EscucharEl impacto social y económico de la covid-19 puso de relieve las fortalezas heredadas y algunas debilidades pospuestas del modelo de bienestar costarricense.
Renovar el pacto social, escudo protector de riesgos presentes y futuros, no dependerá ni de una dádiva del pasado ni de un golpe del destino, sino de nuestra capacidad de caminar conscientemente en favor de la justicia social.
Debemos aceptar que esta emergencia no nos encontró en nuestro mejor momento de cohesión e inclusión como sociedad: un 12,4 % de la fuerza laboral en desempleo, un 21 % de hogares en pobreza, un 47 % en informalidad, tasas de ocupación femenina relegadas por la falta de corresponsabilidad social —particularmente masculina— en las tareas domésticas o los cuidados son fenómenos concatenados y con otras múltiples manifestaciones de exclusión.
Son heridas de desigualdad que, en un cerrar de ojos, recibieron el ácido de esta pandemia en su raíz: cierre de empresas, pérdidas de cosechas y productos, inestabilidad familiar y amenazas de pobreza que causan un cuestionamiento a los derechos humanos y la promesa democrática de nuestro Estado social.
Por tanto, la inacabada agenda de la sostenibilidad financiera de nuestro estado de bienestar debe reposicionar varios asuntos estructurales.
La protección en mercados laborales informales; la integración de servicios sociosanitarios alrededor de sistemas integrales de cuidados que, a su vez, abran espacios de equidad para la inclusión económica de las mujeres; y la progresividad de los esquemas contributivos de protección y la eficiencia de los no contributivos constituyen retos que, si bien no son nuevos, ahora revisten especial importancia para la recuperación económica y social del país.
Rectoría sectorial. La agenda demanda, además, la institucionalización de una rectoría sectorial centrada en la gente que, lejos de una mera concentración de instituciones, vaya de la mano de estrategias disruptivas imprescindibles para alcanzar la equidad, tales como el modelo de atención integral de Puente al Desarrollo, la autogestión del bono proteger, la precisión del Sistema Único de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), la profundizada articulación de programas sociales e intervenciones sanitarias, la simplificación vigorosa de trámites y la digitalización orientadora de políticas públicas eficientes y basadas en evidencia.
Un balance de pragmatismo y prudencia debe conducir a ajustes institucionales y a la reorientación de recursos al modo costarricense, no como fines en sí mismos, sino como una ruta para evitar que la factura de esta crisis signifique la desatención de las poblaciones más vulnerables.
Nuestra obligación es extirpar el enquistado paradigma burocrático de nuestra institucionalidad, colocando en su lugar la movilidad y la justicia social como satisfactores máximos del funcionariado e indicadores de valor público de los programas sociales.
Mandato de universalización. En la seguridad social, la vulnerabilidad financiera que llevó a una crisis de liquidez al seguro de salud hace nueve años, y que hoy da un pronóstico reservado para el régimen de pensiones, obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al país a maximizar su mandato de universalización.
El no aseguramiento oportuno y previsional de grandes segmentos económicamente activos divide, dolorosa e injustamente, a nuestra sociedad y desmorona el futuro institucional.
Para esto, las decisiones con el propósito de reducir la informalidad y la exclusión son también un imperativo de sostenibilidad que debe estar a la altura de la merecida confianza que, en esta emergencia, todos le ofrecen hoy a la seguridad social.
Sustituir las barreras al aseguramiento por mecanismos simples de acceso y facilidad para la universalización contributiva a la seguridad social es una batalla contra la desigualdad que requiere el mismo compromiso con el cual pretendemos poner fin a esta pandemia.
Pensar en los otros. Para tener un “nosotros” como nación, al otro lado de la curva pandémica debemos pensar y actuar por “los otros” (actuales y venideros), principalmente los que corren el riesgo de quedar rezagados, y ser tan conscientes de sus necesidades como para racionalizar las demandas particulares y esquivar, en este momento de urgencia, la regresividad de la siempre oportunista cultura del privilegio.
El impacto de esta crisis precisa plena conciencia de que ni siquiera lo que se nos ha heredado podemos darlo por sentado.
La construcción de una Costa Rica más justa e inclusiva requerirá expresa determinación de alcanzar un equilibrio entre las responsabilidades gremiales, sectoriales y territoriales en favor del interés común.
Esa es la esencia y la invitación a un pacto social que, frente a nuevos riesgos y realidades, vale la pena ser renovado.
El autor es ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
