Durante los últimos años ha sido ampliamente discutida la autonomía de ciertas instituciones que desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad: el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y las municipalidades.
El reciente voto de la Sala Constitucional sobre la ley de empleo público puso punto final al debate, al delimitar con claridad hasta donde llega la autonomía. Puede concluirse que es una decisión salomónica, pues avala el artículo 35, que incluye todas las instituciones del sector público dentro del régimen salarial propuesto; sin embargo, indica que la rectoría debe ser mantenida en cada entidad mencionada, no bajo el Ministerio de Planificación.
Para quienes defienden el principio de autonomía, el voto puede considerarse una victoria. No obstante, igualmente lo es para los defensores de establecer límites claros a la autonomía y al gasto público, pues las entidades deberán ajustarse al salario global y la normativa que restringe las convenciones colectivas.
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Luego de tanta discusión y manifestaciones en uno y otro sentido, se vuelve transcendental lo que harán los dirigentes de dichas entidades de aquí en adelante con la autonomía que acaban de confirmarles.
No es algo nuevo para estas personas, pero el momento histórico es trascendental. Les corresponde definir el salario global de sus funcionarios para cada una de las categorías de puesto.
Medida de largo alcance. Esta autonomía, más que un derecho, es una responsabilidad. No se trata de defender beneficios y privilegios del pasado, sino de establecer una remuneración justa y acorde con la realidad del país (tanto del sector público como del privado), que asegure la sostenibilidad financiera de la entidad que dirigen y el cumplimiento del objetivo social asignado a cada una de ellas.
Esos dirigentes tienen, además, la responsabilidad moral de definir sus propios salarios y de los futuros funcionarios que ocupen sus puestos.
Hoy más que nunca los responsables de tomar estas decisiones deben dar un paso al frente. No son aceptables las excusas que lamentablemente hemos escuchado con demasiada frecuencia, que achacan responsabilidades a administraciones anteriores o no asumen responsabilidad del todo.
La autonomía debe tener responsables, por el contrario se convierte en el mayor peligro para los recursos del Estado y el pacto social que representa. El país no soporta más la compra de grúas pórticas o plantas de asfalto que no llegan a utilizarse, y luego no aparecen responsables.
Los que salieron a las calles a defender la autonomía deben demostrar ahora que no salieron a defender privilegios injustos. A los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, al presidente ejecutivo de la CCSS y a su Junta Directiva, a los rectores de las universidades públicas y a los alcaldes y regidores municipales, los costarricenses les exigimos que salgan a hacer públicas las acciones que van a tomar para ejercer esa autonomía, al definir las familias de salarios y límites salariales en sus respectivas instituciones y municipalidades.
No se trata ya solo de la credibilidad de estas entidades, sino que de esto depende la credibilidad de la misma Constitución y la democracia. Los costarricenses (presentes y futuros) no vamos a juzgar sus palabras en defensa de la autonomía; los vamos a juzgar por los actos que resulten de la responsabilidad que han asumido, comenzando por una clarísima y transparente rendición de cuentas, algo tan básico que hasta ha sido difícil en ese ámbito autonómico.