para que eso no suceda, quisiera apelar a la reserva moral de los costarricenses, dentro y fuera del Poder Judicial, para que sumen sus esfuerzos por cambiar lo que sucede.
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¡Involucrémonos en el sistema de nombramientos de la magistratura y en las reformas legales necesarias para modificar la institucionalidad judicial!
Y, finalmente, un mensaje para los jueces probos, extendidos por todo el territorio nacional, y para los estudiantes de Derecho, cuyos ideales siempre son faro y guía: si no es nuestra voz ¿la de quién será?
¡Triste el día que callen quienes deban ser voz de quienes no la tienen! El Poder Judicial no es su magistratura… marquemos la diferencia.
La autora es jueza.
