La vocación por el antivalor de la sociedad actual permite explicar por qué en la escala de prioridades de los dirigentes de fútbol la vida está muy por debajo de las barras que transformaron el estadio de los niños, el estadio de la familia y el estadio de los amantes del deporte en antro de pachucos, antisociales y delincuentes que hoy sí y mañana también convierten la gradería, y extensivamente las calles, en escenario de violencia. Son padres, viudas y huérfanos, así como víctimas de lesiones de difícil curación quienes han pagado —con sangre y lágrimas— por la inercia cómplice de los dirigentes de equipos.
Cuando las barras cometen homicidios o lesiones, sobreviene la reacción de jerarcas de clubes que empeñan su “palabra” en la solución del problema. Pero pasados unos días las víctimas son olvidadas y las barras nuevamente aterrorizan a los aficionados decentes y a los vecinos de los estadios.
Es inaceptable que no puedan vestirse los colores de la divisa preferida, a riesgo de terminar hospitalizado o muerto.
Además de los dirigentes de equipos, las autoridades son cómplices por omisión, pues permiten que el partido de fútbol se constituya en invitación a la inseguridad ciudadana.
No me refiero a los valerosos policías uniformados, quienes ponen en juego su integridad física tratando de contener a los cobardes de las barras que siempre atacan en grupo. Señalo la inercia de los poderes Legislativo y Ejecutivo que no toman decisiones políticas para acabar definitivamente con la violencia en los estadios.
No caben argumentos para ignorar el fenómeno, pues la Constitución Política obliga a regular las reuniones en sitios públicos (art. 26).
Medidas. Deben afectarse las finanzas de los equipos de fútbol, o, de lo contrario, la dirigencia no reaccionará a favor de la integridad física de aficionados ni de la hacienda de los vecinos de los estadios.
Si una ley —por responsabilidad objetiva— permitiera a un juez suspender el campeonato de fútbol por dos semanas, un mes o dos meses cada vez que surja la violencia en los estadios, los dirigentes quitarían el apoyo a las barras, pues se mantendrían los gastos, pero cesarían temporalmente los ingresos de taquillas.
Es la actividad general del campeonato la causa de violencia, por lo que suspenderla es sanción razonable y proporcionada. Esto llevaría a los clubes que no tienen barra a exigir a otros clubes la disolución de los grupos antisociales.
Se echan de menos castigos como inhabilitación para asistir a los estadios —de tres a quince años p.ej.— para quienes protagonicen actos de violencia, sin perjuicio de las penas que correspondan por homicidio, lesiones, agresión con arma o daños.
Faltan reglas claras sobre responsabilidad civil para la sociedad o asociación deportiva organizadora del espectáculo de fútbol, por la lesión a vidas y haciendas dentro y fuera del estadio, cuando la actividad deportiva guarde relación de causa y efecto con los daños personales y materiales.
Debe regularse la asistencia a los estadios, no solo para contener las barras, sino para contar con protocolos de reacción en caso de terremoto u otra desgracia. Todos los espacios deben ser numerados para dispersar a los integrantes de las barras.
Límites. En lo tocante a quienes se anuncian en vallas de estadios y en uniformes de jugadores, por responsabilidad social empresarial no deberían comprar publicidad a equipos que tengan barras. Las organizaciones de comerciantes e industriales deberían autoimponerse límites, de modo que solo patrocinen a los clubes cuyos estadios sean declarados libres de violencia. Comprar publicidad a equipos que admiten barras es apoyar la inseguridad ciudadana.
Urge que autoridades, dirigentes de clubes y empresa privada hagan lo pertinente para reconvertir el estadio en una instancia de familia.
Por favor, recuperemos los valores que siempre caracterizaron a los costarricenses, regresemos nuestra vocación de paz, retomemos el camino de la legalidad y rechacemos la cultura de la violencia.
El autor es abogado.
Escuchar