EscucharEn el 2005, la Unión Europea creó el Régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), el primer y más grande mercado de intercambio de derechos de emisiones de carbono. Tras un prolongado enfoque con fijación previa de unos límites máximos, el ETS funciona hoy como un mercado abierto para comerciar permisos de emisiones: el precio actual es de alrededor de 86 euros ($92) por tonelada cúbica de emisiones de dióxido de carbono.
Con vistas a reducir las emisiones globales, la UE diseñó un “mecanismo de ajuste de las emisiones en frontera” (CBAM, por sus siglas en inglés) para complementar el ETS.
En la práctica, la medida apunta a evitar que las empresas de la UE trasladen sus procesos de producción intensiva en emisiones a terceros países con políticas climáticas menos severas y recaudar impuestos por las importaciones desde países que no tienen un precio del carbono equivalente.
La implementación comenzará en octubre, punto en el cual los importadores de productos seleccionados —hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno— deben comenzar a informar datos sobre las emisiones que se usaron para su fabricación.
A partir del 2026, deberán adquirir permisos que cubran el contenido de carbono de sus productos al precio de mercado de la UE. El período de transición, durante el que se evaluará la funcionalidad y el alcance de productos del CBAM, continuará hasta el 2034.
Puesto que Estados Unidos no cuenta actualmente con su propio mecanismo de asignación de precios al carbono, el CBAM se aplicará a sus exportaciones a la UE, que totalizaron en el 2022 más de 350.000 millones de euros.
Una proporción significativa de ellas son productos para cuya fabricación se precisa un alto uso de carbono, como aviones y piezas de repuesto (cerca de un 13 % del total), combustibles minerales (un 11 %), instrumentos médicos y ópticos (un 10 %), productos farmacéuticos (un 10 %) y productos agrícolas por el uso extensivo de fertilizantes (un 4 %).
Es probable que incluso un estado exportador pequeño como Connecticut sienta el efecto: las ventas de aviones y piezas de repuesto ($2.700 millones) y la tecnología nuclear ($2.300 millones) representaron cerca de un tercio de los cerca de $17.000 millones obtenidos en el 2021 por sus exportaciones (el último año que hay datos disponibles).
Respuestas y propuestas
A principios de junio, representantes del Grupo de Presión Ciudadanos por el Clima se reunieron con más de 450 miembros del Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. y sus gabinetes para hablar sobre el CBAM. Algunos políticos no estaban enterados del impuesto. Otros, creyendo por alguna extraña razón que crearía una “contracción del suministro energético”, propusieron ampliar la producción de gas natural y energía nuclear, a pesar de que las brechas entre inversión y producción en esas alternativas de suministro se extenderían mucho más allá del 2026.
Pero la respuesta de un tercer grupo fue más preocupante. Impávidos ante la medida de la UE, estos políticos sugirieron obligarla a eximir a EE. UU. del pago de esos impuestos, so pena de imponer aranceles a sus importaciones, con independencia de su contenido de carbono.
Sería un tanto necio comenzar una guerra comercial con la UE, principalmente porque el bloque se quedaría con la última palabra. El arancel que significa el CBAM para las exportaciones estadounidenses aumentaría la ventaja comparativa de los Estados miembros de vender versiones de bienes estadounidenses fabricadas con menos consumo de carbono y estimularía el desarrollo a lo ancho y largo de la UE de tecnologías de producción con ahorro de carbono, procesos complejos en los que EE. UU. ya está a la zaga en comparación con competidores actuales y futuros, como China.
Más aún, quienes pagarían el impuesto serían los exportadores estadounidenses, no los importadores europeos, lo que elevaría los costos de producción y los precios al consumidor en los mismos Estados Unidos. Y esto, para no decir nada de la pérdida de oportunidad de dar incentivos económicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al cambiar los precios relativos de los bienes fabricados con alto consumo de carbono.
En bloque
Hay una manera mejor de responder. ¿Por qué no admitir que la UE está fijando el escenario climático global y, en la práctica, formando un “club climático” mundial? EE. UU. renunció a desempeñar un papel de liderazgo al respecto, así que por qué no seguir el ejemplo del bloque.
En los próximos tres años, las autoridades estadounidenses podrían crear un mecanismo de precios al carbono que esté en consonancia con el programa de la UE y así eximirse por las razones correctas: porque se unió al club. Se beneficiarían tanto la economía estadounidense como el planeta.
La CBAM es una temprana y promisoria aproximación a lo propuesto por el premio nobel de economía William D. Nordhaus en su artículo “Climate Club: Overcoming Free-riding in International Climate Policy” (”El club climático: cómo superar el problema de los polizones en la política climática internacional”), publicado en el 2015 en la American Economic Review.
Reconociendo la tendencia de los países —manifiesta en el difunto Protocolo de Kioto— a ir de polizones cuando los acuerdos climáticos carecen de consecuencias por incumplirlos, Nordhaus propone un club climático que, a través de pequeñas penalidades comerciales a los que no participen, “pueda inducir a una gran y prolongada coalición con altos niveles de mitigación”.
Nordhaus había imaginado que China y EE. UU. serían los primeros miembros de un club así, pero esa no es una condición necesaria. La UE tiene la reputación económica y política para producir “altos niveles de mitigación”, mientras mantiene las penalidades lo más bajas posibles.
Para las autoridades estadounidenses, unirse al enfoque de la UE hacia los precios del carbono, más que repudiarlo, es la manera más sensata de avanzar tanto en su propia economía como en la agenda climática internacional.
Gary Yohe es profesor emérito de Economía y Estudios Ambientales en la Universidad Wesleyana.
Roger Kuhns es presidente y fundador de SustainAudit, consultora sobre prácticas sostenibles.
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