Hay crisis en el proceso de tramitación y aprobación de los registros sanitarios. El Ministerio de Salud ha pretendido aplacarla con “parches”, que a todas luces han fracasado. Y como este es un problema que aún no se manifiesta a la comunidad, entonces no le están poniendo la debida atención. Cuando explote, será otro el cantar.
Esta crisis representa un elevado costo en tiempo y oportunidad para los usuarios obligados del sistema, pero también es una bomba de tiempo cuyo cronómetro se acelera más y le explotará a las autoridades y a la población en general.
En este momento, la acumulación de trámites abarca desde el 2010 y presenta retrasos hasta de 12 meses (solo para recibir la primera evaluación del proceso). El daño económico que se les causa a los diferentes sectores, la inseguridad jurídica para los diversos actores de la industria y la evidente barrera no arancelaria que la situación representa, son solo efectos colaterales que, además, tienen impacto sanitario sobre el derecho de la población y de las instituciones de salud de acceder a todos los productos de interés sanitario en el momento y en el lugar en que lo requieran.
Las autoridades de salud han pretendido bajarle el tono a esta crisis aduciendo que “no hay desabastecimiento”. Además, han querido desacreditar a quienes estamos dando la lucha, endilgándonos a nosotros el problema, pero sin ser claros en decir dónde estamos fallando. Lo cierto es que este sistema mal estructurado y dirigido terminará por colapsar y los ciudadanos serán quienes paguen por la ineficiencia de la rectoría.
Este no es un problema nuevo, se remonta al 2008 cuando se implementó el Plan de Desarrollo Organizacional en el Ministerio de Salud el cual, entre sus pilares, creó la Dirección de Atención al Cliente y la de Regulación de la Salud.
Sin embargo, meses después, el propio Ministerio contrató una consultoría externa para diagnosticar los problemas que estaban generando la falta de productividad en sus áreas y el deterioro de los tiempos de respuesta. Una nueva consultoría está por brindar nuevas recomendaciones.
Para el caso específico de los registros sanitarios, se pretendía disminuir una ‘presa’ de más de 12 meses de retraso en la revisión, evaluación y emisión de estos, que involucraban más de 5.000 productos de interés sanitario (alimentos, cosméticos, equipo y material biomédico (EMB), medicamentos, productos naturales y productos higiénicos), sus respectivas renovaciones y cambios postregistro.
Sin embargo, esto no se ha logrado y los “parches” colocados al proceso (declaración jurada y ahora la “Solicitud de Registro de Medicamentos”) tampoco han surtido efecto y más bien se han convertido en elementos debilitadores del proceso.
La realidad a esta fecha es que el problema no tiene ni visos de resolverse.
Los tiempos de trámite de estos registros continúan deteriorándose; los procesos son cada vez menos sustentables, más complejos y menos comprensibles no solo para los clientes, sino también para los mismos funcionarios internos.