Luis Gamboa. 14 agosto

El domingo 28 de julio el director de este diario, Armando González, en su columna “Entre líneas”, habla de la “callada tragedia” de las muertes por ingestión de metanol y cuestiona a las autoridades por no haber hallado a los culpables de los crímenes.

Concuerdo con González, pero agrego: si existiera una lucha más vigorosa contra el comercio ilícito en general es muy probable que esas muertes nunca hubieran ocurrido.

Es un negocio tan lucrativo que, según estudios de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), alcanzó en el 2017 los $166 millones, y causó una pérdida al fisco de $94 millones en el mismo periodo.

Mafias trasiegan y comercian violando las leyes y evadiendo el pago de impuestos sin meditar en el daño causado a consumidores y al Estado o, como en este caso extremo, matando a seres humanos.

El comercio ilícito no se limita al tráfico de estupefacientes, adulteración de medicinas, lavado de dinero, trata de blancas, coyotaje, venta de armas, contrabando y violación a la propiedad intelectual. Sus consecuencias van más allá.

Es un negocio tan lucrativo que, según estudios de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), alcanzó en el 2017 los $166 millones, y causó una pérdida al fisco de $94 millones en el mismo periodo.

Las muestras del flagelo las vemos en todo lado y su efecto es tremendamente dañino y destructivo porque se convierte en una competencia desleal para las empresas formales, que cumplen todas sus obligaciones sociales y fiscales.

El comercio ilícito golpea las finanzas públicas, la salud de los ciudadanos y nos hace sentir impotentes cuando lo experimentamos diariamente al descubrir el uso de software pirateado, ventas bajo los semáforos de licores y cigarrillos clandestinos, medicinas adulteradas, robos en aduanas y drogas.

A las preocupaciones de González debe agregarse que las autoridades deben dedicar más recursos a la lucha contra el comercio ilícito. Un gran logro fue la aprobación de la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Contrabando y que la Fiscalía General cambiara de criterio y decidiera perseguir tales crímenes, pero el trabajo es inmenso y toda la sociedad debería contribuir a esta labor.

Es necesario multiplicar esfuerzos para reforzar acciones y ser creativos en la generación de iniciativas que fortalezcan la lucha contra el contrabando porque atenta contra la seguridad, la salud, las finanzas públicas y la competitividad del país en general.

El autor es miembro del Comité Ejecutivo y expresidente de AmCham.