Miguel Valle Guzmán. 28 octubre

El artículo 22 de la Constitución Política otorga a los costarricenses el derecho irrestricto a trasladarse por las vías públicas hacia cualquier punto del territorio nacional.

En consecuencia, el Estado se encuentra en la ineludible obligación de garantizar ese derecho; sin embargo, vemos con estupor que, aduciendo disconformidad con decisiones adoptadas por las autoridades o que estas pretenden adoptar en el ejercicio de sus facultades, un grupo autodenominado Rescate Nacional, liderado por un exdiputado, que por su condición de tal debiera conocer cuáles son los límites de la protesta ciudadana, cerró vías públicas, produciendo un caos generalizado que aún persiste y continúa causando cuantiosos perjuicios.

El exdiputado y el resto de los agitadores hambrientos de protagonismo que lo acompañan atropellan el derecho de sus conciudadanos al libre tránsito.

Lo que procede es que el gobierno, para garantizar el derecho de los demás, proceda sin dilaciones y tome medidas legales contra los revoltosos.

Con suma complacencia leí en este mismo diario los comentarios de dos ciudadanos justamente preocupados por el rumbo que ha tomado el problema.

El politólogo Gilberto Campos Cruz, a quien no tengo el gusto de conocer, y el exministro de Seguridad Juan José Echeverría Brealey contribuyeron a consolidar una acertada visión del hecho y confirmaron la ilegalidad e improcedencia del movimiento.

Hasta cierto punto es entendible, aunque no justificable, que en los momentos actuales las limitaciones de todo tipo, impuestas debido a la pandemia, exasperen los ánimos y produzcan un clima proclive a contraproducentes reacciones, pero estas no contribuyen en nada a resolver la situación, más bien crean un clima generalizado de malestar y anarquía.

El autor es abogado.