La crítica situación con respecto al futuro de la revisión técnica vehicular exige que las autoridades tomen acciones inmediatas antes de causar un grave daño al país.
La Contraloría, el Cosevi, el MOPT, el Minae, el Ministerio de Salud, el Registro Público, el OIJ y el INS, entre otras entidades, deben comunicar con claridad las consecuencias de la interrupción, aunque sean temporales, de la revisión.
En una acción basada más en criterios populistas que técnicos, en la reforma de la ley de tránsito se estableció en su oportunidad un régimen de “autorizaciones” que es inviable, puesto que implicaría la desaparición real de la actividad y la convertiría en un simple negocio más, en un costo para los propietarios de vehículos sin ninguna incidencia positiva en el país y en un riesgo potencial.
Por otra parte, desaparecería el sistema solidario mediante el cual incluso las estaciones poco rentables en las zonas rurales ofrecen los mismos estándares de servicio y calidad que las de la Gran Área Metropolitana, y el control y supervisión del Cosevi se tornaría imposible y abriría las puertas a la corrupción.
El Registro Nacional tendría que modificar el sistema utilizado durante varios lustros para el suministro de información de los vehículos nuevos y usados importados, y para los cambios de características de la flota vehicular, pues los datos que recibiría no serían confiables.
El OIJ ya no contaría con la revisión técnica para combatir el robo de vehículos, por el contrario, estaría poniendo en riesgo sus acciones; eso, sin mencionar la incidencia en la salud a causa del aumento casi inmediato de la contaminación del aire, lo que echaría por tierra los esfuerzos hacia la carbononeutralidad. Un solo mes sin revisión tendrá consecuencias negativas para todos.
La entrada en operación de Riteve fue una revolución, pues fue posible regular el estado de los vehículos usados importados; propiciar la actualización, renovación y modernización de los talleres de reparación; dinamizar la compra de vehículos nuevos; y crear en las personas una cultura de mantenimiento vehicular.
Pero, además, se convirtió en una fuente de empleos directos e indirectos. No solamente hablo del personal de la empresa (unas 500 personas), sino también de proveedores de bienes y servicios a la concesionaria (seguridad, limpieza y venta de insumos) y de miles de trabajos en el sector automotor (talleres de reparación, importadores y venta de vehículos y repuestos, etc.).
No renovar el contrato a Riteve dará como resultado un cese inmediato de miles de personas, con las consecuencias sociales y económicas que conlleva.
Yo lo viví hace diez años, cuando estuve al frente de la empresa. A quienes dependen de Riteve, se han especializado y han adquirido una impresionante experiencia (muchos de ellos durante 20 años), la suspensión los condenaría al desempleo.
En un proceso ordenado y racional de Riteve a dos o tres empresas, a las cuales se les adjudique la actividad, esa experiencia sería ampliamente valorada y beneficiaría a los empleados, a las compañías y al país.
Obligar a miles de personas y sus familias (si se consideran los empleos directos e indirectos) a pasar los próximos meses en la incertidumbre de si van a tener un trabajo después del 15 de julio es inhumano y atenta contra la prestación del servicio; hay que tomar una decisión ya.
Si funcionarios e instituciones han fallado en sus obligaciones, debe procederse administrativamente y sancionarlos, por supuesto; sin embargo, la cancelación del contrato a la empresa Riteve no es un castigo para el MOPT, el Cosevi o sus funcionarios, sino un enorme y muy costoso perjuicio para el país, que debe evitarse a toda costa.
El autor es exgerente de Riteve.