El Poder Ejecutivo oficializó, por tercera vez, a inicios de setiembre, una serie de medidas con miras a reactivar la economía, pero dejó fuera la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, convenio abandonado desde la administración anterior.
La Alianza del Pacífico no es solamente una plataforma de intercambio comercial, como algunos han entendido, sino un mecanismo de integración regional para el crecimiento, el desarrollo y la competitividad, todo lo cual se conseguiría mediante el libre movimiento de bienes, servicios, personas y capital.
En el 2016, agrupaba 221 millones de habitantes, es decir, un 35 % de la población de América Latina y el Caribe. Actualmente, representa el 37 % del PIB, concentra un 52 % del comercio total y atrae el 45 % de la inversión extranjera directa de la región.
Estancamiento. En febrero del 2014, en la octava cumbre de la Alianza, la entonces presidenta Laura Chinchilla firmó la declaración con la que Costa Rica se adhirió a la hoja de ruta establecida en el acuerdo marco del mecanismo, con la esperanza de que en un año, aproximadamente, Costa Rica fuera un miembro pleno de la organización.
Cinco años después, lamentablemente, mantenemos la categoría de Estado observador candidato. Durante su gobierno, Luis Guillermo Solís se negó a avanzar en integrarse con la excusa de que faltaba información, y la administración Alvarado Quesada tampoco ha dado señales de interés por integrarse al bloque. Pese a la voluntad de discusión de sectores productivos, persisten visiones contradictorias dentro del gabinete y distan de resolverse.
Lo anterior demuestra el enfoque cortoplacista y la falta de capacidad para ir más allá de la gestión ordinaria del Poder Ejecutivo, que nos cierra las puertas a una formidable oportunidad de ampliar nuestros horizontes de intercambio con países vecinos en un momento crítico como el actual.
Grandes beneficios. Según el estudio Posibles resultados del ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico: simulación de la desgravación arancelaria, elaborado por el Comex y la Cepal, la incorporación tendría un efecto positivo sobre las exportaciones costarricenses. Estas se incrementarían en $37,7 millones en, por lo menos, 13 sectores de la economía. A escala global, se prevé un incremento de las exportaciones nacionales al mundo por el orden de los $82,5 millones.
El estudio también detalla otras bondades muy significativas: un impacto positivo en el empleo de un 0,4 % en 15 sectores de la economía porque el 20 % de los productos estudiados cuentan con una fortaleza competitiva por el gran nivel de la exportación en relación con los países de la Alianza, muchos más que los que se denominaron sensibles. Además, las posibles contracciones en productos sensibles no parecen suficientemente grandes como para pensar en un colapso de alguno de los sectores no beneficiados.
Conforme se acerca la recta final de la incorporación de Costa Rica a la OCDE, se vuelve oportuno que Costa Rica retome la meta, de manera decidida, de incorporarse como miembro pleno a la Alianza del Pacífico antes del 2022. Así, daría un salto cualitativo en materia de tratados comerciales.
El Poder Ejecutivo debe transformar los retos de la Alianza en oportunidades para la innovación en sectores tradicionales de nuestra economía. Asimismo, al presidente Alvarado le corresponde llamar al diálogo a distintos actores involucrados, empezando por su propio gabinete, para negociar y conciliar posiciones que nos lleven a definir la hoja de ruta necesaria para que Costa Rica aproveche al máximo las oportunidades que brinda este instrumento.
La autora es diputada.