“El respeto al derecho ajeno es la paz” Benito Juárez
Giannina Segnini, jefa de investigación de este medio, publicó el 6 de diciembre un artículo en el que destaca la labor investigativa de uno de sus colegas. Creó así una oportunidad propicia para plantear algunas reflexiones sobre el papel de la prensa y sus investigaciones en el fortalecimiento de nuestra democracia. La hipótesis que quiero sostener es que no basta con las buenas intenciones de las personas: es necesario un marco institucional apropiado para que los esfuerzos individuales conduzcan a los mejores resultados desde el punto de vista social.
Soy el primero en defender que quienes hemos ocupado en algún momento cargos públicos, estamos obligados a rendir cuentas de nuestras actuaciones ante la ciudadanía y las instituciones creadas para ese fin. También creo que en un régimen democrático la prensa juega un papel crítico como intermediario entre los ciudadanos y los servidores públicos, y en ese carácter debe contar con amplias posibilidades para investigar los temas que considere relevantes. La sección de investigación de La Nación tiene a su cargo esta compleja tarea de intermediación.
Esa responsabilidad, sin embargo, debe ser acotada. De lo contrario, la sociedad entregaría a quienes controlen los medios de comunicación –periodistas o dueños–, un instrumento de poder ilimitado para construir y destruir personas, organizaciones e instituciones. Así, igual que en los casos de otros poderes, la prensa debe estar sujeta a un sistema de pesos y contrapesos, de limitaciones que garanticen que los derechos fundamentales de las personas se respeten cuando la prensa ejerce su función. Un ejemplo clásico de este debate es la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que impide la creación de leyes que limiten la libertad de prensa (entre otras cosas), a la vez que explicita las excepciones a este privilegio.
¿Cuáles deben ser las restricciones? Las restricciones deben ser los derechos de las demás personas. Es una conclusión derivada de la lógica: si los medios pueden violarlos, los derechos no existen. Por ello el conjunto de instituciones debe garantizar que se respeten los derechos fundamentales.
Hay varios mecanismos que en principio podrían emplearse para regular los medios, con efectos muy diferentes:
El primero es la ley. La Asamblea Legislativa puede emitir legislación que, luego de la firma del Poder Ejecutivo, se hará cumplir por parte del Poder Judicial. Es un camino viable en principio, aunque es muy difícil lograr una ley efectiva y sensata. En todo caso es insuficiente pues la prensa puede causar a las personas daños de difícil recuperación.
El segundo es la censura previa. Algunos piensan en mecanismos de censura previa para prevenir los efectos más dañinos. Otros, públicos y privados, han ejecutado ese método en el pasado. Pero la censura es un instrumento muy peligroso para las personas y la democracia. Establecerla podría ser más dañino que el problema que se trata de resolver con ella.
El tercer mecanismo es la autorregulación. Recordemos una clara violación de derechos humanos reconocidos en todo el mundo que tuvo lugar hace pocos meses en Gran Bretaña. Uno de los periódicos del magnate de los medios Robert Murdoch espió con medios electrónicos y pagó por información de personajes políticos y empresariales. A raíz de este caso, la revista The Economist planteó una alternativa que merece analizarse: que los medios se autorregulen a través de códigos de conducta y organizaciones independientes, que prevengan y sancionen cuando corresponda la violación de derechos fundamentales de las personas. Entre esos derechos habría que destacar el respeto al principio de inocencia, el debido proceso y el derecho a la privacidad. Y agregaría la proporcionalidad y la libertad de expresión, que los medios tienen que garantizar en igualdad de condiciones para quienes sean objeto de sus publicaciones.
Con el marco institucional apropiado, contar con personas con voluntad de hierro fortalecerá nuestra democracia. En su ausencia, el fenómeno se asemeja más bien al del “burro amarrado frente a tigre suelto”, con el problema adicional de que el sistema no es transparente, y nadie conoce quién controla al tigre.