Roberto Castillo Vásquez. 25 abril

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) presentó en el 2016 el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas para, en un plazo de seis años, regularizar la situación en los territorios indígenas.

Consiste en levantamientos topográficos y recomendaciones técnico-legales sobre los censos de indígenas y no indígenas en posesión de terrenos, la identificación de terrenos inscritos, así como las posesiones ilegales y a derecho, o de “buena fe”. Después se determina si se debe expropiar o desalojar.

Según la primera etapa del plan, en dos años, contados a partir de abril del 2016, se preveía solucionar los conflictos por tenencia de tierras en territorios prioritarios: Salitre, Cabagra, Keköldi, Osa, Zapatón, Altos de San Antonio, China Kichá, San Francisco de Térraba y donde residen los malekus.

La priorización, ciertamente es justificada, dado que en estos últimos cuatro territorios los porcentajes de tierra en manos de los indígenas son apenas un 3 %, 3 %, 10 % y 20 % respectivamente; además, existe la urgente necesidad de terminar con la violencia en Salitre.

Terminando el 2018 y la primera etapa, los equipos del Inder apenas encontraron algunos casos de indemnización y desalojo en Cabagra y China Kichá, pero no consignaron que se hayan llevado a cabo, según su propio informe final de gestión presentado a los diputados del periodo 2014-2018.

Las restantes etapas, dos y tres, calculan una solución adicional de seis territorios en uno o dos años y ocho territorios en dos años posteriores. Un análisis crítico muestra las razones por las cuales no se han obtenido, ni se obtendrán, resultados favorables.

Falta el cómo. Para empezar, aunque se propone la recuperación total del territorio definido en un plazo máximo de seis años, no se incluyen las formas ni los mecanismos para llevarlo a cabo, crítica hecha también por la Defensoría de los Habitantes en agosto del 2017.

Agregado a lo anterior, el gobierno se niega a usar recursos públicos para la ejecución del plan y pagar las indemnizaciones. Extrañamente, encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores crear una estrategia de recaudación de fondos que “incluyera convenios de cooperación y donaciones no reembolsables de países y organizaciones interesadas en ayudar la causa de reposesión de territorios indígenas”, lo cual no solo significa que el Estado evade su responsabilidad histórica, sino también que es poco apoyado a escala internacional.

El Inder atiende los conflictos territoriales como un asunto meramente técnico-topográfico-legal, sin considerar la complejidad geográfica, histórica, socioeconómica, política y cultural de cada una de las poblaciones abordadas.

La inclusión de profesionales en estas áreas de conocimiento contribuiría al diseño y desarrollo de un plan más inclusivo, integral y acorde con la realidad de los territorios, y ampliaría las posibilidades de gestionar eficientemente la solución.

Imposición estatal. Obviando la reconocida inexistencia de los recursos necesarios para la recuperación de tierras en casos anteriores al inicio del plan, el Inder propuso distribuir lo recuperado a través de las asociaciones de desarrollo integral. Sin embargo, tales figuras son fuertemente criticadas en algunas comunidades porque se trata de un viejo modelo político impuesto por el Estado, que se percibe como una violación a sus propias formas de representación y organización, y la obligación de su uso generaría conflictos adicionales.

El plan del Inder vuelve a demostrar la irresponsabilidad e incapacidad del Estado costarricense para garantizar el más básico derecho de estos pueblos a sus territorios, lo cual constituye históricamente la principal amenaza a la seguridad, cultura y autonomía indígenas.

El autor es geógrafo.