EscucharHace justo un año, en noviembre de 2018, se aprobó la reforma a los artículos 71 y 72 del Código Penal, una iniciativa presentada desde 2016 y cuyo propósito era dar a los jueces una herramienta para valorar circunstancias de vulnerabilidad que, en el caso de las mujeres, influyeran en la comisión de un delito.
En el ámbito de la criminología, se sabe que un importantísimo número de mujeres delincuentes infringen la ley por razones que se explican en las cargas y responsabilidades desiguales que la sociedad —pese a todas las reivindicaciones de las últimas décadas— ha depositado sobre sus espaldas. Eso no las hace menos culpables desde el punto de vista jurídico, pero, sin duda, hace que el nivel de reproche deba ser menor. No es lo mismo, por ejemplo, vender drogas al menudeo para atender las necesidades básicas de cuido y alimentación de unos hijos cuyos padres, por cierto, han desaparecido que hacerlo porque haya una adicción problemática al crack o para llevar una vida de lujos al margen de la ley, como los grandes capos del narcotráfico.
Circunstancias particulares. Durante estos meses de vigencia, la Defensa Pública del Poder Judicial ha revisado cerca de 150 expedientes de sentenciadas en el CAI Vilma Curling Rivera porque la ley se aplica retroactivamente. Se han presentado más de 50 procedimientos de revisión ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia para valorar la necesidad de adecuar la sanción. Hay historias dramáticas, mujeres víctimas de violencia, de abandono, que encontraron en sus propias familias a sus peores verdugos. Violaciones, abusos sexuales, agresión física inenarrable. Mujeres que han debido lidiar con un Estado abandonador, primero, y con un Estado represor, después.
Transcurridos estos 12 meses, la reforma sirve, por un lado, para probar que, a diferencia de lo que los abanderados del punitivismo suelen predecir, las normas que atenúan y racionalizan el sistema penal no disparan la criminalidad. No ha habido un aumento significativo de sumarios contra mujeres hoy respecto a hace un año atrás. Por el otro, plantea importantes desafíos sobre qué atención y qué acompañamiento debe darse a quienes llegan a una cárcel en circunstancias que, claramente, solo van acentuarse con la prisionalización.
Hacer más. La Sala III ya ha ido resolviendo los primeros asuntos, todos con lugar. Posiblemente algunos se queden el camino, pero no hay duda de que hay circunstancias tan evidentes que en el mediano plazo harán que la población penal femenina se reduzca.
¿Qué hacer entonces? Ubicados los casos, desde luego, no basta solo con no castigar o no prisionalizar. Reducir las tasas de encierro es una obligación de cualquier régimen democrático y ofrecer construcciones solo refleja una profunda ignorancia. Pero hay que hacer más, es necesario fortalecer las redes de apoyo y lograr que las instituciones públicas como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el sistema penitenciario, por supuesto, junto con la sociedad civil, se impliquen en dar seguimiento a las mujeres a las que, por ahora, no se les ha encarcelado. Porque el riesgo es que, si no se atienden las vulnerabilidades, el encarcelamiento solo se retrasará.
No es fácil cuando hay diputados que sin cortarse un pelo hablan de cerrar el Inamu por razones ideológicas y, en consecuencia, debilitaría una lucha que no acaba. Hace unos años era hasta estéticamente vergonzoso cuestionar la existencia de órganos que protegen ante la violencia, pero ahora tenemos que lidiar con esa realidad.
A propósito de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Estado no puede rehuir a su compromiso de proteger a quienes sufren por estructuras profundamente injustas que a veces llevan, incluso, a delinquir. No necesitamos más presas, necesitamos mujeres libres que encuentren en el Estado una mano que acompaña y no solo un mazo que reprime. Esa es la oportunidad que ha dado la reforma que introdujo la perspectiva de género en la sanción a mujeres en conflicto con la ley penal y hay que aprovecharla.
El autor fue ministro de Justicia y es profesor universitario.
