Luis Emilio Cuenca Botey. 20 abril, 2018

Esta semana, concluimos una etapa del proceso de investigación y saneamiento del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). La divulgación parcial de hallazgos de la auditoría forense y de la junta interventora generó una serie de notas periodísticas cuyo elemento central se destacó en que en el Infocoop se detectaron “¢45.000 millones de pérdidas”. Sin embargo, es importante entender lo que ese monto significa en términos de daño a la sociedad costarricense y a las cooperativas.

Dicha cifra no se refiere a una pérdida contable, sino a la cantidad de dinero que fue manejado de forma irregular o no fue recibido por causa de manejos irregulares de la tasa de equilibrio y de los créditos subsidiados.

No se trata de un monto definitivo porque hay más hallazgos en camino que pueden representar miles de millones adicionales.

Sería muy oportuno que los medios de comunicación investiguen sobre la magnitud del caso Infocoop desde la perspectiva social

Este cálculo proviene de una mezcla de los resultados de las investigaciones hechas por la junta interventora y de los resultados de la auditoría forense. La cuantificación de los ingresos no recibidos por la manipulación de la tasa de equilibrio y del abuso de tasas subsidiadas fue hecha con investigaciones propias y a partir de un cálculo simple que no tomó en cuenta la pérdida del valor de ese dinero en el tiempo ni los eventuales ingresos que habría generado ese dinero. Es decir, con un cálculo económico más preciso el monto sería mayor.

La cuantificación parcial de la cantidad de recursos de crédito, viajes y otros rubros se refiere a la suma de los recursos con manejos irregulares detectados en la auditoría forense. Cabe mencionar que hay resultad|os que no fueron cuantificados y que se refieren, por ejemplo, a contingencias y eventuales riesgos legales. Si se materializaran estos últimos, podrían tener un costo para el instituto de cientos de millones.

Cifra conservadora. Los ¢45.000 millones son una estimación muy conservadora del impacto económico de las actuaciones irregulares que se dieron en el Infocoop desde el 2007 hasta la intervención. Además, sería muy oportuno que los medios de comunicación investiguen sobre la magnitud del caso Infocoop desde la perspectiva social. Se trata de información mucho más reveladora de lo que ha significado la corrupción sistémica detectada en el instituto.

¿Qué significan ¢45.000 millones manejados de manera irregular en el fomento cooperativo? Los relatos, denuncias y hallazgos que hemos conocido en estos últimos meses sugieren una cantidad dolorosa de engaños, injusticias, abusos de poder, burla de la institucionalidad, acoso, miseria, clientelismo y manipulación política.

Todo esto lo han sufrido miles de hombres y mujeres, en su gran mayoría humildes y honrados, que creyeron en el cooperativismo como herramienta para solucionar sus problemas.

Personas que vieron en el tejido cooperativo el camino para salir adelante y construir progreso social en sus comunidades. El daño es incalculable. Los testimonios que hemos escuchado y documentado así lo demuestran.

Desde la firma de pagarés por personas analfabetas (firmas cuyas consecuencias no eran explicadas) hasta cooperativas obligadas a proveer la carne para las enormes fiestas de la dirigencia cuestionada, engaños en asambleas y un gran etcétera que no podemos detallar para no debilitar el proceso judicial.

Puedo afirmar que hemos hecho todo lo posible para que estos ¢45.000 millones de dolor, engaño y desesperanza, no queden impunes.

El daño a más de 1 millón de cooperativistas honrados y trabajadores ha sido muy grande. Confiamos en que estos resultados harán reflexionar a quienes nos han atacado, ya sea desde la prensa, la Asamblea Legislativa o desde el propio sector cooperativo.

Considero que es hora de unir al cooperativismo y generar las condiciones para que se modifique la ley, y así podamos cerrar todos los portillos que han hecho tanto daño a uno de los movimientos sociales más valiosos para la democracia costarricense.

El autor es viceministro de Trabajo, subcoordinador de la Junta Interventora del Infocoop.